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En los últimos meses el Gobierno de España presentó un Acuerdo sobre los nuevos Criterios de acreditación y calidad de los centros y servicios del ... Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), acuerdo que, pudiendo ser una oportunidad de mejora de la atención, está lejos de las necesidades reales en el momento actual de las personas en situación de dependencia.
Por supuesto que las empresas prestadoras de servicios de atención a la dependencia estamos a favor de que se acrediten los centros y servicios, nuestro objetivo es poder prestar cuidados de excelencia, pero no de cualquier forma, estamos a favor siempre que se cumplan una serie de requisitos para su aprobación y puesta en funcionamiento:
1. Es necesario contar con el sector prestador de los servicios en todo cambio normativo y evitando la desigualdad y la inequidad entre las comunidades autónomas.
2. No puede excluir de la normativa a ningún proveedor de los recursos. La norma de acreditación no puede discriminar en su cumplimiento entre centros públicos o privados, todos tienen que cumplir los mismos criterios
3. Transparencia y efectividad. Los centros públicos deben de entregar sus cuentas de resultados, exactamente igual que se les exige a los centros privados y concertados. Todos los ciudadanos tienen derecho a conocer no sólo cuánto cuesta un centro privado concertado a nivel de su comunidad autónoma dato que es publico, sino también el coste de un centro público, que es en la actualidad es totalmente desconocido, ¿Dónde está la trasparencia del sector público?
4. No retroactividad. El carácter retroactivo en la nueva normativa, produce inseguridad jurídica a las empresas (ya acreditadas según la normativa actual) y un gran riesgo de desaparición, al no poder asumir los costes en la adaptación a los nuevos criterios. Por otra parte, los centros públicos también deberían adaptarse a la nueva normativa.
5. Viabilidad económica. Los gobiernos autonómicos deben llevar a cabo un estudio de contabilidad analítica o de costes reales tanto de las plazas públicas como concertadas y adecuar la toma de decisiones al mismo. Debe de realizarse un estudio que determine el precio a pagar por el servicio en función de los costes y de la ratio que se quiere exigir. Un estudio económico que determine los costes de construcción; los costes de manutención, lavandería, limpieza, etc.; un estudio económico que analice el coste del personal necesario para la atención deseada; un estudio económico que incluya también, por qué no, un margen de beneficio para las empresas prestadoras del servicio. Es lícito ganar dinero atendiendo a las personas mayores
6. Libertad de elección. Para una buena atención centrada en la persona, modelo en el que dice basarse la propuesta de norma de acreditación, lo primero y más importante es la libertad de elección. El usuario tiene todo el derecho a elegir libremente el centro en el que quiere vivir; la administración no debe ser quien decida de manera unilateral a qué centro envía a cada persona.
7. Solución a la falta de personal en el ámbito del SAAD mayor coordinación entre el sector y el Ministerio de Educación y las Consejerías de Educación para conocer la realidad y las necesidades reales de personal y adecuarlo. y mientras se adecua, agilización de trámites de convalidación para personal extranjero, cuando la oferta de mano de obra en nuestro país es totalmente insuficiente para cubrir la demanda. Resulta una incongruencia plantear un incremento de ratio en un país que es incapaz de encontrar personal cualificado para cubrir determinados perfiles como sucede con el personal de enfermería o auxiliar, por ejemplo.
9. El SAAD debe estar en el ámbito del la Sanidad y no en los Servicios Sociales y al mismo nivel del Sistema de Salud. Es urgente mejorar la atención sanitaria y farmacéutica en los centros de atención a la dependencia, existe una gran desigualdad de atención entre comunidades autónomas y en el ámbito de la misma comunidad Cuando una persona decide o necesita pasar a vivir en un centro residencial, automáticamente deja de percibir por parte de la cartera de servicios sanitarios que si le corresponden estando en su casa. Si la sanidad es gratuita y universal: ¿por qué un usuario de un centro residencial privado o concertado, tiene que pagarla si cuando estaba en su casa no la pagaba? Cuando una persona está enferma acude al hospital, no se queda en su domicilio. Los centros somos la casa de nuestros usuarios: nos dedicamos a cuidar, no a curar.
Sería muy bonito tener centros de 120 plazas con unidades de convivencia de 15 plazas, y mucho más bonito centros de 15 o 20 plazas con unidades de convivencia de 3 o 4 plazas, y mucho más bonito aún poder atender a todos los usuarios en su propia casa, pero... ¿Nos lo podemos permitir? Así no: La propuesta de normativa no asegura ninguno de los puntos anteriormente mencionados y esto puede conducir a que peligre lo que lleva a que quede en el aire la viabilidad y sostenibilidad de la misma del SAAD .
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