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joseba vázquez
Martes, 4 de abril 2017, 07:37
El punto de inflexión lo marcó, como tantas veces, una tragedia. El 11 de agosto de 2015 moría en Salou el senegalés Mor Deme Sylla al caer del balcón de la vivienda que compartía con otros compatriotas en el transcurso de una operación de los ... Mossos deEsquadra encaminada a localizar productos falsificados de venta callejera. La muerte de Sylla, un mantero de 50 años que se encontraba en situación regular en España, desencadenó disturbios, el corte de una línea férrea durante doce horas por parte de sus indignados compañeros y una docena de detenciones. Treinta y cuatro días más tarde, el Juzgado de Instrucción número 4 de Tarragona archivaba la investigación del caso al considerar que la víctima se había precipitado accidentalmente desde el tercer piso de su domicilio.
El fatal suceso promovió de forma más o menos directa un par de iniciativas. La primera, la presentación en octubre de ese mismo año del denominado Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes, una organización que reúne a más de 250 inmigrantes, en su mayoría subsaharianos, y que nació con la finalidad de «acabar con la discriminación y persecución policial que sufrimos», en palabras de Lamine Bathily, uno de sus portavoces. Bathily, un senegalés de 27 años que llegó a España hace diez, es plenamente consciente de que su asociación nunca podrá ser inscrita de forma oficial dado el carácter ilegal de su actividad, «pero nos llamamos sindicato porque trabajamos. Estamos dispuestos a dejar la venta ambulante si encontramos salida, pero cuando te detienen una vez ya no tienes papeles y sin papeles no hay trabajo». Un círculo vicioso. El segundo proyecto puesto en marcha tras los altercados de Salou, y otros no tan graves, sí cuenta con pleno sustento legal. Lo ha impulsado, de hecho, una institución pública, el Ayuntamiento de Barcelona, ciudad en la que el top manta se ha multiplicado enormemente en los últimos años y ha sumado nuevos incidentes. Coincidencia o no, poco después de que un mantero abriera una brecha en la cabeza de un agente de la Guardia Urbana, el Consistorio presidido por Ada Colau puso en marcha «un plan de abordaje para regular la venta ambulante en la ciudad». Este plan trataba de «dar soluciones al uso tan intensivo del espacio público por muchas personas ejerciendo esta actividad». ¿Cómo? «A través de políticas sociales e integrales para este colectivo. Vimos que era imposible solucionar el problema solo por la vía policial. Hay que tener en cuenta que muchos de ellos están en una situación irregular que se alarga porque no tienen un contrato laboral», explica a este periódico una portavoz autorizada del Ayuntamiento barcelonés.
habla el comercio
En Barcelona Oberta, que aglutina al 70% del comercio barcelonés, piensan que la solución al problema del top manta requiere la intervención conjunta «de la Generalitat, el Ayuntamiento y el Estado». Así lo expresa su directora, Nuria Paricio, que se muestra sensible con la situación de los vendedores ilegales pero requiere «firmeza». «Sabemos que son personas en una situación social complicada, algunas incluso explotadas. No nos oponemos a medidas sociales; todo lo contrario, las aplaudimos, pero sí a que sigan las actitudes delictivas. Que se permitan supone un agravio comparativo para los comerciantes. Hay que recordar que su actividad incumple todo están haciendo una ocupación ilegal del espacio público, venden productos falsificados, algunos atentan contra la salud pública, no pagan impuestos...». Paricio plantea un ejemplo concreto
«Pusimos en marcha dos vías de planes de ocupación detalla la misma fuente municipal . La primera fue una prueba piloto con el apoyo de Mercabarna, el mercado mayorista de pesca. Empezaron a formarse once personas que provenían de la venta ambulante y ahora misma alguna de ellas ya está trabajando. Además, se pusieron en marcha cuarenta y tantos planes más. Luego, la formación de una cooperativa para que puedan realizar su actividad de forma legal. Hicimos un proceso de selección entre este colectivo. Se presentaron unas 80 personas y fueron escogidas 15, que se han estado formando desde agosto pasado hasta febrero y se han asociado». Este trabajo ha implicado a distintas áreas del Consistorio de la capital catalana que invertirá 800.000 euros durante dos años en el plan y ha dado como fruto una entidad pionera, la primera en España que saca de la ilegalidad a un grupo de manteros. En este momento fundacional son solo quince doce hombres y tres mujeres, todos senegaleses, aunque la previsión es ir sumando a la sociedad diez o doce personas nuevas cada año.
Cuestión de 'coraje'
Diomcoop es el nombre con que se ha bautizado a la recién nacida cooperativa. Diom es un término de lengua wólof, la mayoritaria en Senegal, que significa coraje, fortaleza. Por medio de ella, esta quincena de exmanteros podrá a partir de ahora trabajar de forma legal en mercados, mercadillos y ferias, unos 234 puntos de venta al año en Barcelona. En los productos que ofrecerán darán prioridad a la «economía social, el comercio justo, la artesanía, los productos de proximidad y la reutilización de prendas de vestir, bisutería, utensilios de casa,...», desgrana Fatou Ndeye, la elegida como presidenta de Diomcoop. Pero los objetivos son más amplios. La entidad contará con departamentos de administración, logística y cohesión social. «Queremos dar servicios de apoyo a la venta ambulante autorizada y asesorar en la gestión de las licencias requeridas para esta actividad. También trabajar en la acogida de personas en situación vulnerable; y no solo con inmigrantes, sino con cualquiera que lo necesite», precisa Fatou, que suma siete años en España.
Diomcoop y el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona son organismos claramente diferenciados, empezando por la situación jurídica de cada una: una, regularizada;la otra, alegal. Sin embargo, las conexiones son inevitables teniendo en cuenta el origen senegalés de sus miembros y la condición de manteros de todos ellos en algún momento. De hecho, la quincena de integrantes de la cooperativa procede del sindicato y tres de ellos siguen perteneciendo al mismo. Aún más, su portavoz, Lamine Bathily, tiene claro que Diomcoop «es una de las cosas que hemos logrado en poco más de un año». En su opinión, la tarea de su asociación ha sido clave a la hora de concienciar a los responsables municipales. «Nos hemos reunido varias veces con el Ayuntamiento y siempre hemos reivindicado que dejen deperseguirnos, que la Policía no nos acose porque no somos ladrones ni delincuentes». Las dos organizaciones también comparten el objetivo común de trasladar sus experiencias a compatriotas de otras provincias, «para orientarles y enseñarles cómo nos hemos asociado». El sindicato ha realizado ya esta tarea en ciudades como Málaga, Granada o Bilbao. La cooperativa, por su parte, elabora un documental que recogerá su proceso de gestión y que exhibirá luego por otras comunidades. «Queremos ser un ejemplo para todos», señala su presidenta.
Afectados por el top manta
Una primera piedra. Insuficiente por sí sola, pero que aspira a crecer paulatinamente. Los propios responsables municipales asumen que «el top manta no desaparecerá» con Diomcoop. Ni por mucho, piensa Nuria Paricio, directora de Barcelona Oberta, colectivo que agrupa al 70% de los comercios del centro turístico de la Ciudad Condal, donde se da una mayor concentración de manteros. «El año pasado llegamos a contar más de mil personas dedicadas a esta actividad en el Paseo Juan de Borbón, en la Barceloneta. Entendemos que es un fenómeno que se les ha ido de las manos, que ha habido un efecto llamada porque no se les perseguía. Los comerciantes de la zona y los propios artesanos que trabajan muy cerca de los manteros sumamos el año pasado pérdidas de hasta el 60%. Por eso decidimos crear la Plataforma Afectados del Top Manta, con más de 30 organizaciones, incluidos gremios de comerciantes, restauración, vecinos, hoteles, artesanos, organizaciones culturales, vecinos...».
Las iniciativas municipales resultan muy escasas para los comerciantes. «El Ayuntamiento está practicando el buenismo y la capacidad de reinserción es muy limitada: en el mejor de los casos, 50 personas frente a mil. Junto a acciones sociales pedimos firmeza frente a la ilegalidad», añade Paricio.
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