Los seis hijos de Ruiz-Mateos tendrán que ingresar en prisión por estafar en la compra de dos hoteles

Precisamente serán los magistrados de Mallorca los que tengan que ejecutar este fallo en las próximas semanas -la Fiscalía tiene previsto pedir que se agilicen los plazos, pues ya pidió su encarcelamiento tras el fallo de primera instancia- y, una vez notificados los seis hermanos Ruiz-Mateos Rivero (Zoilo, José María, Francisco Javier y Álvaro, Pablo y Alfonso -estos dos últimos ya ingresaron en prisión en 2014 por un delito fiscal-), dispondrán de un breve plazo para presentarse en una prisión de su elección. Asimismo, durante el tiempo de su condena no podrán ejercer actividades mercantiles y de comercio, ni tampoco administración de sociedades mercantiles, y cada uno deberá abonar una multa de 24.000 euros.

No obstante, la suma mayor que se les impone son los 46,4 millones de euros en que deberán indemnizar, de forma solidaria, a los propietarios de los dos hoteles a quienes estafaron, pues aunque su padre (fallecido en septiembre de 2015) firmó las operaciones ellos figuraban como avalistas junto a varias empresas de su grupo, garantías que finalmente resultaron «inveraces». También deberán responder de forma subsidiaria de esa responsabilidad civil las firmas Clesa, Dhul, Carcesa y Wersdale Trade España, que formaron parte del entramado societario de Nueva Rumasa ya declarado en quiebra.

Según el fallo del alto tribunal, hecho público este miércoles, los hermanos Ruiz-Mateos se aprovecharon de la «tradición y solera empresarial» de su familia para comprar sendos hoteles en las islas Canarias y en Baleares. Para ello trataron de «aparentar una solvencia que, en realidad, no tenían». Incluso la Audiencia mallorquina llegó a afirmar en su resolución que aquella «descansaba en pies de barro».

Con los hoteles ya en su poder, los condenados y su padre los hipotecaron para obtener así créditos que les «servían para tapar agujeros». Esta 'peculiar' forma de financiarse -advierten los magistrados- «era propia o característica del grupo Nueva Rumasa» -su último 'holding' de empresas-, además de ser un método «instaurado» por el patriarca y «asumido también como suyo» por sus hijos. Estos alegaron durante el juicio, y después en sus recursos, que «la crisis económica generalizada» provocó que no cumplieran con los pagos previstos, pero los magistrados estiman que ese argumento defensivo carece de peso suficiente.

La única noticia positiva para los hermanos Ruiz-Mateos es que el Supremo ha rebajado a menos de la mitad sus penas iniciales, que oscilaban entre cinco años y once meses, y seis años medio de prisión. Basa esta decisión en que no hay fundamentos para condenarles por alzamiento de bienes, en contra de lo que hizo en un principio la Audiencia de Mallorca, ni tampoco se les puede imponer una agravante por «abusar de las relaciones personales existentes entre víctima y defraudador», o bien «aprovechando su crédito empresarial o profesional».

Al contrario, los magistrados advierten de que «esa relevancia no parece que fuera como incuestionablemente positiva», ni tampoco se ha podido probar que el grupo Nueva Rumasa «gozara de la credibilidad que se le atribuye». «Incluso -añaden en su sentencia- no faltarían indicadores de la suspicacia que en los medios del mercado podía suscitar el nombre y más, si cabe, la actividad económica de esa familia». Sin embargo, sí mantiene la agravación de la estafa cometida en función de la cuantía al haberse superado «con creces» el límite de 50.000 euros previsto en el Código Penal.

En cualquier caso, los seis hermanos Ruiz-Mateos todavía tienen pendiente el juicio por la macroestafa cometida con los pagarés emitidos por Nueva Rumasa, sucesora del antiguo emporio empresarial de la abeja creado por José Maria Ruiz-Mateos e integrada por marcas tan conocidas como Dhul, Trapa, Elgorriaga, Clesa y bodegas Garvey, entre otras. La Fiscalía pide 16 años de prisión para cada uno como presuntos autores de tres delitos -estafa agravada, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes- y también una fianza conjunta de 496 millones de euros, incluida la multa y su responsabilidad civil por el perjuicio causado a 4.100 inversores, aunque solo poco más de una cuarta parte llegaron a presentar una denuncia en vía penal.