Cuando el pasado 11 de abril un grupo de ganaderos increpó a Miguel Ángel Revilla en Ruente, el propio presidente, el Gobierno y el PRC no se llevaron exactamente una sorpresa porque el malestar y las protestas ya se habían extendido en las semanas anteriores, ... y sin embargo, el grado de hostilidad de la escena resultó impactante y contribuyó a amplificar la dimensión del conflicto. La ganadería cántabra, amenazada desde hace mucho tiempo por múltiples factores que la hacen cada día menos rentable, desde los bajos precios del mercado a las enfermedades y los ataques de los lobos, ha perdido mucho peso en la economía regional hasta convertirse en una actividad muy dependiente de las subvenciones, pero es todavía un pilar básico en el tejido social de la región y mantiene por lo tanto una importante influencia política y electoral.
Al Gobierno, sobre todo al PRC, que es el responsable de gestionar el área ganadera, le preocupa, naturalmente, la creciente conflictividad. No es que la Administración regional disponga de recursos abundantes ni tampoco de mucho margen de maniobra, ni para conseguir mejores precios para la leche ni para alterar los estrictos protocolos sanitarios en los brotes de brucelosis. Pero es posible que no haya reaccionado con la diligencia y sensibilidad suficientes donde sí podía intervenir: mostrar una mayor empatía con las reivindicaciones de los ganaderos en las diferentes instancias, agilizar las indemnizaciones, tomar medidas en el control del lobo.
El desagradable episodio de Ruente tuvo su efecto. El Ejecutivo pisó de inmediato el acelerador para engrasar la burocracia que retrasaba los pagos a los ganaderos y contener la crisis que, de paso, se ha llevado por delante a dos altos cargos de la Consejería de Medio Rural muy señalados por los promotores de las movilizaciones: Francisco Fernández, jefe de Sanidad y Bienestar Animal, y Beatriz Fernández, directora general de Ganadería, cuyo marido, además, es investigado por supuestas actuaciones irregulares en la campaña de saneamiento ganadero.
Dos bajas más en la larga secuencia de cambios registrados en ese departamento desde el comienzo de la legislatura, que han operado como una suerte de cortafuegos para la continuidad del consejero Jesús Oria, muy criticado en las recientes movilizaciones. Sin embargo, en el PRC opinan que Oria conserva todavía el crédito que se ganó entre los ganaderos en la anterior etapa del Gobierno de coalición.
Oria y sus compañeros del Gobierno aseguran que la ofensiva tiene un origen político muy claro: el PP y sus grupos ganaderos afines. Dice el PRC que ni son muchos, ni cuentan con la cobertura de las organizaciones mayoritarias ni representan al sector, pero lo cierto es que hacen ruido, como en la jornada inaugural del Año Santo. Y eso que los alcaldes regionalistas de Liébana hicieron lo que pudieron para desactivar la protesta y los regidores populares también preferían tener la fiesta en paz en ese día importante para la comarca.
El conflicto ganadero tiene, desde luego, una fuerte impronta política. El Partido Regionalista de Cantabria acusa al Partido Popular de alentar las tensiones, precisamente ahora que se indemnizan los vacíos sanitarios y los daños de los lobos que el Gobierno de Ignacio Diego no cumplía, mientras los populares replican que la Consejería navega sin rumbo y se proponen continuar con el ataque en la opinión pública y en el Parlamento.
Es la batalla por el medio rural que libran, casi en exclusiva, PP y PRC. Para los regionalistas es especialmente importante actuar con buen tino porque se trata de su principal clientela, donde reside la fuerza que les permite competir en las urnas con su gran rival y compensar las lagunas que padecen en Santander y en otros enclaves urbanos. Para el PP es una oportunidad de socavar el gran bastión del partido de Miguel Ángel Revilla.
Y no es sólo la disputa en los municipios de hasta 5.000 habitantes, no hay tantos votos que pelear en ellos, sino que afecta a un segmento más amplio: las vinculaciones familiares, los intereses y sensibilidades socio-culturales o identitarias del mundo rural y de la ganadería se extienden a otros entornos más poblados y tienen una incidencia considerable en las citas electorales.
La Consejería de Ganadería ha decidido también dar una pirueta en la política proteccionista del lobo acordada hace apenas unas semanas y ahora opta por mantener la calificación de especie cinegética que permita un mayor control para así atenuar los estragos en los rebaños. O sea, que se avecina otra campaña en la que tendrá enfrente a los grupos ecologistas más radicales y en primera fila a Podemos, que ya ha llamado a la movilización social en defensa del lobo.
En este caso, el PRC hace una previsión de daños tolerable. De Podemos no espera sino más críticas de las que ya viene formulando con progresiva dureza desde que dejó de ser el aliado externo del Gobierno y de los ecologistas tampoco espera muchos votos. Puestos a elegir, mejor proteger a los ganaderos.
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