«Felipe VI debe desligarse de su padre para mantener la institución»

Pero el tema desde el lunes es el rey emérito. Y en muchas de las opiniones consultadas por El Diario existe un denominador común, una máxima que sonó a ambos lados del arco parlamentario, sindicatos o instituciones: «La justicia ha de ser igual para todos». Y el primero en acotar la discusión en ese sentido fue el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla. España tiene «un gran rey», Felipe VI, que debe desligarse de su padre, Juan Carlos I, «para mantener la institución». Con esas palabras zanjó ayer la decisión del exjefe del Estado de abandonar España anunciada el lunes por la tarde. Ya lo había asegurado en El Diario el día anterior: era una decisión «imprescindible e inevitable» para no desgastar más la imagen de Felipe VI y de una institución ya «contaminada». El regionalista cerró filas en torno al actual monarca, que está haciendo «un buen papel como rey» y además no arrastra «ninguna de las connotaciones o veleidades negativas» de Juan Carlos I. Este último, dijo, «deberá hacer frente a sus responsabilidades judiciales y sentarse en el banquillo para explicarnos qué ha hecho con su vida privada», por muy lejos que esté de España.

Revilla pasó después a valorar el horizonte legal al que podría enfrentarse el exjefe del Estado tras las investigaciones sobre sus negocios fuera de España. Fue claro: reclamó a la justicia que sea «ejemplar» con el rey emérito y demuestre que «es igual para todos». «Ver que aquí no se salva nadie que comete ilícitos penales, los españoles se verían muy reconfortados», señaló.

Por su parte, la presidenta del PP cántabro y líder de la oposición en Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, mostró su respeto a la decisión «y reafirmamos nuestro reconocimiento a sus cuatro décadas al frente de la Jefatura del Estado y su fundamental contribución a la Transición, la promulgación de la Constitución y la construcción de un Estado social, democrático y de derecho en España», ponderó, antes de recordar «el enorme reto» que Cantabria tiene por delante a fin de su reconstrucción, una tarea que requerirá «ahora más que nunca de lealtad y estabilidad institucional». La popular trató de zanjar así todas las dudas acerca del futuro de la Casa Real y las consecuencias de la salida del emérito: «No es momento de republicanismos de plató ni de jugar al derribo de las instituciones que nos unen, sino de apelar a la responsabilidad de todos, especialmente de la clase política, que tenemos la obligación de estar a la altura de las necesidades del país».

La defensa de la figura del monarca fue igual de rotunda desde la bancada de Ciudadanos (Cs), que en cambio sí mencionó el papel de los tribunales en el horizonte jurídico de don Juan Carlos. El portavoz de los naranjas en la comunidad autónoma, Félix Álvarez, mostró igualmente su «respeto» a la decisión del monarca y, de hecho, su agradecimiento tras hacerlo «en un momento complicado para el país, permitiendo que el actual jefe de Estado pueda desempeñar sus funciones en las mejores circunstancias». Más tarde pasó a referirse a, como definió el propio emérito en el comunicado del lunes, «ciertos acontecimientos pasados» de la vida privada. Mensaje de fe ciega hacia los jueces y recado al Gobierno de Sánchez: «Confiamos en que seguirá funcionando la justicia, que es independiente, objetiva, a pesar de los ataques que recibe de algunos miembros del Gobierno».

También hubo un poco de eso en las declaraciones del portavoz parlamentario de Vox en Cantabria, Cristóbal Palacio: «Si la izquierda de este país ataca a la Monarquía no es tanto por la figura del monarca si no más bien para atacar la unidad de España». De hecho, y en esa misma línea, el representante del partido de Santiago Abascal en la comunidad restó cierta importancia a la marcha de Juan Carlos, una noticia «que se mueve dentro del ámbito personal y que tiene muy poca repercusión política».

Desde el PSOE cántabro también deslizaron un mensaje similar a cuenta de la noticia del lunes. «Para defender que haya una democracia fuerte todas sus instituciones tienen que ser ejemplares», defendió la portavoz autonómica Noelia Cobo, antes de subrayar la importancia de la actuar desde la «ejemplaridad, la transparencia y la regeneración» y limitar la posición del partido a lo ya declarado por el presidente, Pedro Sánchez: «lo que se juzga no son instituciones sino a las personas».

De vuelta a las críticas, y las más duras, el coordinador de Podemos Cantabria, Luis del Piñal, calificó de «cobarde» la opción escogida por Don Juan Carlos de abandonar su residencia en España, «la de huir de la justicia en cuanto ha visto que la situación se le podía complicar», remarcó.

Ni en los negocios, el horizonte penal ni en valoraciones ético-morales sobre la decisión del emérito quiso entrar el presidente de la Confederación de Empresarios de Cantabria, Enrique Conde. «Sería un error por nuestra parte entrar en valoraciones de este tipo con todo lo que está pasando y el momento crucial que estamos viviendo», declaró, antes de centrar el debate, «el verdaderamente urgente», en los fondos de la Unión europea a los que puede optar la comunidad autónoma. «Estamos centrados en apoyar a los empresarios, también al gobierno regional, con proyectos que puedan ser tractores para la economía. Esa es la prioridad ahora mismo, no cortinas de humo», zanjó el Conde.

Sí que quiso posicionarse al respecto el secretario general de Comisiones Obreras (CC OO) en Cantabria, Carlos Sánchez, a quien la noticia, «lamentable y tremenda», le sirvió para recordar «una vez más que no somos todos iguales». Tuvo tiempo para hablar tanto del emérito, «que se va sin dar explicaciones y, sobre todo, de atesorar una fortuna»; pero también del rey actual, Felipe VI, quien, a juicio de Sánchez, «ha quedado en una situación muy comprometida». Sabor similar en la Unión General de Trabajadores (UGT). Su máximo responsable en la región, Mariano Carmona, no tardó en pedir explicaciones a Juan Carlos I: «Si se quiere ir que se vaya, pero que de la cara y devuelva el dinero. Al final los borbones van a ser los máximos defensores de la República».