El futuro de las pensiones en España

El argumentario habitual sostiene que el actual sistema es insostenible y que, por lo tanto, hay que reformarlo. La insostenibilidad emana de una evolución demográfica que se manifiesta en forma de aumento de la longevidad y progresivo envejecimiento; consecuencia ambas de una mejor sanidad y alimentación, tienen una vertiente muy positiva (¿quién no quiere vivir más gozando de buena salud?) y otra que no lo es tanto: dado que habrá muchos más pensionistas durante mucho más tiempo ¿cómo se financiarán sus pensiones?

La última cuestión es la que hace patente la urgente necesidad de reformar el sistema actual. Para reformarlo correctamente, sin embargo, hay que tener una idea clara de hacía donde caminaría el mismo de seguir en la misma línea que ahora. En este sentido, una serie de artículos publicados en una de las últimas ediciones del informe mensual de CaixaBank nos pueden ser de utilidad.

Para empezar, señalemos que las presiones sobre el sistema de pensiones derivan, además de la evolución demográfica mencionada, de los cambios que se registren en el mercado de trabajo. En este contexto ¿cuál es la evolución esperada del gasto en pensiones? Sinceramente, no se sabe con exactitud, pues la misma está subordinada a cuál sea la tasa de dependencia (la ratio ente pensionistas y población en edad de trabajar), la tasa de sustitución (ratio entre pensión media y salario medio), y la tasa de empleo (ratio entre ocupados y población).

Por razones puramente demográficas es obvio que la tasa de dependencia va a seguir aumentando; siendo en la actualidad del 31%, las estimaciones consideran que en 2050 podría situarse entre el 52,3 y el 64,3%. En cuanto a la tasa de sustitución, si se mantiene como hoy estaríamos hablando de una cifra en torno al 44%. Por último, se espera que la tasa de empleo mejore algo, y que pueda pasar de cerca del 56% actual a un abanico de entre el 60 y el 70%. Con estas hipótesis, el gasto en pensiones llegaría a situarse entre el 15,8 y el 22,6% del PIB, muy por encima del 10,7% actual; sólo si la tasa de sustitución o reemplazo oscilara entre el 23,3 y el 27,2% (muy por debajo de la que tenemos ahora) el gasto se elevaría al 12% (también por encima de esta).

Sea como fuere, parece que pintan bastos y que, por lo tanto, habrá que hacer algo para que el sistema de pensiones sea sostenible y, si se puede, mejorable. Entre las medidas indirectas, la serie de artículos arriba mencionada hace referencia a la necesidad de reducir la economía sumergida y elevar el crecimiento potencial, pues así aumentarían tanto la recaudación fiscal como la tasa de empleo.

En cuanto a las medidas directas, o de reforma explícita del sistema, se aboga tanto por retrasar la edad efectiva de jubilación (algo que no parece descabellado si vamos a vivir más y en mejores condiciones) como por introducir mecanismos automáticos que mejoren la sostenibilidad financiera del sistema; esto últimos pasan, en esencia, por aumentar las cotizaciones sociales y/o financiarlo en parte vía impuestos. Aunque ambos plantean problemas el primero elevaría los costes laborales y, consecuentemente, reduciría la competitividad y, quizás, el empleo; el segundo exigiría una reforma tributaria, salvo que se estuviese pensando en aumentar la presión fiscal (con los impactos negativos que nos podemos imaginar) o en reducir otros gastos- habría que explorarlos a fondo para ver el margen de maniobra existente en cada caso.

En los estudios citados se hace referencia también a una tercer vía la financiación complementaria mediante el ahorro privado que, me parece a mí, no tiene demasiado recorrido como solución general. Lo tiene, obviamente, como solución particular (para aquellos casos concretos que puedan permitirse, de forma más o menos continuada, contratar planes de pensiones y seguros de ahorro), pero no para el conjunto de la sociedad, ya que una parte importante de la misma no está en condiciones de ahorrar sistemáticamente. En todo caso, para promover más este mecanismo sería necesario, creo yo, aumentar los incentivos fiscales, lo que de nuevo nos lleva, en parte al menos, a la reforma tributaria. El asunto, claro está, es complejo, pero o se aborda con tiempo y de forma muy metódica y consensuada, o puede convertirse en un dolor de cabeza permanente para todos.