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Conozco a bastantes personas que desean, con ahínco, que termine este año 2020 marcado por el covid-19, que ha provocado miles de muertos y ... ha caído como un artefacto nuclear sobre la economía. Un año para olvidar. Ahora, que consumimos las últimas hojas del calendario es momento de repasar lo sucedido y, aunque sea de forma somera, hacer un balance de lo sucedido.
De la pandemia poco que añadir a lo ya más que sabido. Únicamente mantener la esperanza en que la vacuna erradique el virus lo antes posible. Lo que no es admisible, ni se puede dejar a un lado, es el tiempo perdido en otros asuntos de vital importancia para todos. Es justificable que los datos sobre la economía sean pésimos, que el gasto sanitario se incremente y que las ayudas supongan un crecimiento exponencial de la deuda. Lo que no se entiende es que otros departamentos de los gobiernos se mantengan parados, o avancen a velocidad de tortuga, mientras proyectos esenciales siguen esperando el visto bueno de la Administración, con mayúscula.
La peste del covid-19 ofrece una buena cortina de humo sobre algunos abandonos, pero no debe ser un telón que oculte la inoperancia de otros servicios públicos. Basta con repasar lo ocurrido en estos últimos doce meses para comprobar como problemas que nada tienen que ver con la salud y cuyos responsables no han tenido ningún obstáculo para avanzar en la búsqueda de soluciones, apenas si han progresado.
En Santander el futuro de las playas de La Magdalena y Los Peligros se mantiene pendiente de lo que ejecute el ministerio. Se aprobó, o así se ha contado, que finalmente iba a demolerse el espigón ya construido y retirar los materiales destinados a levantar el segundo. Hemos consumido un año y nada se sabe de qué empresa realizará la obra, ni el presupuesto para deshacer lo ya hecho, por cierto, un «ejemplo» de cómo se gasta el dinero de los ciudadanos. El temporal de estos días pasados ha servido de prueba de fuego. La parte de la playa protegida por el espigón ha quedado a salvo de la destrucción, mientras que la que debería estar al abrigo del segundo malecón ha quedado arrasada. Quizás cuando demos la ciaboga del calendario los responsables del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana abran la boca para reconocer que la técnica de protección de los arenales es correcta, aunque estéticamente no guste a una parte de los cántabros. Volvemos al síndrome del marco incomparable.
En Santander tampoco se ha aprovechado el tiempo para avanzar en los grandes proyectos. La dimisión de Enrique Bolado al frente de la dirección general de cultura paralizó los primeros impulsos y, ahora mismo, además de desconocerse quien asumirá ese cargo, apenas si ha habido avances en el proyecto del Reina Sofía/Archivo Lafuente en la antigua sede del Banco de España. Como tampoco en la obra de restauración del Museo Municipal, el MAS.
En Cantabria la situación es similar. La regulación rígida ha llevado a que la Justicia ordene la demolición de la depuradora de Vuelta Ostrera. Una depuradora que funciona bien, pero que debe ser destruida para construir otra nueva. Durante este año nada se ha avanzado sobre la decisión del lugar en el que deba ser ubicada la nueva infraestructura. Quizás, finalmente, el Parlamento termine por convencer a los denunciantes para que retiren su petición y se evite un gasto tan absurdo como costoso para el contribuyente.
Otro problema, en el que nada se avanza, es el de los centenares de viviendas que tienen una orden judicial de demolición. En estos últimos doce meses los municipios han sido incapaces de aprobar los nuevos planes generales que podrían legalizar una buena parte de las casas en peligro y tampoco se ha derribado ninguna que estuviera habitada.
Tampoco se ha aprovechado el tiempo para reducir la demora que atasca los trámites burocráticos, lo que frena la iniciativa, el crecimiento y eleva el paro. Hace días, el presidente de las empresas de hostelería de Cantabria denunciaba que, para llevar a cabo la construcción de un pequeño establecimiento en un terreno con todos los documentos en regla, en muchos municipios se tarda más de un año en otorgar la licencia. Lo que supone un freno al desarrollo. Estos problemas no requieren más gasto, simplemente activar la maquinaria burocrática y modificar normativas inútiles.
Sólo unos ejemplos de las docenas que se enquistan en Cantabria.
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