El acuerdo final sobre la PAC

Un tema polémico ha sido el porcentaje de pagos directos de la PAC a prácticas respetuosas con el medio ambiente (ecoesquemas), fijado en un 25% de los fondos del primer pilar para todo el período, con una fase de transición inicial y un mecanismo específico para 2023 y 2024. Los Estados Miembros (EE MM) dispondrán de flexibilidad para que los fondos destinados a ecoesquemas no utilizados, entre el 20% y el 25% en un año, no se pierdan y puedan ser dedicados a otras intervenciones. La cantidad total de fondos no utilizados por debajo del 25% debe compensarse al final del período de programación. Además, aumentan los fondos del segundo pilar destinados a compromisos medioambientales hasta un 35% del total, con ponderación del 50% para las ayudas en zonas desfavorecidas.

Como novedad figura la pluriactividad en la definición de agricultor/ganadero genuino, incluyendo a quienes perciben menos de 5.000 euros de ayudas directas. Asimismo, la PAC tendrá una nueva dimensión social, no presente en la propuesta original de la Comisión. Los EE MM implementarán esta condicionalidad social de forma voluntaria desde 2023 y obligatoriamente desde 2025. Los beneficiarios PAC deberán respetar el derecho social y del trabajo comunitario para percibir ayudas. En 2025, los EE MM conectarán inspecciones nacionales de trabajo y organismos pagadores PAC por si procediera sancionar infracciones de normas laborales comunitarias.

También novedoso es que el 10%, como mínimo, del presupuesto del primer pilar se destine a apoyar a pequeñas y medianas explotaciones, mediante un pago complementario redistributivo. Supondrá apoyarlas adicionalmente. A este compromiso gubernamental a favor de la agricultura profesional-familiar, el ministerio quiere destinar el 20% de las ayudas básicas a rentas.

Objetivo de la reforma es más equidad en las ayudas, mediante instrumentos como el tope máximo de ayuda y la degresividad. Los EE MM pueden decidir reducir progresivamente a los agricultores/ganaderos los pagos directos anuales superiores a 60.000 euros y limitarlos a 100.000; también podrían permitir a los productores deducir el 50% de los salarios agrarios del monto total de la ayuda antes de la reducción.

En cuanto a las ayudas asociadas, los EE MM podrán disponer de hasta el 13% de los pagos directos para ayudas ligadas a la producción en sectores con más necesidades (lácteo, cárnico), más un 2% adicional destinado a cultivos proteicos.

La nueva PAC dará mayor protagonismo a jóvenes y al necesario relevo generacional; al menos un 3% de las ayudas directas tendrá que ser destinado a ellos, mediante pagos complementarios. Se mantiene el apoyo a la primera instalación; con unas dotación de hasta 100.000 euros por joven.

Por primera vez, la igualdad de género se engloba específicamente como objetivo PAC. Permitirá incluir en nuestro plan estratégico medidas de discriminación positiva hacia la mujer, buscando más oportunidades de ejercer en el medio rural como titular de explotación o de pequeña-mediana empresa agroalimentaria.

El acuerdo fija un periodo de convergencia interna paulatino para alcanzar el 85% en 2026. Esa convergencia intrarregional en el pago de la ayuda por hectárea debe alcanzarse al finalizar el periodo. Hay reglas para limitar pérdidas por su aplicación en sectores especialmente afectados (ganaderos de poca base territorial).

Se abre la posibilidad de que cada país asigne el 3% del presupuesto del primer pilar a herramientas de gestión de riesgos y crisis. Sobre estas últimas no he encontrado referencias españolas, sí claras en los digitales franceses: la activación de medidas de gestión de crisis será ahora mucho más simple; además de otras medidas, como reducir voluntariamente la producción, factibles sin esperar a que la crisis se generalice. Todos los sectores, rastreados por los observatorios comunitarios del mercado, deberán revisar los stocks de productos y alcanzar medidas de salvaguardia para el mercado europeo ante importaciones desestabilizadoras. En cuanto a la nueva reserva para financiar medidas de mercado en tiempos de crisis se establece de modo permanente con un presupuesto anual de al menos 450 millones de euros; no se devolverá a los productores si no se utiliza.

El acuerdo incluye una declaración política conjunta de Consejo, Parlamento y Comisión sobre la preocupación de los agricultores/ganaderos respecto a las importaciones de productos de terceros países y sus condiciones para que no supongan competencia en desigualdad con los productores comunitarios.

La condicionalidad implicará medidas más ambiciosas. El 3% de la superficie arable de cada explotación se dedicará a biodiversidad y quedará sin cultivar, con posibilidad de apoyo, vía ecoesquemas, para llegar a un 7%. Humedales y turberas estarán protegidos.