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Sábado, 3 de diciembre 2016, 08:16
Sabe que está condenado de antemano. Lo ha dicho y se lo cree. Tal vez por que lo sea. Por eso, cuando su abogado pidió la libre absolución y solicitó la nulidad de las ruedas de reconocimiento y otra serie de pruebas... él se rió. ... El proceso contra el presunto pederasta de Ciudad Lineal, que fue detenido en Santander, encaró ayer uno de sus tramos definitivos con las declaraciones de la Fiscalía, las acusaciones y la defensa. Cada una de ellas fue fiel a sus peticiones de condena: el ministerio público reclamó 77 años de cárcel contra Antonio Ángel Ortiz por tres delitos de agresión sexual, uno de violación, cuatro de detención ilegal y uno de lesiones, la misma lectura que hizo al arrancar la vista oral el pasado 18 de octubre contra al que las fuerzas de seguridad le denominaron depredador sexual. De niñas.
La letrada de los familiares de una de las víctimas, que fue agredida el 10 de abril de 2014, solicitó 126 años al imputarle al supuesto pederasta varios delitos más, entre ellos, dos homicidios en grado de tentativa. La asociación Clara Campoamor requirió 78,5 años, mientras que el colectivo Laxshmi para la Lucha contra el Crimen y la Prevención presentó una petición de 115 años de cárcel. Sólo el defensor del acusado solicitó su libre absolución tras intentar conseguir la nulidad de las principales pruebas de cargo que existen contra él: los indicios recogidos en el piso del presunto agresor el abogado quiere que se invalide el registro ya que no estuvo presente ni el implicado ni el letrado de la Administración de Justicia y su identificación en la rueda de reconocimiento, ya que poco después de ser detenido se difundieron fotos del arresto en diversos medios.
«Riesgo vital»
Si la lectura de conclusiones fue la parte más rutinaria de la sesión de ayer, previamente comparecieron varios peritos judiciales que aportaron más elementos para el horror. Una de las forenses destacó que una de las niñas a las que atacó el presunto pederasta, de nueve años, estuvo en «riesgo vital» después de que le suministrara pastillas. Debido a la elevada cantidad ingerida y a la edad de la menor, «las consecuencias eran imprevisibles», señaló. «Podría haberla causado una alteración del sistema nervioso que hubiera puesto en peligro su vida», apostilló.
Su declaración es fundamental para una de las acusaciones particulares, que trata de probar la existencia de una tentativa de homicidio. La pequeña resultó intoxicada al haber ingerido tres comprimidos de benzodiacepinas, que le produjeron «debilidad muscular, aturdimiento y somnolencia». Llegó a vomitar dos veces en la casa y una en el hospital».
Otros dos peritos también testificaron sobre los lugares donde el presunto pederasta dejaba a sus víctimas tras los ataques. A su juicio, tales escenarios «no fueron escogidos para dar seguridad a las víctimas», sino que se trataba de «vías de acceso rápido para la huida, con el fin de preservar el anonimato o la huida del agresor». El juicio se reanudará el día 13 con la exposición de los informes finales.
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