Torra, Urkullu, Feijoo y Ayuso rechazan la «cogobernanza» y el estado de alarma

Mientras Sánchez y sus ministros reiteran que el único camino para finalizar con éxito la desescalada es mantener el estado de alarma –«no hay plan B» es la consigna a transmitir–, algunos presidentes autonómicos creen que existen otras alternativas legales. Una de ellas pasa por basar el plan en la legislación ordinaria, como defendió el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, que considera «desproporcionado» mantener el marco actual. Crítica a la que se le sumó su compañera y presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, tampoco comparte la estrategia del mando único. Durante la reunión le pidió a Sánchez que se replanteara la toma de decisiones y también exigió el fin del estado de alarma porque considera que «existen otros instrumentos para gestionar la excepcionalidad del momento». Su posición preocupa especialmente en Moncloa, ya que desde el PNV, socio preferente de la investidura, advierten de que podrían cambiar su voto el próximo miércoles para rechazar la prórroga.

El president de la Generalitat, Quim Torra, repitió otro domingo siendo el más crítico con la estrategia gubernamental. Además de proponer el rechazo parlamentario al estado de alarma, volvió a insistir en que la centralización de la gestión «ha sido un fracaso» y se sumó a la propuesta de Urkullu de usar la «fórmula alemana», país en el que cada lander es libre de implementar sus propias medidas sanitarias.

Pero el Gobierno no tiene intención, por ahora, de modificar el modelo actual de gestión y Sánchez mantiene su defensa férrea del estado de alarma como «el único instrumento que permite actuar de manera inmediata» y al que atribuye la reducción de la tasa de transmisión del coronavirus en España.

El presidente trata de ganarse la confianza de las autonomías con dos herramientas. La primera es el fondo de recuperación no reembolsable que ya anunció el pasado sábado y que estará dotado de 16.000 millones de euros. Este se dividirá en 10.000 millones que irán destinados a compensar los gastos extraordinarios en Sanidad de cada región, otros 1.000 para gastos sociales provocados por la crisis y 5.000 más para fomentar la recuperación económica que, en palabras de Sánchez, se prolongará «hasta 2023», año en el que finaliza la presente legislatura.

Su reparto, que se basará en criterios como el impacto del coronavirus en cada región, se dividirá en tres fases: la primera, dotada de 6.000 millones, estará disponible «a corto plazo», y las otras dos entregas se realizarán en la segunda parte del año.

La segunda herramienta es un mecanismo de «cogobernanza» por el que se podrán negociar, entre otras cuestiones, la división territorial de las áreas que irán avanzado en la desescalada (que serán preferentemente las provincias). Sin embargo, Sanidad fija como de «obligado cumplimiento» que estas regiones garanticen entre 1,5 y 2 plazas de UCI y entre 37 y 40 camas de enfermos agudos por cada 10.000 habitantes para cambiar de fase.