Por el aborto legal y seguro

La noticia de que el pasado 24 de junio el Tribunal Supremo de EE UU derogaba el derecho federal a la interrupción voluntaria del embarazo ha supuesto un duro golpe para los derechos de las mujeres, entre los que se encuentran los derechos sexuales y reproductivos; un durísimo revés a más de 36 millones de ciudadanas de Estados gobernados por republicanos, lo que afectará fundamentalmente a adolescentes, mujeres con escasos recursos y minorías raciales.

Como la historia ha demostrado, tal prohibición no va a impedir que las mujeres que necesiten interrumpir su embarazo lo hagan. Solo conseguirá que los abortos se practiquen en la clandestinidad, que dejen de ser seguros y pongan en riesgo la salud y la vida de las mujeres. Una catástrofe para ellas y sus familias, pero también una debacle democrática.

Pero, incluso cuando el aborto es legal, el ejercicio de ese derecho puede resultar difícil y convertirse en una carrera de obstáculos. Así, en nuestro país, existe una importante discriminación geográfica. En algunas provincias y comunidades autónomas no se realizan abortos en la sanidad pública, teniendo las mujeres que desplazarse a clínicas privadas concertadas en otros territorios.

De hecho, en 2020 el 84,51% de las interrupciones voluntarias de embarazo se realizaron en centros privados. Esto es particularmente grave cuando la causa de la interrupción es el diagnóstico de enfermedades o malformaciones fetales que al realizarse generalmente en gestaciones avanzadas supone riesgos que se controlarían mejor en un hospital público. Afortunadamente, Cantabria es una excepción ya que, en ese año, el 61,55% de los abortos se realizaron en el Hospital Valdecilla, muy por encima de la media nacional del 15,49% y, año tras año, se atienden las interrupciones por problemas fetales.

También persisten, a pesar de los años transcurridos desde la promulgación de la actual Ley 2/2010, problemas como la información sobre los pasos que deben dar las mujeres para solicitar una interrupción de embarazo, especialmente en el caso de mujeres migrantes con dificultades idiomáticas y cuyo acceso al aborto depende, además, de su situación administrativa; la no priorización con la urgencia debida de las pruebas necesarias para emitir un diagnóstico sobre el estado fetal y el acoso a mujeres y profesionales a las puertas de los centros que practican abortos.

Este 28 de septiembre podemos felicitarnos porque las mujeres, con el movimiento feminista a la cabeza, la ciudadanía y los profesionales defensores de los derechos humanos de las mujeres, hayamos conseguido que estos obstáculos largamente denunciados al acceso a la IVE hayan entrado en la agenda política y abordados en el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 2/2010 de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria de embarazo recientemente remitido al Parlamento. Esta iniciativa legislativa pretende eliminar los obstáculos que impiden el derecho efectivo a decidir sobre nuestros cuerpos. Devolviendo a las mujeres de 16 y 17 años o discapacitadas la posibilidad de decidir por sí mismas. Priorizando el acceso al aborto en la red sanitaria pública. Regulando la objeción de conciencia compatible con el derecho de las mujeres. Reforzando la formación de profesionales. Eliminando el periodo de reflexión de tres días. Incorporando la incapacidad temporal para la recuperación tras el aborto. Reforzando la educación sexual en todos los niveles educativos. Ampliando la financiación de anticonceptivos para evitar embarazos no deseados.

Pero hoy conocemos la enmienda a la totalidad que ha presentado el PP por considerarlo «innecesario, inoportuno y precipitado», lo que supondrá la devolución al Ejecutivo sin presentar proyecto alternativo, ignorando las reivindicaciones de las mujeres y profesionales, pensando en obstaculizar la tramitación parlamentaria de dicho Proyecto de Ley.

Este 28 de septiembre, en la concentración en la Plaza del Ayuntamiento de Santander a las 19.30 horas, reclamamos que el proyecto de ley siga el normal trámite parlamentario y apoyaremos cualquier enmienda que blinde eficazmente la protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Para una maternidad libre y deseada: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir y ley que lo garantice.