Abunomía y abucracia

Aunque hay quienes proponen, como recientemente los expertos del plan de la CEOE-Cepyme de Cantabria o hace meses un grupo de investigadores de la UC, aprovechar la existencia de población veterana para desarrollar los sectores económicos que la atienden (ocio, cuidados personales, sanidad), el planteamiento de lo que el profesor David Cantarero llama «la economía de las canas» necesita, naturalmente, que dicha población posea renta bastante como para permitirse tales bienes y servicios. Así volvemos al problema de las pensiones, aunque no todos los mayores dependen solo de pensiones, pues hay también ahorros invertidos en patrimonio o en productos financieros, que sirven como un capital que proporciona rendimientos.

Las protestas callejeras de los pensionistas y el oportunismo de los políticos no nos están dejando ver la magnitud de gran tsunami que ya se nos está viniendo encima, y que en comunidades como Cantabria desempeñará un papel determinante. Sumamos ya 140.000 pensionistas y nuestras ratios demográficas y de seguridad social van a ser de las más complicadas del país. La Seguridad Social cerró el año pasado con un déficit de 19.000 millones, equivalente a un 1,6% del PIB español. En la última década, el número de pensiones ha crecido un 15% y el gasto real, un 19%. Y lo que se avecina es aún más intenso, porque las generaciones del 'baby boom' están llegando a la edad de jubilación, con derecho a pensiones relativamente altas en relación con el último sueldo percibido (tenemos en eso el mejor índice de la Eurozona, el 78%), mientras que la base de trabajadores cotizantes no puede, ni por los números de su crecimiento ni por los salarios que se estilan, cubrir esa oleada de beneficiarios.

Esto significa que una parte relativamente reducida de los españoles (de los cántabros, en nuestro caso) deberá echarse a las espaldas simultáneamente a una gran población mayor y a unas generaciones jóvenes de adolescencia ampliada por los largos periodos de educación y tanteo del mercado laboral. Fingir que lograremos de modo inminente aumentos de productividad que permitan generar recursos para sostener esta solidaridad entre generaciones no es realista. Si en 2050 hay en España 16 millones de pensionistas, frente a los 10 millones actuales, para financiar esa subida necesitaríamos, según algunas estimaciones, pasar de los actuales 18 millones de cotizantes a 35 millones. Pero Bruselas calcula que como mucho llegaremos a 20. Los estudios más recientes (Consejo General de Economistas, FEDEA, Banco de España, Comisión Europea) coinciden en que el problema será peliagudo.

La 'abunomía', pues, representa un enorme desafío. Y esto se relaciona con la 'abucracia': un electorado mayor no tolerará a los políticos una devaluación significativa de las pensiones. Por tanto, de momento se irán sosteniendo a costa de sacrificar otros gastos del Estado y de apretar un poco más a ciertos cotizantes y a sus empleadores (lo que, no nos engañemos, puede afectar al empleo y al consumo inmediato, aparte de mosquear electoralmente a los cotizantes que van a pagar bastante más, sin ninguna garantía de trato recíproco).

Hay otra cuestión: el incremento del porcentaje de población mayor va añadiendo presión al gasto sanitario (que ya se está encareciendo por su propia dinámica tecnológica, farmacológica y de ineficiencias organizativas) y al de atención a la dependencia. Cualquier médico de urgencias sabe que un porcentaje de sus pacientes del día son de avanzada edad y múltiples patologías que requieren cada vez más tiempo y medios para la diagnosis. Este tipo de presión será creciente durante los próximos 30 años, y también forma parte de la 'abunomía' (cómo financiar este gasto en alza sin abrasar con impuestos a las empresas) y la 'abucracia' (la gestión sanitaria pondrá o quitará presidentes).

Teniendo en cuenta las dificultades objetivas para que la clase política actúe con luces largas (los votantes nunca premiamos semejante altruismo), lo más probable es que se utilicen algunos otros impuestos como complemento de unas aumentadas cotizaciones, por el lado del ingreso, y que se vaya reduciendo, por el del gasto, la capacidad inversora en otros menesteres. Las pensiones se comerán las infraestructuras, lo que no es bueno para Cantabria, que llega históricamente tarde a todo lo que huele a autovías o ferrocarriles. Marasmos como el actual pueden ser letales y el reloj ya corre contra nosotros.

En esta situación necesitamos un gran flujo de inmigrantes. Pero han de venir sobre todo como trabajadores, porque si viniesen solo como demandantes de ayudas o sanidad, se agravaría el problema que ya experimentamos debido al envejecimiento de la población, y se producirían las reacciones viscerales que alimentan en toda Europa opciones políticas extremas, como nos han advertido personas también del espectro progresista (Hillary Clinton). Una 'abucracia' temerosa o molesta será fácilmente movilizable hacia posiciones populistas, porque una persona mayor no puede esperar a las calendas griegas para que se arregle un servicio público, y preferirá creer al más tajante. El referéndum del Brexit de 2016 fue ganado por ese miedo de los mayores.

Cantabria está en una de las zonas que con más agudeza van a sentir este problema demográfico. También será, por ello, una de las primeras 'abucracias' de España. De hecho, el ejemplo de Miguel Ángel Revilla, próximo a cumplir 76 años, podría ser más una anticipación que una excepción en cuanto al perfil de futuros dirigentes de las Españas pensionadas.