El Supremo condena al jefe de la 'policía patriótica' con el PP por manipular el 'caso Pujol'

El considerado jefe de la «policía patriótica» y muñidor de la denominada 'operación Cataluña' contra políticos independentistas tendrá que pagar, además, una multa de 7.200 euros y una indemnización de 2.000 euros más a Jordi Pujol Ferrusola, el hijo mayor de la familia.

El fallo del Supremo, con ponencia del magistrado Andrés Martínez Arrieta, considera probado que los datos reservados fueron sustraídos de forma ilícita de un dispositivo o sistema de almacenamiento informático por «autores desconocidos», en una intervención que no contó con autorización judicial y que Pino ordenó incorporar a un 'pendrive' y entregar a la unidad policial que investigaba a la familia Pujol para manipular la causa.

Para la Sala, «no es admisible calificar de 'meras irregularidades procedimentales o formales' la obtención de informaciones secretas, documentos y datos reservados que afectan al derecho fundamental a la intimidad de una persona y afirmar que su difusión y entrega a terceros, como lo es un departamento policial que investiga su conducta, es un acto propio de la actividad profesional de un funcionario policial».

En este sentido, los magistrados recuerdan que «el principio rector de actuación de la Policía debe sujetarse a la Constitución y al ordenamiento jurídico, no incorporando al proceso de investigación aquellas diligencias, informaciones y actuaciones realizadas en vulneración de derechos fundamentales».

De acuerdo con los hechos probados, «en fecha no concretada y por autores desconocidos», se produjo la ilícita sustracción de los datos de intimidad personal, familiar, económica y societaria de Pujol Ferrusola, incluidos en numerosos documentos, sin que él autorizara la revelación o cesión de sus datos.

Pino, entonces Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía bajo la etapa del ministro del PP Jorge Fernández Díaz, decidió en marzo de 2015 utilizar esa información reservada «a sabiendas» de que no procedía de una intervención con previa autorización judicial, y que había recibido del comisario jefe de la Unidad de Asuntos Internos. No está probado, añaden los hechos, que Pino participara en la fase de apoderamiento ilícito del material.

Lo que hizo, expone el Supremo, fue ordenar a personal de su secretaría que se grabara la información en un 'pendrive' y dio instrucciones para que se entregara a la Comisaría General de Policía Judicial, de la que depende la UDEF, lo que se efectuó con el acompañamiento de un oficio que decía: «A los efectos que procedan, se adjunta pendrive conteniendo 939 archivos distribuidos en 32 carpetas información confidencial sobre la familia Pujol, así como de instituciones y miembros de la Generalitat de Cataluña». Todo ello en el marco de lo que se ha llamado 'operación Cataluña' contra políticos independentistas, cuyas causas se han archivado hasta la fecha en juzgados de Madrid o Barcelona por falta de indicios.

La sentencia añade que más de un año después, en abril de 2016, la UDEF presentó un informe, que adjuntaba el 'pendrive', en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que investigaba desde hacía varios años a Pujol Ferrusola y otros miembros de su familia. Tras varias indagaciones que descubrieron la procedencia ilícita de la información, el juez excluyó la información del 'pendrive' del sumario y dedujo testimonio contra Pino para que fuese investigada su actuación por los juzgados ordinarios de Madrid.

Esta resolución del juez no es menor, ya que evitó a priori que la causa del 'caso Pujol' (será juzgado por la Audiencia Nacional a partir del 10 de noviembre próximo), fuera salpicada por esta prueba ilícita en lo que se conoce como la 'doctrina del árbol envenenado'.