El Tribunal de Cuentas emitió su último informe fiscalizador de partidos en 2017

El Tribunal de Cuentas lleva desde 2017 sin emitir un informe fiscalizador sobre la contabilidad de los partidos políticos en España. Es decir, cinco años sin conocer el estado en el que se encuentran las cuentas de los distintas formaciones que conforman el arco parlamentario. Algo que achacan a los comicios que tuvieron lugar en 2019 y que obliga, según fuentes del propio órgano, a priorizar en su agenda las contabilidades electorales en lugar de las ordinarias.

No obstante, la fiscalización de los ejercicios 2018-2019 se encuentra en una fase muy avanzada y el objetivo que se marcan en el tribunal radica en dar comienzo cuanto antes a la de 2020, el último curso dónde se han rendido cuentas. Para lo cual se ha reforzado su plantilla y también se estudia reducir la extensión de los informes.

En el último, el de 2017, diez de hasta las casi 30 formaciones políticas fiscalizadas no reflejaron de forma adecuada su situación financiera y patrimonial. Al no ser el Tribunal de Cuentas un órgano anticorrupción, la consecuencia de esta mala praxis se limita a expedientes sancionadores para los que la ley establece umbrales mínimos por las infracciones muy graves, graves y leves, que ascienden a 50.000, 25.000 y 5.000 euros. Algo que, por otra parte, lleva siendo motivo de queja desde hace algún tiempo en el propio órgano, que denuncia la falta de proporcionalidad entre el importe de la infracción cometida y la sanción finalmente impuesta.

El Tribunal también recomienda a los partidos la conveniencia de equilibrar la balanza entre la financiación pública y privada para evitar una excesiva dependencia de los ingresos públicos, que varían en función de los resultados electorales y eso puede derivar en situaciones de insolvencia. E instan a que también hagan un esfuerzo por mejorar la trazabilidad de las aportaciones económicas que reciben.

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