Sumar evita desvelar si su propuesta de amnistía incluirá una cláusula para no repetir el 1-O

Mientras Carles Puigdemont, con el que Yolanda Díaz se reunió el pasado lunes en Bruselas, avisa de que Junts no renunciará a la unilateralidad y que la amnistía debe atarse antes de que las negociaciones de investidura empiecen, PSOE y Sumar encaran este escenario a velocidades distintas.

La coalición magenta lleva defendiendo todo el verano su «autonomía» operacional en esta negociación. Mientras Ferraz no enseña sus cartas, Lois afirma que Sumar «no tiene miedo a encarar este debate». La portavoz desgranó que el objetivo de los suyos es «buscar el mejor encaje que permita a muchas personas en Cataluña encontrar una solución política al conflicto e iniciar un camino de futuro». Lois recordó también que, a diferencia de los indultos, la amnistía afectaría «no solo a una élite política, sino a miles de ciudadanos que tienen causas pendientes con la justicia» por los hechos derivados del 1-O.

Eso sí, avisó de que, pese a que no existe mucho margen temporal para la tramitación de una proposición de ley, aunque no se descarta hacerlo por la vía exprés, la redacción de una ley de amnistía es «un proceso largo» donde debe primar «la pulcritud».

Con el Gobierno con sus competencias limitadas por encontrarse en funciones, todo el proceso se dilucidará en las Cortes. La proposición de ley podría tener la luz verde del Congreso en el plazo de un mes. Sin embargo, el principal escollo se encontraría en el Senado, donde el PP cuenta con mayoría absoluta. El texto, en un plazo de 20 días, sería devuelto a la Cámara baja con total probabilidad para su aprobación definitiva. Este lapso podría verse reducido, a priori, a la mitad si la Mesa del Congreso –controlada por PSOEy Sumar– acepta tramitarlo por la vía urgente. Un ejemplo de ello se produjo a finales del año pasado con la reforma del Código Penal para suprimir el delito de sedición y rebajar la malversación.

En el PP mantienen que la amnistía no tiene encaje constitucional. El presidente del Senado, Pedro Rollán, afirmó en RNE que las «exigencias» de Puigdemont son «inasumibles», ya que, en su opinión, quebrarían el «principio de igualdad entre españoles» y equipararía a España con una «república bananera».

Aunque el verdadero motivo de la comparecencia de la portavoz de la coalición magenta en la sala de rueda de prensa de la Cámara baja era la de trasladar su «satisfacción» por el escrito registrado este jueves por el Gobierno y sus aliados -sin la firma de Junts- para acelerar la reforma del Reglamento del Congreso que permita el uso de los idiomas cooficiales ya en la investidura de Alberto Núñez Feijóo, que se celebrará los próximos 26 y 27 de enero. La idea, aseguran, es que pueda aprobarse en un pleno fijado la semana anterior aunque todavía existen dudas sobre su implantación técnica en la sede del Congreso.

Una de las propuestas que baraja la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, según explican desde el grupo parlamentario de Sumar a este periódico, es que los diputados que deseen expresarse en una lengua cooficial repitan el mismo discurso, posteriormente, en español. Otra opción, aseguran estas mismas fuentes, es que se traslade a los medios su intervención traducida. En todo caso, lo único seguro es que esta implantación se llevará a cambio paulatinamente, y no de la noche a la mañana, por las dificultades que conlleva. Tampoco se descarta pedir permiso al Senado para usar sus propios medios. La Cámara alta cuenta actualmente con un equipo de 25 intérpretes a los que recurre habitualmente.