Acabar con los incendios

Dos años después, la Administración regional está demostrando una mayor sensibilidad y hemos sido testigos de los esfuerzos de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente para comenzar a atajar esta epidemia de incendios provocados. Se están poniendo la voluntad y los medios humanos y materiales para empezar a combatir esta plaga, pero sigue siendo crucial mantener e incluso aumentar estos esfuerzos.

En lo que llevamos de 2021 (120 días el 30 de abril) se han producido casi 500 incendios en Cantabria: son más de cuatro incendios diarios de media. Sin embargo, la cifra en abril se ha disparado con casi diez incendios provocados cada día en nuestra comunidad. El pasado 17 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de Cantabria la regulación de las quemas controladas, una normativa que el ejecutivo identifica «como una de las herramientas en la prevención de los incendios forestales». Se justifica la necesidad de esta regulación para «implementar un procedimiento público y transparente que dote de una mayor seguridad jurídica a los usuarios del fuego en el medio natural y frenar la acción de los incendiarios», dada «la elevada demanda que existe actualmente del uso del fuego entre la población rural de Cantabria». Esta nueva norma, que entrará en vigor en junio, establece un procedimiento para la autorización y ejecución de quemas controladas y prescritas eficaces y seguras, que garanticen una ejecución acorde con los parámetros ecológicos establecidos.

Y es que la propia Fiscalía de Cantabria señala en su memoria de 2019 que «en Cantabria existe una problemática que perdura a lo largo de los años, consistente en la utilización del fuego por parte de los ganaderos para regenerar pasto. Dicha práctica ha sido muy negativa, ddurante 2019, en que se provocaron 553 incendios, mayoritariamente intencionados». También indica que las diligencias incoadas por ese motivo fueron, junto a los delitos contra la fauna y la flora, la mayor parte del total.

La estadística general de incendios forestales, del Ministerio de Agricultura, tampoco deja lugar a dudas sobre la gravedad de nuestro problema: en 2020, Galicia, Asturias y Cantabria, y las provincias de León y Zamora, encabezaron el ranking en número de siniestros y superficie forestal quemada. Un año más, líderes de esta terrible estadística. Otro dato demoledor nos indica que cinco de los seis municipios españoles que más han ardido respecto a su superficie desde 2001 hasta 2015 son cántabros, según una recopilación de datos que hizo Civio en 2018: Arredondo, Cabuérniga, Los Tojos, Selaya y Vega del Pas han ardido todos los años desde esa fecha, municipios eminentemente ganaderos. Somos conscientes de la complejidad del escenario y de la relevancia del sector ganadero en nuestra economía. Tampoco es nuestra intención culpabilizar a todo un sector sin distinciones, pero no podemos ignorar que el problema está indisolublemente ligado a él. Avanzar en la resolución de este problema requiere tanta capacidad de diálogo como de acción enérgica contra aquellos que usan el fuego de forma ilegal, ya sea para regenerar pastos o para dar salida a frustraciones del tipo que sean.

Es por ello que pedimos que se redoblen los esfuerzos para imponer la ley, para proteger nuestro patrimonio natural y para evitar que cunda la sensación de impunidad entre cualquiera que use el fuego de forma ilegal -ganadero o no-, restando autoridad a la administración a la hora de hacer cumplir las normas y poniendo en peligro el equilibrio de nuestra comunidad.

Las entidades firmantes propusimos ya hace dos años pasos enfocados a la prevención, asegurando los medios humanos, educativos y de investigación de incendios; fomentando los desbroces de matorral como alternativa a las quemas prescritas donde la orografía lo permita, garantizando una adecuada carga ganadera y dialogando con el territorio para atajar la utilización viciosa del fuego como herramienta multiusos, incluida la protesta social. Las consecuencias de no hacerlo son demasiado costosas: una pérdida irreversible de biodiversidad agravada por el cambio climático y un futuro mucho más difícil para todos. Por eso, reiteramos el llamamiento que hicimos hace dos años, para que juntos avancemos en la solución definitiva a este problema, antes de que no quede nada que quemar en los municipios, los montes y los bosques cántabros.

* Guillermo Palomero (Fundación Oso Pardo) | Carlos Sánchez (Fundación Naturaleza y Hombre) | Gerrado Baguena (Fundación para la Conservación del Quebrantahueso