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mada martínez
Sábado, 4 de marzo 2017, 20:52
El Gobierno de Cantabria trabaja ya en una nueva ley antifracking que impida que la técnica de fractura hidráulica se practique dentro de los límites de la comunidad; una ley más severa que la anterior, que acabó estrellándose contra el Tribunal Constitucional. Actualmente cinco permisos perviven en Cantabria en diferentes estados, algunos latentes y otros moribundos: Luena, Bezana-Bigüenzo, Gran Enara, Los Basucos y Galileo.
Precisamente esta misma semana, la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (Shesa), ha pedido al Ministerio de Energía la extinción del permiso Gran Enara (antes conocido como Angosto 1). Shesa, la entidad que gestiona los intereses del Gobierno vasco en este ámbito, da por perdida la licencia que les concedió el propio Ministerio y que estaba caducada desde junio de 2016. El permiso abarcaba más de 26.000 hectáreas de tres provincias, Burgos, Vizcaya y Cantabria (zona de Soba). Sin embargo, la decisión de Shesa no supone el archivo definitivo de la licencia. La sociedad advierte que sus socios en este proyecto, Petrichor y Cambria, podrían seguir adelante sin el aval de la administración.
Cantabria lleva cinco años enfrentándose, normativa y socialmente, a una forma de extracción de gas muy practicada en EE. UU, inédita en España y, según muchos expertos, de gran impacto ambiental. En 2013, en la comunidad se aprobó una ley para regular la prohibición de la técnica de fractura hidráulica "como técnica de investigación y extracción de gas no convencional".
Un poco antes, en octubre de 2012, Ignacio Diego, por entonces presidente de un Ejecutivo de signo popular, había anunciado con cierta solemnidad que impediría las extracciones y prospecciones con una herramienta legal. Su idea era "blindar" Cantabria. La decisión de su Ejecutivo estaba avalada, explicó Diego en su comparecencia, por el rechazo al fracking señalado en un informe de la Comisión de Medio Ambiente, Seguridad y Salud Pública del Parlamento Europeo, y por la "alarma social" que estaba generando la posibilidad de que comenzaran los trabajos. Muchos municipios de Cantabria se habían levantado ya en armas y con mociones contra el fracking. Veían amenazados su entorno y acuíferos. Las movilizaciones, en muchos casos, fueron alentadas por la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria, un movimiento popular que hoy sigue muy de cerca el estado de los cinco permisos que colean en la comunidad, y que, de hecho, ya tenía en su punto de mira el permiso Gran Enara, para el que había pedido su extinción y archivo.
La ley de 2013 se aprobó por unanimidad en el Parlamento. Su texto señalaba que Cantabria actuaba "dentro del ámbito de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía en materia de ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda; protección del medio ambiente y de los ecosistemas; sanidad e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud; industria, y régimen minero y energético". Las aspiraciones autonómicas se desmoronaron cuando Mariano Rajoy presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC. El PP nacional, también desde el Gobierno, ha tratado de facilitar la práctica del fracking en España.
La ley cántabra era como un lunar. El Gobierno central alegó que vulneraba la Ley del Sector de Hidrocarburos, y que una autonomía no podía legislar sobre competencias que no le eran propias. El TC le dio la razón y la situación se enrocó entre el rechazo social y político en Cantabria, y la negativa del Gobierno de España.
A pesar del revés, el Gobierno autonómico de Diego declaró ilegal el permiso que había concedido el anterior Ejecutivo PRC-PSOE a la empresa Trofagás Hidrocarburos BNK España en marzo de 2011, una autorización conocida como Arquetu. Las otras licencias vigentes en la comunidad se concedieron o tramitaron desde el Ministerio.
Hace dos semanas, el fracking volvió al Parlamento y el PP le recordó al actual Gobierno su gestión del Arquetu. El Gobierno le reconvino entonces la forma de votar, un tanto contradictoria, de sus diputados y senadores en Madrid. Aunque en términos generales la postura antifracking de los partidos es unánime, la coincidencia se quiebra cuando se abordan los detalles y el relato histórico de la concesión de permisos a las empresas que aún aspiran a perforar el suelo de la región para extraer gas.
El Grupo Regionalista presentó en esa sesión una proposición no de ley para "responder de manera urgente a la amenaza de la utilización de la técnica de fractura hidráulica como medio para la extracción de gas". Fue aprobada. La traducción: el Gobierno tiene que empezar a trabajar en una nueva ley contra el fracking.
¿Por dónde discurrirá la nueva normativa, que recogerá de la anterior, que incluirá para esquivar los reparos del TC? Es pronto para saberlo. Una vez se ha producido acuerdo sobre el qué, toca decidir el cómo: qué Consejerías tienen que implicarse, establecer tiempos, objetivos.
Josué Bilbao, miembro de la Asamblea contra la Fractura Hidráulica, expresa el respaldo del colectivo a la posibilidad de una nueva ley. "Toda iniciativa seria que se haga en contra del fracking está bien, todo suma, el trabajo en la calle, iniciativas como esta". Sin embargo, en la Asamblea, que lidera la movilización social, tienen la sensación de que la posición de los grupos no es todo lo reflexiva y rigurosa que debería. "Nos da la sensación de que no se lo toman en serio. Un ejemplo que ilustra esta falta de "compromiso real" es el permiso de Bezana-Bigüezo (concedido a una filial de Gas Natural Fenosa, a Repsol y Pyreenes Energy), caducado desde hace más de un año, y sin un reclamo firme de extinción.
Resisten cinco permisos
La zona norte la cuenca cantábrica es un territorio requerido por empresas de energía (nacionales e internacionales) para realizar prospecciones o estudios con fracking. El mapa alusivo del Ministerio de Industria está lleno de puntos rojos y franjas de color que señalan permisos y áreas de actuación en Cantabria, País Vasco o Castilla y León. En la comunidad, contando con el Gran Enara, perviven cinco permisos, entre prescritos, activos o susceptibles de activarse.
Hay dos caducados. Uno de ellos es el de Luena (Repsol Investigaciones Petrolíferas), que afecta a una superficie de 74.628 hectáreas entre Cantabria y Burgos. Se concedió en 2011, pero está sin actividad ninguna y ha caducado hace unas semanas. El Grupo parlamentario Podemos ha reclamado su extinción total en el Parlamento de Cantabria mediante una proposición no de ley. La Asamblea contra la Fractura Hidráulica ha exigido lo mismo en la calle y por cauces administrativos.
La plataforma sigue de cerca el estado de las licencias, del proceso para validar los permisos ambientales. Ha reclamado la extinción total y archivo por parte del Estado de permiso de Bezana-Bigüenzo, caducado en 2015, y que afectaría a 179.000 hectáreas en zonas de Campoo-Los Valles, Valdeprado del Río, Valderredible o el Embalse del Ebro. Al hilo de esta licencia, el colectivo menciona la caducidad de los trámites ambientales sobre tres pozos de Gas Natural.
Hay otros dos permisos, Galileo (solicitado por Montero Energy Corporation sobre más de 77.700 hectáreas) y Los Basucos (Petroleum Oil & Gas España; 18.657 hectáreas) sin respuesta. El permiso de investigación consta únicamente como solicitado al Ministerio. En la Asamblea no descartan que pudiera concederse en cualquier momento, y los vigilan de cerca.
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Mikel Labastida y Leticia Aróstegui (diseño)
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
José A. González y Álex Sánchez
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