Sánchez pone en guardia al PSOE al auspiciar una reforma de la malversación 'ad hoc' para ERC

Resulta difícil encontrar en la hemeroteca alguna declaración del líder de los socialistas de Castilla y León contraria a una decisión de Sánchez o su Gobierno. Podría decirse que, como el secretario general del PSM, se encuentra en el extremo opuesto a los presidentes de Aragón o Castilla-La Mancha, Javier Lambán o Emiliano García-Page. Sin embargo, sus palabras respecto a la polémica modificación del Código Penal no pudieron ser más claras: «No me parece un buen camino, espero que no se produzca», dijo. «Cualquier cosa que se toque –añadió– tiene que ser para endurecer los delitos y el castigo a algunas conductas que desprestigian la política».

Los escrúpulos de Tudanca no se deben tanto al hecho de que se plantee una modificación legal 'ad hoc' para los independentistas que participaron en el 'procés'. Lo que más le escama es que además, de rondón, puedan verse beneficiados condenados por su implicación en tramas como la 'Gürtel', un caso protagonizado por el PP que tuvo una incidencia especial en Castilla y León, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Eso explica también las reacciones de Lobato o Ximo Puig.

El presidente valenciano, que se distingue por haber respaldado desde el principio la supresión del delito de sedición como fórmula para rebajar la tensión política en Cataluña, advirtió el pasado viernes en una entrevista de los riesgos de hacer un retoque en un delito tan relacionado con la corrupción como el de la malversación. Sobre todo, subrayó, visto lo ocurrido con la ley del 'solo sí es sí', que en contra de lo que había previsto el Ejecutivo ha dado lugar a un aluvión de revisiones de penas a la baja para condenados por agresión sexual. «Es mejor dejar la malversación tal y como está – defendió –. Aquí [por la Comunidad Valenciana] no se vería razonable que a mitad de partido cambiara la norma».

En el entorno de Puig, igual que en federaciones como la extremeña, se muestran ahora prudentes hasta ver los términos en los que este viernes planteará efectivamente Esquerra la enmienda «quirúrgica» a través de la que pretende evitar que más de una treintena de excargos de segundo nivel de la Administración catalana aun pendientes de juicio vayan a la cárcel o que su líder, Oriol Junqueras, vea sustancialmente rebajada la inhabilitación de trece años a la que fue condenado por el Tribunal Supremo. No obstante, insisten: «Desde luego, hay que constatar que no tenga consecuencias jurídicas indeseables».

Como el propio Sánchez el martes, la portavoz del PSOE y ministra de Educación, Pilar Alegría, insistió este miércoles en TVE en que «suceda lo que suceda, no habrá ningún paso atrás en la lucha contra la corrupción». Pero la cuestión es que no existe una definición jurídica de qué es exactamente la corrupción y no todos en el PSOE parecen entenderla de la misma manera. Lobato, por ejemplo, advirtió en una entrevista a Europa Press de que destinar dinero público a financiar un referéndum ilegal y tratar de segregar un trozo de España debe ser merecedor de un duro castigo. «Con el dinero público – dijo el líder de los socialistas madrileños y Técnico de Hacienda del Estado–cero bromas».

Su postura dista de la defendida desde Moncloa o del planteamiento en el que también este miércoles incidió la ministra de Defensa y juez de profesión, Margarita Robles. Robles, que ya ha había hablado hace semanas de este asunto, insistió en que «el reproche penal no puede ser el mismo para el que se enriquece para sí que otras actuaciones que en ningún caso conllevan un enriquecimiento» y adujo que así era antes de la reforma del Código Penal impulsada por el PP en 2015, cuando se distinguía de forma clara entre el enriquecimiento propio o de terceros, –«lo que todos entendemos comúnmente como corrupción», afirmó incluso– y otro tipo de conductas (es decir, la apropiación indebida y la administración desleal).

La ministra de Defensa relativizó, además, en Telecinco la importancia de una reforma tan sensible como la exigida por Esquerra con el argumento de que el Código Penal está en «constante evolución», esgrimió que «no podemos pensar que los problemas se resuelven penalizando conductas», ensalzó la política llevada a cabo por el jefe del Ejecutivo y su «apuesta por la convivencia en Cataluña» y recordó que los líderes del 'procés' (indultados) ya han pasado «varios años» en la cárcel.