Las primeras reclamaciones por plusvalías inexistentes llegan a los ayuntamientos

Esta cantidad representa casi un 4% de los ingresos totales de los ayuntamientos durante ese ejercicio (567,5 millones) y el 8,7% sobre el total de los impuestos directos que aplicaron a sus ciudadanos (252,8 millones). De ahí la importancia de la reciente sentencia dictada por el Tribunal Constitucional que obliga a todos estos ayuntamientos a devolver el importe de la plusvalía a los contribuyentes que obtuvieron una pérdida con la venta de un inmueble, lo que los técnicos llaman plusvalía ficticia, siempre y cuando lo prueben.

Eso sí, no todos los afectados podrán reclamar puesto que el plazo de prescripción es de cuatro años desde que se pagó el impuesto en los casos de autoliquidación y de un mes en los casos de liquidación. Es decir, quienes pagaron la plusvalía municipal antes de enero de 2013, en principio, no podrían solicitar la devolución del dinero.

En Cantabria, los ayuntamientos están recibiendo ya las primeras reclamaciones, pero gota a gota, según el sondeo realizado por este periódico en los municipios más grandes. Ningún concejal de Hacienda se atreve a aventurar el tamaño del agujero que el fallo judicial causará en sus ingresos. «Resulta imposible cuantificar, porque no se sabe ni el número de operaciones ni mucho menos cuántas tienen el componente de la venta a pérdidas», señala Ana González Pescador, la responsable de las cuentas del Ayuntamiento de Santander, un criterio que comparten sus colegas de Torrelavega, El Astillero, Castro Urdiales, Camargo y Piélagos.

De momento, prácticamente todos los consistorios han paralizado la resolución de las reclamaciones a la espera de lo que resuelva la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y de la Dirección General de Tributos sobre el alcance de la sentencia del Constitucional, ya que se refiere a la normativa foral de Guipúzcoa, aunque los ayuntamientos son conscientes de que se extenderá al resto del país y ya no podrán aplicar la plusvalía municipal como un rodillo, sin tener en cuenta las situaciones en las que se ha vendido con pérdidas.

En Santander han entrado hasta el momento 30 reclamaciones, que se registran pero no se tramitan. «Obviamente la situación ha cambiado y estamos a la espera de que nos den una resolución aplicable a todos los ayuntamientos. Hasta entonces, no podemos actuar», subraya González Pescador. Santander tiene previsto ingresar este año 11,7 millones de euros por el impuesto de plusvalía, lo que representa un 6% en el conjunto del presupuesto municipal, y lo convierte en el segundo de los impuestos directos después del IBI (56,6 millones).

Pero González Pescador cree que es «imposible» calcular cuánto podría dejar de percibir como consecuencia del fallo judicial. Sea como fuere, los ingresos por el cobro de este tributo han registrado un espectacular crecimiento en los últimos cuatro años, periodo en el que la recaudación anual ha crecido un 73%. Así, en 2013 recaudó 7,4 millones, 11,6 millones en 2014 y casi 13 en 2015, en tanto que el año pasado ingresó 10 millones por este concepto.

Este aumento en la recaudación de la plusvalía contrasta con la caída en el número de las transacciones. El delegado en Cantabria de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Antonio Relea, considera «llamativo que se recaude más por un tributo que debe gravar las plusvalías en una época en la que ha habido menos transacciones y en la que el valor de los inmuebles ha descendido, lo que se explica por el aumento por parte de los ayuntamientos de los coeficientes aplicables sobre el valor catastral para el cálculo del impuesto. Siempre me llamó la atención que muchos políticos que defendían la reducción de impuestos con el argumento de que generaría un aumento de la riqueza de los ciudadanos, se olvidaran de aplicar este principio en los ayuntamientos que gobernaban».

González Pescador subraya sin embargo que el Ayuntamiento de Santander ha reducido el valor catastral un 25% en 2015 y 2016, y mantiene un tipo impositivo del 21% sobre un máximo del 30% del tipo general, «en tanto que en Torrelavega está en el 29,6%», puntualiza arrimando el ascua a su sardina.

En Torrelavega, donde está previsto recaudar este año 1,2 millones del impuesto de plusvalía, se han registrado tres reclamaciones, aunque el concejal del área, Pedro Pérez Noriega, reconoce que «se están produciendo consultas sobre los posibles derechos de devolución».

No obstante, estima que, aunque haya que regularizar alguna situación en la que se haya vendido a pérdidas, «la incidencia no será significativa». En este ayuntamiento los ingresos de la plusvalía representan el 2,5% de los impuestos. A la espera de que la sentencia sea de aplicación, los servicios municipales «siguen gestionando de la misma manera el impuesto», y sólo si se modifica la ley «se tendrá en cuenta la retroactividad legal y se revisarán los expedientes afectados».

En Castro Urdiales tras el fallo del Constitucional han entrado dos reclamaciones de devolución de ingresos que se resolverán «caso a caso», subraya la concejal Elena García Lafuente. En este ayuntamiento, en 2016 la liquidación del impuesto ascendió a 1,2 millones «aunque el cobro real está en torno al 85% de media», sobre unos ingresos anuales de 30 millones. En 2015 se subió el tipo hasta un 15%, pero a cambio introdujeron una serie de modificaciones y exenciones.

El Ayuntamiento de Camargo, que en 2016 liquidó 650.000 euros de plusvalía, sólo ha contabilizado tres reclamaciones sobre un censo de 16.000 contribuyentes. El responsable de Hacienda, Héctor Lavín, sostiene que cada caso «será analizado individualmente dado que no se puede asumir la sentencia de manera generalizada».

En El Astillero se ha registrado hasta la fecha una sola reclamación que «se ha atendido y se ha desestimado porque no facilitaba datos», informa el responsable del área, Salomón Martín, que recuerda que para acceder a la devolución «tendrá que acreditarse que se ha vendido en pérdidas y que los valores de los terrenos no han subido». El Ayuntamiento ingresó 264.629 euros en 2016 de plusvalía municipal, lo que supuso casi el 2% sobre el total de ingresos.

En Piélagos, un ayuntamiento especialmente hermético, el equipo de Gobierno se ha negado a facilitar datos on el argumento de que no se han producido reclamaciones. El año pasado ingresó 280.000 euros de plusvalía, lo que supuso el 3,7% de los impuestos directos.