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Daniel Martínez
Lunes, 10 de abril 2017, 07:19
Con 2,7 millones de euros se pueden pagar la pensión mensual de 2.400 jubilados cántabros. O dos veces la obra de la pasarela ... ciclista que unirá Santander y Camargo a partir del mes de mayo, una de las más importantes de todas las que se están realizando en estos momentos en la capital. Esa también es la cantidad que la administración central se embolsó el pasado año en la región procedente de las multas por exceso de velocidad que se pusieron a los conductores de la comunidad autónoma. Se trata de la cifra más alta de la historia y confirma una tendencia, la del aumento acumulado de la recaudación a lo largo de los últimos ejercicios. Porque desde 2013 la línea de la gráfica en algunos momentos ha sido descendente el aumento acumulado llega al 55%. En total, 28.305 denuncias, 77 al día, sólo por los radares fijos.
Desde la Dirección General de Tráfico, piensan que la explicación está en el cambio del umbral de tolerancia de los radares con motivo de la entrada en vigor hace un año de la Operativa 7. «Hasta ese momento, no se trabajaba igual en toda España a la hora de aplicar unos márgenes de error. La norma no dejaba claro si cuando ya te pasabas en un kilómetro por hora había que multar, entonces dependía de cada equipo», comenta José Miguel Tolosa, responsable de la DGT en Cantabria. El cambio puso negro sobre blanco que cuando se sobrepasaba en siete kilómetros por hora el límite o un 7% a partir de 100 kilómetros por hora el agente ya está obligado a multar. Y como en la región muchas veces se dejaban márgenes de hasta 20 kilómetros por hora, el número de infracciones ha crecido.
Dejando a un lado los motivos técnicos que puedan justificar el aumento del número de multas por velocidad, desde la Dirección General de Tráfico en Cantabria se pone el acento en que el principal motivo por el que la Guardia Civil sanciona es porque el conductor supera los límites permitidos. «Aquí se está denunciando al que infringe. No vamos a buscar a la gente, cae el que va con exceso de velocidad», apunta José Miguel Tolosa, preocupado por acabar con «el mito» de la finalidad recaudatoria.
En este sentido, recuerda que cuando se coloca un radar, ya sea fijo o móvil, la DGT informa a los usuarios. En algunos casos con señales en la propia carretera y otras a través de la página web de la institución. Ese segundo mecanismo es el que se utiliza, por ejemplo, con los nuevos radares en forma de trípode que se han comenzado a ver hace unos meses en las carreteras de Cantabria. «Se colocan en tramos de alta siniestralidad, con una intensidad de circulación alta y en los que algunos conductores tienden a ir más rápido de lo permitido», cuenta Tolosa. En la región hay localizadas un total de 30 zonas se puede consultar a través de la web con estas características y se utiliza este nuevo sistema para «preservar la seguridad de los agentes o en lugares donde el vehículo de la Guardia Civil puede ser un obstáculo».
Hay otro motivo que tiene que ver con los camiones y autobuses. Ellos son los que han tenido que frotarse más el bolsillo en los últimos meses. «Hasta febrero de 2015, la tecnología de los radares no distinguía el vehículo con el que se cometía la infracción. Por eso muchos autobuses y camiones que deben circular más despacio no eran multados, ya que para el detector pasaban como coches», concreta Tolosa. Ahora hay un software que compara la matrícula contra la base de datos y ese problema se evita.
Estos datos, que acaba de hacer público el Ministerio del Interior como consecuencia de una pregunta en el Congreso de los Diputados, están en línea con los del resto de comunidades. En el conjunto de España, el crecimiento de los ingresos del Estado por este concepto alcanzó el 37%. Un porcentaje importante pero todavía 18 puntos menor que el experimentado en Cantabria. En todo el país, se pasó de los 120 millones de euros de 2012 a los 164,2 de 2016. Aunque es difícil determinar el motivo de este desfase a nivel regional, la DGT piensa que puede ser por el aumento de la intensidad de vehículos en las carreteras de la comunidad autónoma del 9% en el caso de la A-8, superior a la media nacional.
En Cantabria está también uno de los radares más sensibles del país. En concreto, en el punto 144,4 de la A-8 a la altura de Saltacaballo, según los datos recogidos en el informe anual Radares y Velocidad de Automovilistas Europeos Asociados (AEA). La reducción de la velocidad máxima hasta los 80 kilómetros por hora ha provocado un aumento en el número de cazados pisando el acelerador más de lo permitido, pero también ha tenido efectos positivos sobre la siniestralidad.
Esa es la buena noticia, que el número de accidentes ha bajado de manera inversamente proporcional al de las multas. En 2016, este dispositivo fue el decimocuarto de España más activo. Llegó a detectar 20.698 infracciones frente a las 13.179 del año anterior, aunque todavía está muy lejos de las 80.582 del radar más multón, situado en la provincia de Córdoba. «La tendencia ya está bajando de nuevo. En agosto pusimos unos indicadores luminosos y se ha notado en las estadísticas», afirma Tolosa.
Otros dispositivos
También trabajaron más los dos detectores situados en la A-67, la vía que comunica la capital con Torrelavega. En concreto, un 27% hasta llegar a las 760 denuncias anuales en conjunto. Pero no todos se portaron peor con los conductores cántabros. Los dos de la S-10, la autovía de entrada a Santander, pasaron de 18.784 en 2015 a 5.976 en el último año analizado.
Las 28.305 denuncias por los radares fijos (los móviles no están incluidos en esta estadística) de 2016 sitúan a Cantabria en la parte intermedia de la tabla nacional y con cifras muy similares a otros territorios limítrofes como Asturias o León. Y desde luego, muy por debajo de las de Burgos más del doble de multas, donde este pico se explica por el gran número de vehículos que circulan por sus carreteras al situarse en medio de dos comunidades autónomas muy pobladas como el País Vasco y Madrid.
El Estudio de la AEA también recoge lo que se podría denominar como productividad de los radares fijos, es decir, las multas que ponen por dispositivo. En este sentido, los más productivos fueron los de Navarra (11.424 denuncias por aparato instalado), Andalucía (7.185) y Castilla-La Mancha (6.137), mientras que en la parte baja se sitúan Asturias (920), La Rioja (1.624) y Canarias (1.731). Catabria está muy cerca de la media de 5.000 multas.
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