La recuperación del diálogo con Junts enreda al PP ante los recelos internos

Pero más allá de que la dirección de los populares rebaje el alcance de unos contactos que tensan las costuras del partido por su frontal oposición a las intenciones de los secesionistas desde el trance crítico de 2017 y porque Carles Puigdemont sigue siendo un prófugo de la justicia, unos y otros los han retomado tras el 23-J cuando parecía que seguían siendo impensables. El PP dejó entrever tras el resultado que alejaba a Fejóo de la Moncloa que no iba a cerrar la puerta a hablar con Junts en tanto que fuerza parlamentaria y que la exclusión solo alcanzaba a Bildu. Lo hizo, en ua declaración entonces sorpresiva, Pedro Rollán, entonces vicesecretario autonómico y hoy presidente del Senado, apenas seis días después de la cita con las urnas.

Pero fue a finales de agosto Esteban González Pons, responsable de política institucional del PP y estrecho colaborador de Feijóo, quien desató la tormenta y, con ella, los primeros roces internos al asegurar que Junts era «un partido cuya tradición y legalidad no están en duda». Desde entonces se dio por hecho que era Pons el encargado de tomar la temperatura de los junteros sobre la investidura de Feijóo que se celebraría finalmente la última semana de septiembre, con la especulación, sin confirmar, de que se hubiera reunido con el secretario general de los junteros, Jordi Turull, en la casa de un empresario en Pedralbes (Barcelona). El líder del PP cimentó el discurso con el que intentó, en vano, ser elegido por el Congreso en que si él no es presidente es porque no cede, a diferencia de Sánchez, a las exigencias de los independentistas.

Fuentes de Junts cercanas a Turull admiten esas conversaciones antes de la investidura. Algunos indirectos, de tipo informal, y otros con intermediarios. E insisten en que esas conversaciones –incluso ahora con Sánchez en la presidencia y Junts aguardando a que la ley de amnistía sea efectiva para el regreso de un Puigdemont fugado desde 2017– siguen activas. Daniel Sirera, portavoz popular en el Ayuntamiento de Barcelona, corroboraba esta misma semana que se vio con dos cargos cercanos a Puigdemont –Albert Batet, jefe de filas del partido en el Parlament, y Josep Rius, concejal, diputado, portavoz y vicepresidente de Junts–. Pero la dirección del PP se ha afanado en dejar el encuentro en un «café».

PP y CiU –el origen de lo que hoy es Junts– fueron socios tras el pacto del Majestic que llevó a José María Aznar al poder en 1996, y ambos reeditaron la alianza entre 2010 y 2012. Con el 'procés', se cerraron los canales de diálogo. Mariano Rajoy impulsó, con el aval entonces de Sánchez, el 155 y la destitución de Puigdemont. Pero también existen heridas recientes: el PP apoyó al PSC y dejó a Junts sin la Alcaldía de Barcelona tras el 28-M, aunque la sensación de agravio no impide que los de Puigdemont estén negociando ahora su participació en el gobierno municipal con los socialistas.

Las aristas que provoca entre los populares el espinoso equilibrio entre mantener una línea de diálogo con Junts que no es compartida por todos y su contundencia tanto contra las concesiones de Sánchez a los independentistas como contra las propias demandas del secesionismo han quedado reflejadas en el gesto de dureza que proyecta la enmienda a la totalidad a la ley de amnistía. Un texto alternativo que no solo busca revocar de la A a la Z la norma, sino que rescata el castigo penal para la convocatoria de referendos ilegales y propugna «disolver» los partidos que promuevan procesos separatistas.

La iniciativa dificulta, sobre el papel, un posible pacto sobrevenido con los de Puigdemont para desbancar al actual presidente del Gobierno. Una opción, la de la moción de censura contra Sánchez, que Puigdemont ya ha puesto encima de la mesa como un órdago, aunque esa alternativa pasaría por que Junts sumara sus votos a una operación que incluiría a Vox. Los contactos, eso sí, corroboran que ambos partido vuelven a reconocerse como interlocutores. Y Junts ha guardado silencio sobre la controvertida propuesta del PP de endurecer el Código Penal.