Así vendieron los pisos del incendio de Valencia, una promoción de 'lujo' del boom inmobiliario

La pregunta es cómo fue posible que el fuego se propagase de un edificio a otro en cuestión de minutos. Lo determinará la investigación que se realice en las próximas semanas, pero los expertos apuntan al revestimiento y aislamiento del edificio y a las medidas antiincendios, es decir, a las medidas que permiten confinar el fuego en una sola planta evitando la propagación a otras.

La promotora Fbex vendió su obra como «fachadas revestidas de un innovador material de aluminio» y se pudo observar, ya en el esqueleto calcinado del edificio, que está cubierta de paneles de composite formado por dos láminas de cubierta de aluminio y un núcleo relleno de agregado mineral. Es la plancha que cubre la fachada y tras ella, el poliuretano que abraza al ladrillo, que es altamente inflamable y que se sigue empleando en construcción aunque ahora tiene más restricciones.

Los edificios en cuestión se levantaron en el año 2008, en pleno boom inmboliario. Aquella fue considerada una urbanización de lujo. Las viviendas se quisieron vender a 6.000 euros el metro cuadrado y terminaron siendo entregadas a Banesto a cambio de la deuda contraída ante la imposibilidad de darlas salida. Menos pretenciosos, los nuevos promotores llegaron a vender sus pisos a 3.600 euros el metro cuadrado.

Cuando Fbex anunció la promoción en Valencia, la empresa vivía su época de máximo esplendor. Se expandieron desde Barcelona hasta Murcia. Por todo el mediterráneo. Contaban con más de 200 empleados y su crecimiento parecía imparable, hasta que llegó la crisis del ladrillo.

El año en el que se levantó la urbanización incendiada -2008-, Fbex, que hasta el momento había gozado de generosas facilidades crediticias, vio cómo se disparaba su deuda cuando los bancos cortaron el grifo. En 2010, último ejercicio declarado, la promotora obtuvo unas pérdidas diez veces mayores al año anterior.

Entró en concurso de acreedores con una deuda de más de 500 millones de euros con entidades bancarias y de 28 millones con las administraciones públicas.