Torra pide a la Junta Electoral que no ejecute su inhabilitación porque recurrirá al Supremo

El líder de Junts Per Cat ya dijo ayer en una declaración institucional que sigue ejerciendo como presidente de la Generalitat y hoy ha insistido en ello. Según argumenta en su escrito, solo el Parlament lo puede destituir. Y añade que lo que ha hecho la Junta Electoral Central supone una «vulneración» de sus derechos fundamentales.

La inhabilitacion de Torra llegó ayer por la tarde después de que se pronunciaran los magistrados y catedráticos de la Junta Electoral Central, que así lo decidieron por un ajustadísimo resultado de 7 a 6. Fue una votación que ha provocado un terremoto de inciertas consecuencias en el tablero político catalán y que ha caído como un jarro de agua fría en La Moncloa ya que esta decisión redobla la presión del mundo independentista sobre Esquerra Republicana. ERC ha convocado para hoy a su ejecutiva para analizar cómo puede afectar en el devenir de una agónica investidura de Pedro Sánchez en la que la abstención del partido de Oriol Junqueras es vital para el futuro gobierno PSOE-Podemos. Como era de esperar, Torra no ha reconocido la decisión y ha impulsado la convocatoria de un pleno extraordinario en el Parlament (hoy, a las 17 horas) para que la Cámara catalana le reafirme en el cargo.

El organismo electoral, un ente administrativo dependiente de las Cortes españolas, tomó la decisión de apartar a Torra de su condición de diputado en la Cámara catalana, lo que implica su cese como president. En principio, su inhabilitación no es inmediata. Debería hacerse efectiva el miércoles cuando las partes implicadas reciban la resolución definitiva con los votos particulares. Pero está por ver, porque Torra recurrirá la resolución.

El organismo estima de esta forma el recurso presentado por el PP, Ciudadanos y Vox, que pedían la inhabilitación inmediata del presidente catalán tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que le condenó el pasado 19 de diciembre a una pena de año y medio de inhabilitación por haber cometido un delito de desobediencia cuando se negó a descolgar las pancartas a favor de los presos y con el lazo amarillo de los edificios públicos. Torra se ha convertido en el primer jefe del Ejecutivo catalán condenado en el ejercicio de su cargo. Artur Mas también fue condenado por desobediencia, por el impulsar la consulta del 9-N, pero fue sentenciado años después de abandonar la presidencia. Carles Puigdemont, por su parte, está procesado, pero no ha sido aún juzgado.

Torra se convierte, ahora, en el primer presidente autonómico apartado de sus cargo en virtud de la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) de 2011, que estableció en su artículo 6.2 que son «inelegibles» los condenados por delitos de «rebelión, terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado» cuando se establezca la pena de inhabilitación, aunque la sentencia no sea firme.

Tras conocerse la decisión, el presidente de la Generalitat convocó de urgencia al Govern y respondió con la máxima contundencia. Eso sí, antes que como jefe del Ejecutivo, actuó como activista. Bajó a la plaza Sant Jaume, donde se manifestaban varios miles de personas. Estaba llena pero no desbordada y Torra entregó a los dirigentes de la ANC la pancarta por la que fue condenado. Poco después, algunos de los miembros de la Asamblea Nacial Catalana irrumpieron en el balcón de la fachada del Palau de la Generalitat y colgaron la pancarta. Mientras el presidente de la Generalitat pronunciaba su discurso, esos mismos activistas subieron hasta la azotea del Palau y arriaron la bandera española. Lo que no autorizó Carles Puigdemont el 27 de octubre de 2017 tras la declaración unilateral de independencia, ocurrió ayer. Por primera vez en 40 años, la enseña española dejó de ondear en el Palau. Fue durante unos 20 minutos y la acción fue reivindicada por la ANC.

En su discurso institucional, acompañado por los miembros de su Ejecutivo, Torra advirtió de que seguirá ejerciendo como presidente hasta que el Parlament lo destituya. Habló en términos de «golpe de Estado contra las instituciones catalanas». «Mientras el Parlament no diga lo contrario, continuaré siendo diputado y presidente, y ejerciendo las funciones de mi cargo. Soy diputado y presidente», afirmó en su alocución. El jefe del Ejecutivo catalán anunció dos medidas contra la decisión de la Junta Electoral.

Por un lado, dijo que presentará todos los recursos que hagan falta. «Llegaremos hasta el final», dijo. Y por otro lado, se puso en contacto con el presidente del Parlament, Roger Torrent, para convocar para hoy mismo un pleno para rechazar la orden de inhabilitación. «Solo me puede inhabilitar el Parlament», advirtió. El pleno se celebrará a las cinco de la tarde. Horas después del inicio del debate de investidura en el Congreso de los Diputados, que si días atrás tenía la incógnita de saber cuántos apoyos tenía Pedro Sánchez, esas dudas son ahora mayores toda vez que ERC ha convocado a su ejecutiva a las 10.30 horas. La abstención de ERC no debería peligrar, pero la presión ejercida desde el mundo independentista, al grito de traidores, es enorme. La duda es saber si podrán o querrán soportarla.