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Leopoldo Puente, el instructor del Supremo del 'caso Ábalos-Koldo', pisa el acelerador. El juez comenzó 'de facto' este martes la investigación sobre el exministro de Transportes, una vez éste ha perdido ya su inmunidad como diputado, al ordenar de manera urgente a la Unidad ... Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que lleve a cabo una investigación sobre la situación económica y patrimonial de quien fue también secretario de Organización del PSOE y de su primogénito, Víctor Ábalos.
Todo ello para conocer si existió un supuesto enriquecimiento ilícito procedente de las comisiones de la trama que dirigía Víctor de Aldama, quien asegura que entregó entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones que fueron a parar al propio Ábalos, Koldo García –la mano derecha entonces del exministro– y el Partido Socialista.
En concreto, el juez, en un auto en el que retoma las diligencias una vez obtenido el suplicatorio del Congreso de los Diputados sobre Ábalos, ha pedido a los agentes de la unidad de élite del instituto armado que «a la mayor brevedad posible» elaboren un informe sobre la situación económico patrimonial del exministro y de su hijo , «conforme resulte de la consulta de fuentes abiertas, expresivo de las cuentas o depósitos bancarios de los que pudieran ser titulares, cotitulares o autorizados; de los bienes inmuebles o vehículos que se hallaren registrados a nombre de uno u otro; y de su eventual participación en entidades mercantiles como administradores, socios o partícipes».
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Leopoldo Puente, que designa a la UCO como Policía Judicial para actuar en la causa, pretende con este primer informe sentar las bases de una investigación que se presenta complicada, ya que el principal imputado ha tenido un año para ocultar pruebas si así lo hubiera considerado. La 'operación Delorme', en la que fueron detenidos entre otros Koldo García y Víctor de Aldama, estalló el 21 de febrero de 2024.
El juez cita de nuevo a Ábalos, ahora como imputado, para el 18 de febrero. El exministro ya declaró en la causa en diciembre de forma voluntaria para negar de manera tajante haber recibido cualquier tipo de gratificación por parte de De Aldama, al tiempo que también desmintió que la trama le hubiera pagado el alquiler a su amante de un ático de lujo en la Plaza de España de Madrid o un chalé vacacional con opción de compra en La Alcaidesa, en la localidad gaditana de La Línea de la Concepcion. También negó hacer aceptado que el empresario le vendiera un piso igualmente de lujo en el Paseo de la Castellana de Madrid a un precio muy inferior al del mercado como garantía de futuras coimas.
Precisamente, el juez ha encargado ahora una pericial sobre el valor real de ese inmueble para determinar si efectivamente pudo ser usado como 'regalo' a cambio de futuros favores que el ministro había prometido hacer a la red corrupta. Según explicó De Aldama, él mismo negocio los pormenores de esa supuesta operación del piso de Castellana con el primogénito de Ábalos.
Ese mismo 18 de febrero, también ha sido citado Koldo García, el exasesor del exministro, para ser sometido a una pericial caligráfica para acreditar si su letra es la que aparece en documentos sobre posibles amaños de obras públicas que Víctor de Aldama entregó al Tribunal Supremo como prueba de la implicación del entonces titular de Transporte y de su mano derecha en la trama corrupta.
Después de Ábalos y García, el juez tiene previsto dar un importante empujón a la causa. Primero, con la citación como testigos de 17 personas entre los días 25 de febrero y 5 de marzo; entre ellos los exaltos cargos de Transportes Jesús Manuel Gómez García, Javier Herrero e Isabel Pardo de Vera; el director de Gabinete de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno Medina, al que De Aldama acusa de haber cobrado mordidas; Joseba García Izaguirre, el hermano de Koldo García; Víctor Ábalos, el hijo del exministro; la empresaria Carmen Pano y su hija, que aseguran haber llevado dinero negro a la sede socialista de Ferraz; Jéssica Rodríguez García, la inquilina del piso de lujo cuando era la novia del exministro; y varios empresarios.
Sobre la antigua pareja de Ábalos, el juez reclama además varias diligencias: conocer quién la contrató en Ineco y Tragsatec, dos empresas dependientes de Transportes, y la relación de los viajes oficiales, «tanto dentro de España como hacia el extranjero», en los que, entre los meses de noviembre de 2018 y diciembre de 2022, acompañó al entonces titular de Transportes, «así como la identidad de la persona o el número de cuenta desde la que se abonaron los gastos generados como consecuencia de la presencia de aquélla en el viaje». Según reveló la UCO, Jéssica Rodríguez viajó en comitivas oficiales a Rusia, Emiratos y Canadá. Ábalos siempre ha sostenido que él pagaba de su bolsillo esos billetes y que era Koldo García el que los abonaba en su nombre.
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