La reorganización del CGPJ profundiza la crisis interna y dinamita los bloques

De nada sirvió que Lesmes consumase su amenaza de irse tras anunciarlo en el discurso de apertura del año judicial de hace un año, celebrado el 7 de septiembre (la misma fecha que este curso). Ni la solemnidad de este acto desarrollado en el Tribunal Supremo, ni la presencia del Rey o de la cúpula de la judicatura provocó la reacción de los representantes del Gobierno y del PP presentes. Nada.

Pese a los acercamientos producidos en verano, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo dieron por rotas las negociaciones poco después de irse Lesmes. Los socialistas acusaron al líder del PP de «poner una nueva excusa» para no desbloquear la renovación del CGPJ. En este caso, el conocimiento de que el Ejecutivo iba a derogar el delito de sedición en el marco del 'procés', como al final ocurrió.

Ferraz culpó a Feijóo de dinamitar el diálogo tras haber sucumbido a las «presiones de la derecha más reaccionaria». Por su parte, Génova reclamó a Sánchez aparcar su reforma y, además, recuperó su exigencia al Gobierno de presentar una modificación del sistema de elección de los vocales del Consejo, tal y como reclama Bruselas.

Desde entonces han pasado 10 meses y nada ha cambiado. Ni la grave situación que vive el Supremo ha servido de acicate para revertir la situación. El alto tribunal cuenta ya con un 30% de vacantes en su plantilla por la imposibilidad del CGPJ de realizar nombramientos por estar en funciones. La consecuencia ha sido el aumento considerable de los plazos de resolución de sentencias y que dos de las cinco salas (Contencios y Social) estén al borde del colapso.

Y es que una reforma promovida por el PSOE, que entró en vigor en marzo de 2021, limitó las funciones del Consejo mientras estuviera en interinidad. En Ferraz pensaban que con esta medida de fuerza iban a presionar a los populares para volver a negociar la renovación, pero tampoco tuvo resultado. Ahora la pelota está en el tejado del Tribunal Constitucional, de clara mayoría progresista, que tiene previsto resolver en otoño el recurso presentado por el PP y Vox contra esta modificación legal.

Lo que sí ha cambiado, o mejor dicho, se ha acelerado en estos diez meses es la degradación del gobierna a los jueces. Los últimos días del vocal Rafael Mozo, presidente por sustitución de Lesmes, antes de su jubilación forzosa en julio pasado al cumplir los 72 años, han provocado el último terremoto interno.

Su sustituto por edad, el vocal Vicente Guilarte, introdujo en el último pleno de julio un asunto que no iba en el orden del día: la reorganización de las comisiones del Consejo. Una modificación que iba en contra de un acuerdo de octubre, cuando Mozo sustituyó a Lesmes, y que afectó sobre todo a la Comisión Permanente, el núcleo duro de las decisiones ejecutivas, donde sus siete integrantes trabajan en exclusividad, perciben más salario y tienen derecho a vehículo oficial.

La nueva Permanente está encabezada por el nuevo presidente Guilarte e integrada por seis vocales de su confianza. Una composición que ha sido cuestionada por los consejeros excluidos y que ha roto definitivamente el tradicional alineamiento de los bloques (conservador-progresista) para dar paso a posicionamientos individuales.

Critican la falta de transparencia de Guilarte y han puesto el acento en su situación laboral, ya que antes de ser presidente debería haber renunciado a sus actividades privadas: daba clases en la Universidad de Valladolid y ejercía en su despacho de abogados. Como su nuevo desempeño exige incompatibilidad absoluta, los argumentos dados en el último pleno por Guilarte «han sido insuficientes», explican fuentes del CGPJ. Los críticos esperan tener toda la información en septiembre antes de tomar otras decisiones.