PSOE y PP de Cabezón se enzarzan por el gasto de 1,7 millones en la recogida de basuras

Isabel Fernández ha dirigido sus acusaciones a la aspirante al Senado por el PP en Cantabria al no poder justificar al Tribunal de Cuentas las partidas en que se ha invertido este dinero, ya que, dice, «toda la documentación que nos ha solicitado la entidad ha desaparecido del Ayuntamiento». Es más, la regidora explica que «los requerimientos del Tribunal de Cuentas se refieren a seis expedientes de gasto que han desaparecido, uno de ellos por importe de 1.600.000 euros y otros cinco por una cuantía global de 90.000, todos ellos referidos al ejercicio 2013», concreta. Sobre estos documentos, incide, «el Tribunal de Cuentas ya requirió al Ayuntamiento su justificación en 2014 durante el mandato de Merino, algo que intentó justificar poco después siendo rechazados sus argumentos, hasta que hace unas semanas el Consistorio recibió un nuevo requerimiento sobre el mismo asunto».

La regidora ha detallado que «se trata de una fiscalización de gastos aprobados sin consignación presupuestaria, por una cuantía de 1.690.000 euros, con un informe en contra del interventor municipal, de carácter suspensivo, que no ha sido justificado o levantado». Es decir, según Fernández, «se habrían aprobado como gastos 1.690.000 euros al margen del presupuesto». Aprobación que, recalca, «fue bloqueada por el interventor, sin que conste la aprobación por parte del Pleno, único órgano que legalmente podría haber levantado el bloqueo». La situación se complica aún más si tenemos en cuenta que «hace unos meses el interventor municipal que debió informar sobre esos gastos extrapresupuestarios dejó el Ayuntamiento y fue sustituido por otro funcionario».

La alcaldesa insiste en que «he solicitado informes tanto a la interventora del Ayuntamiento como a la tesorera y la respuesta ha sido que desconocen a qué se deben estos gastos», de lo que afirma, «se deriva la imposibilidad de aportar los expedientes al Tribunal de Cuentas». Al principio, reconoció Fernández, «pensé que era un error, pero luego vimos que se había solicitado una justificación en el año 2014 que luego el Tribunal de Cuentas no dio por válida».

La respuesta

Por su parte, la exalcaldesa, Esther Merino, ha explicado tras conocer las acusaciones de la actual regidora que ese año (2013) «el Ayuntamiento aprobó en pleno un convenio de basuras con el Gobierno de Cantabria por un importe de algo más de 1.600.000 euros». Sin embargo, la popular reconoce que «el malentendido con el Tribunal de Cuentas puede deberse a que el anterior interventor consideraba que el Ayuntamiento no disponía de esa cifra para un solo ejercicio, cuando la realidad es que se iría pagando a lo largo de los ocho años de duración del convenio».

Según el convenio, el contrato repercutiría en el Ayuntamiento con 200.000 euros anuales. Con respecto a los 90.000 euros restantes a los que alude la alcaldesa, Merino relató que tienen que ver «con procesos judiciales de ese año, por lo que no estaban presupuestados con carácter previo». Concretamente, dijo, «están relacionados con el contencioso que hubo con los cuatro trabajadores del Programa Escaramujo, que no era sostenible y quisimos reducir». El Ayuntamiento perdió entonces ese proceso judicial. Las indemnizaciones y gastos asociados «repercutieron en esa cifra», ha asegurado Merino.

En resumen, la exalcaldesa ha dicho estar «muy tranquila con este tema, ya que no hay nada, más allá de una discrepancia a la hora de valorar una partida presupuestaria, que en realidad es un plurianual de ocho años, y esos gastos no presupuestados en un proceso judicial». En todo caso, la popular ha ido más allá y ha explicado que «aquí la cuestión no tiene tanto que ver con dónde está el dinero, que ya está aclarado, ya que la alcaldesa sabe perfectamente que se ha informado al Tribunal de Cuentas». Conoce, ha dicho la popular, «toda la documentación que se ha enviado, las fechas y los argumentos esgrimidos, porque así se lo ha informado la interventora», por lo que Merino alude a una «maniobra de época electoral».

En el año 2011, recuerda la popular, «la ahora alcaldesa empapeló Cabezón de la Sal con escritos diciendo que yo optaba a la Alcaldía para así tener un puesto de trabajo» y en 2015, «optó por la vía penal por no cumplir con la Ley de Memoria Histórica, algo que luego desestimaron los Tribunales», insistió. Por todo ello, concluyó la exalcaldesa popular, «los vecinos de Cabezón de la Sal pueden estar muy tranquilos en lo que a mi gestión y a la de mi equipo se refiere».