El Supremo pide citar como investigado al senador del PP José Luis Sanz

Un juzgado de Sevilla inició una investigación sobre la supuesta contratación del concejal de Participación Ciudadana, Sanidad y Consumo de Tomares, Juan Campos, que recibió una serie de retribuciones del Consistorio cuando no formaba parte de la Corporación por la elaboración de informes que en ocasiones no superaban más de una línea de extensión. La causa por esos supuestos informes fue archivada, al no hallarse irregularidades, pero se abrió una pieza separada para investigar el papel de la sociedad Guerra 21, a través de la cual Campos facturaba sus servicios, al estimarse que existían indicios de una posible contratación irregular.

Así, en esta nueva pieza el juez indagó en la supuesta creación de «un entramado empresarial desde 2007 hasta 2014» para que las empresas vinculadas a Guerra 21 fueran «las únicas adjudicatarias» de determinados contratos de servicios del Ayuntamiento, «contando para ello con la colaboración de personas pertenecientes al Consistorio, a sabiendas todos ellos de que en dichas adjudicaciones de contratos se iba a prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o a desvirtuarlo en algún caso, fingiendo una concurrencia puramente virtual», detallaba el magistrado.

En su escrito dado a conocer ahora, el Supremo devuelve al juzgado la exposición razonada remitida el 13 de noviembre de 2017 sobre la participación de José Luis Sanz en la supuesta contratación irregular de servicios del ayuntamiento. Pide que se continúe con la práctica de diligencias y que se perfilen de forma «exhaustiva» los posibles delitos que se le atribuyen a fin de justificar que desde el TS se investigue al cargo aforado. Y destaca la importancia de que "cuando se imputen actuaciones criminales a una persona aforada se individualice de forma precisa la acción concreta que respecto de ese aforado pudiera ser constitutiva de delito, expresando los indicios incriminatorios que pudieran servir de apoyo a tal imputación".

«No basta con la constatación puramente nominal de que un determinado hecho delictivo haya sido atribuido a un aforado», reprocha el Supremo, sino que «resulta indispensable que el juez instructor que pretende declinar su propia competencia, exponga las razones que determinarían la incoación por el Tribunal Supremo del procedimiento especial» contemplado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En esa línea, afirma que la exposición razonada ha de ser lo suficientemente exhaustiva como para delimitar -con toda la provisionalidad que es propia de un momento procesal como el presente- el alcance objetivo y subjetivo de los hechos.     

La decisión del alto tribunal de que se cite y fundamente la posible imputación de Sanz llega en plena pelea interna del PP de Sevilla por la designación del candidato a la alcaldía de Sevilla, a la que se postula el propio Sanz. Aunque el nombre no se conocerá hasta abril, la candidatura al ayuntamiento hispalense ha agrandado una brecha ya existente y que se evidenció en el cónclave provincial, con impugnaciones de resultados y una presidencia decidida finalmente en el comité de garantías. Por un lado está el bloque de la anterior dirección, apoyada por el ministro de Interior Juan Ignacio Zoido, quien junto a María Dolores de Cospedal llegó a señalar a Sanz como su delfín para liderar el partido en Andalucía. Y por el otro, la actual dirección, que cuenta con el beneplácito de Javier Arenas y que apuesta por el gran favorito, el actual portavoz municipal Beltrán Pérez, quien acompañó hace unas semanas al líder del PP Mariano Rajoy en Sevilla pero no logró arrancarle su respaldo.