El técnico imputado por las mordidas a ganaderos pacta dos años y evita la cárcel

El fiscal y el Gobierno regional, que le acusan de un delito de cohecho, habían solicitado una pena de cuatro años de prisión, y un tribunal de legos le iba a enjuiciar en breve. Para evitarlo ha llegado a un acuerdo con el Ministerio Público, al que se ha adherido después el Ejecutivo, que rebaja la petición de condena a dos años de prisión y cinco de inhabilitación especial. Las acusaciones han aplicado dos atenuantes: la de dilaciones indebidas y la de reparación del daño, ya que el técnico ha devuelto el dinero a todos los ganaderos que lograron acreditar que habían pagado en el periodo de vigencia del delito.

Este pacto permitirá a Escalona solicitar la libertad condicional y eludir el encierro, además de sortear el juicio, ya que bastará con que se declare culpable y conforme con la pena en un trámite de minutos.

De lo que no podrá escapar el funcionario es del proceso administrativo que la Consejería de Ganadería abrirá contra él una vez que sea dictada la sentencia. En marzo de 2013, Ganadería le abrió un expediente disciplinario por estos hechos y le suspendió durante seis meses de empleo mientras duró su tramitación. Pero al observar indicios de delito, dio traslado del caso a la Fiscalía y ésta al Juzgado, que abrió diligencias por un posible delito de cohecho. El proceso penal paralizó el expediente administrativo y Escalona se reincorporó a la Consejería, que lo sacó de Ontaneda para trasladarlo a la sede de Ganadería en el edificio Europa. Una vez haya sentencia firme, la Administración procederá contra él por vía administrativa, un expediente que puede concluir con la inhabilitación del funcionario.

Para llegar al acuerdo extrajudicial, Escalona ha tenido que reconocer los hechos que le imputaban las acusaciones. El turbio asunto destapado por la Consejería de Ganadería se descubrió cuando algunos ganaderos de la zona pasiega contaron que Escalona les solicitaba dinero, en torno a 3.000 euros, por gestiones y trámites administrativos inherentes a su cargo. Entonces saltaron todas las alarmas y la entonces titular de Ganadería, Blanca Martínez (PP), puso en marcha las pesquisas internas. Durante seis meses, los instructores del expediente recabaron más de medio centenar de testimonios de vaqueros que admitieron la existencia de esas mordidas. Algunos ganaderos, con escasos recursos, revelaron de manera inocente que como no tenían dinero pagaron en especie con un cordero. Ganadería concluyó que la conducta de su empleado constituía un caso claro de cohecho, y puso toda la documentación en manos de la Fiscalía. Pero cuando el procedimiento llegó al Juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de Medio Cudeyo, los ganaderos que, de buena fe reconocieron haber pasado por la caja del funcionario, fueron llamados a declarar como imputados y, así, de manera inopinada, pasaron de víctimas a acusados. El juez también imputó a otros dos funcionarios, compañeros de oficina de Escalona, a los que reprochó su silencio a pesar de ser conocedores de las irregularidades.

Finalmente todo quedó en un susto. En diciembre del año pasado, el juez acordó el archivo de la causa para todos los ganaderos encausados, en su mayoría de los municipios de Vega de Pas, Luena, San Pedro del Romeral, Corvera de Toranzo y Santiurde de Toranzo, exoneró de toda culpa a los dos empleados de la oficina comarcal de Ontaneda y abrió juicio oral contra el técnico. El funcionario recurrió a la Audiencia para intentar su exoneración, pero el tribunal confirmó que existían indicios de delito.