La posible reapertura de Garoña divide a instituciones y partidos de Cantabria

Desde el Gobierno de Cantabria, comunidad colindante a Castilla y León, donde se ubica Santa María de Garoña, se guarda un absoluto silencio. «Preferimos no hacer una valoración», se indica desde la Consejería de Industria que dirige Francisco Martín. Una postura que comparte el propio presidente, Miguel Ángel Revilla.

No ha ocurrido lo mismo con la Junta de Castilla y León y el vecino País Vasco. El lehendakari, Iñigo Urkullu, es firme al opinar que Garoña «está más que amortizada» y ha advertido de que constituye «un riesgo cierto» y «evitable». En el lado contrario se sitúa la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, que defiende la apertura y cifra en mil los empleos vinculados a la central. La consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, apuesta por la reapertura siempre y cuando se realicen las «inversiones necesarias» para garantizar la seguridad de la planta.

En Cantabria, uno de los pronunciamientos más claros ha sido el del presidente de la Cámara de Comercio, Modesto Piñeiro, que destacó la vinculación de la central de Garoña con Cantabria «no sólo por su proximidad geográfica, sino porque ha generado riqueza en nuestra comunidad y ha dado empleo directo e indirecto a numerosos cántabros».

La apertura aprobada por el CSN, aunque la última decisión corresponde al Gobierno de España, es, a su juicio, «una buena noticia» porque «será nuevamente un motor de desarrollo y contribuirá a paliar nuestra actual dependencia en materia energética de otros países, lo que nos cuesta mucho dinero a los españoles». Según dijo, «con el avance tecnológico de las últimas décadas y las medidas de seguridad a las que están sometidas (las centrales), la energía nuclear no debe verse hoy como una amenaza o peligro sino, al contrario, como una fuente limpia que no contamina».

Desde el Clúster de la Industria Nuclear en Cantabria, su presidenta, María Vega, se inclinó por «la prudencia». Recordó que Nuclenor, propietaria de la central, ha valorado positivamente el informe favorable del Consejo Nuclear «pero me costa que aún no han analizado todos los aspectos que contiene el mismo y están a la espera de disponer de toda la información que se recoge en la evaluación». Hasta que esto no se produzca «no tendrán la capacidad suficiente para decidir sobre el futuro de la instalación». Por eso, «sólo podemos hablar de prudencia a la hora de manifestarnos a este respecto y esperaremos a conocer la posición de Nuclenor».

La valoración de CEOE-Cepyme de Cantabria va en el mismo sentido al señalar que «el cierre de las nucleares llevaría a un incremento de entre el 10% y el 15% de la factura eléctrica». Según un análisis realizado por CEOE, sustituir la energía nuclear por otra fuente requeriría una inversión de 50.000 millones de euros si la apuesta es que la misma cantidad de energía se produzca libre de emisiones de carbono como exige la normativa internacional.

La organización que preside Lorenzo Vidal de la Peña defiende «un mix de producción energética equilibrado para conseguir precios competitivos y que permita la convivencia de todas las tecnologías». Por ello, «es necesario permitir la extensión de la vida de las centrales nucleares siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear informe positivamente».

El Ayuntamiento de Reinosa, localidad que se encuentra a cien kilómetros de Santa María de Garoña, confía en la posición de los técnicos para determinar la reapertura de la central nuclear, que ha dado empleo a muchos cántabros de Campoo. Sobre todo, para el alcalde José Miguel Barrio, debe primar «la seguridad de los vecinos, ciudades y regiones limítrofes».

«Hay que conjugar dos impactos que son fundamentales: el medioambiental y el social», indicó. «Seguridad por supuesto», resaltó, «pero también hay que tener en cuenta que es una fuente de empleo». Si finalmente se determina su apertura «hay que ser exquisitos» ya que la energía nuclear tiene sus problemas, su parte negativa, y hay que tenerla totalmente controlada».

Aunque por parte del Gobierno PRC-PSOE no ha habido un pronunciamiento, sí lo han hecho sus grupos parlamentarios. El PRC prefiere las energías renovables, pero entiende que se hable de la apertura de Garoña «si realiza todas las inversiones en materia de seguridad que se le han exigido», indicó el portavoz, Pedro Hernando.

Para los regionalistas, «debemos afrontar el debate de qué tipo de energía queremos, cuando asistimos a una subida imparable del recibo de la luz y debemos comprar la energía a otros países como Francia, lo que resta competitividad a nuestras empresas». Por ello, «no nos podemos oponer a todos los tipos de energía: eólica, eólica marina o nuclear, porque cada una tiene un pero para cada colectivo que se opone. Pero todos sabemos que precisamos de la producción energética».

El otro socio del gobierno, el PSOE, discrepa. El Grupo Parlamentario Socialista se muestra «en contra de la reapertura de Garoña y de cualquier central nuclear que sobrepase los 40 años de su vida útil». A su juicio, «la acción llevada a cabo por el PP es más de lo mismo de lo que hemos venido padeciendo los últimos años; beneficio y trato de favor a la energía nuclear, a las energías fósiles y castigo a las energías renovables».

El PSOE demanda «un cambio de modelo energético que pasa por primar el desarrollo de las energías renovables, en el ahorro y la eficiencia energética, en detrimento de un modelo que se ha demostrado incapaz y obsoleto como estamos comprobando en estos últimos meses con las alarmantes subidas de la luz».

El Partido Popular se mostró en la línea de lo manifestado por el ministro Álvaro Nadal en el Congreso, que anunció la apertura de un proceso de audiencia pública durante seis meses, para escuchar todas las opiniones: trabajadores, empresas, Junta de Castilla y León, organizaciones ecologistas, expertos... La diputada nacional por Cantabria Ana Madrazo destacó que «no hay que tomar decisiones precipitadas sólo por razones ideológicas» ya que se trata de «un tema delicado, en el que no hay que hacer demagogia porque es muy serio».

Sobre todo, dijo, hay que tener en cuenta «la seguridad de los ciudadanos, que está por encima de cualquier otra cosa». Aseguró que «se tomará una decisión sensata y coherente con nuestro programa electoral» que incluía que las centrales nucleares «tienen que formar parte del mix energético porque eso contribuye a reducir el precio de la electricidad».

Transición

Podemos defiende a ultranza un modelo de energías renovables limpias como la solar, eólica, geotérmica e hidroeléctrica. Una transición que «debe hacerse durante las próximas dos décadas» y que « incluye el cierre paulatino de las centrales nucleares en funcionamiento en España». Sobre Garoña, recuerda que «lleva varios años cerrada sin que esto haya supuesto ningún inconveniente para nuestro suministro de energía». También se hace referencia al «peligro que la energía nuclear lleva asociado, como desgraciadamente seguimos viendo en Fukushima o más cerca en Francia, donde el pasado 9 de febrero hubo una explosión en la central nuclear de Famanville».

Ciudadanos está a favor de una política energética «que disminuya nuestra dependencia del exterior, contribuya al cambio de modelo productivo y apueste por la utilización máxima de los recursos naturales propios mediante las energías renovables, haciendo de estas el pilar fundamental de un nuevo modelo energético». El diputado Rubén Gómez recordó que Garoña «está prácticamente cerrada desde hace varios años, durante los que no está produciendo energía, lo que demuestra que su existencia no se justifica desde el punto de vista de su contribución a garantizar el suministro eléctrico». Por ello, «creemos que lo más aconsejable es proceder a su cierre definitivo ofreciendo la mejor alternativa posible a sus trabajadores».