Acuerdos para la recuperación

Recuerdo la prepotencia del Sr. Aznar diciendo aquello de «pedigüeños», cuando el gobierno socialista de Felipe González negociaba un fondo presupuestario (el Fondo de Cohesión) que equilibraría el nuevo reparto de los Fondos Estructurales del que se beneficiarían los nuevos 'lander' alemanes después de la unificación y los países del Este que negociaban la entrada en la Unión Europea. Se negociaba un nuevo fondo para financiar proyectos de medio ambiente e infraestructuras de transportes y ayudar a países como España, Portugal, Grecia o Irlanda a conseguir las condiciones convergencia de acceso al euro.

En España somos aficionados a diseñar estrategias de confrontación que erosionen la acción de los gobiernos, que distorsionen el debate y que generen división en la convivencia ciudadana. Pero instalarse en el desacuerdo sistemático, solo conduce a cuestionar los consensos básicos en los que se sustentan las instituciones de nuestro sistema democrático. Desde la estrategia de la crispación no se discuten las políticas gubernamentales, sino que se tiende a deslegitimarlas y hacer imposible un acuerdo o compromiso, aunque se trate de temas de Estado que tradicionalmente quedaban fuera del debate político y la tensión electoral.

Será bueno conocer cuál va a ser la posición del Sr. Casado, si va a trabajar por lograr acuerdos para la reconstrucción que se financiarán con fondos europeos y desde la lógica oposición crítica garantizar la estabilidad y la gobernabilidad, o si optará por la retórica y el vacío. En la madrugada del 21 de julio, después de cinco días de ásperas negociaciones, los 27 miembros de la Unión Europea alcanzaban, por unanimidad, un acuerdo excepcional que trataba de responder a la crisis económica del covid-19 y evitar, también, una fragmentación económica entre los socios comunitarios. Se trata de un fondo de reactivación dotado de 750.000 millones de euros; 390.000 millones de ayudas y el resto, 360.000 millones, como préstamos. Por primera vez en la Unión Europea las subvenciones o ayudas se financiarán con emisiones de deuda conjunta, gestionará la mutualización de los riesgos entre los Estados Miembros, y sus presupuestos ejercerán de estabilizadores para evitar crisis asimétricas y avanzar hacia la estabilización fiscal.

Los fondos se destinarán a inversiones de duración limitada, con estrictas reglas de elegibilidad para evitar que se conviertan en una «carta a los reyes magos» (modelo regionalista). España dispondrá de 140.000 millones de euros, de los cuales 72.700 serán transferencias, que deberá planificarse y gestionarse entre 2020 y 2026. España tiene capacidad para utilizar con acierto esta oportunidad y generar las inversiones que necesitamos y proyectar un crecimiento sostenible a medio plazo.

Los Presupuestos de 2021 serán la primera prueba para conocer si se ha entendido el mensaje, porque hay que encajar en ellos los primeros millones (unos 30.000) procedentes de las ayudas europeas. Los partidos políticos y las comunidades autónomas deberán entender la gravedad de la situación y contribuir al pacto desde la lealtad y el gobierno (todo el gobierno) tendrá que trabajar para tender los puentes posibles para alcanzar un acuerdo. Se necesita un presupuesto consensuado y un gobierno eficaz para su gestión, y entender que no puede haber inversiones que no estén presupuestadas. Si no se aprovecha esta oportunidad, habrá que señalar a los culpables por no atender las necesidades que requiere nuestra economía y por impedir que nuestro país recupere reputación y prestigio en la comunidad internacional.

En la cumbre celebrada en Bruselas, también se acordó un nuevo marco financiero para los presupuestos comunitarios para el periodo 2021-2027 de más de un billón de euros. El plan de recuperación de la economía española debiera tener un horizonte de siete años, el que está previsto en las perspectivas presupuestarias europeas, y contener una reforma fiscal, ajustando la presión fiscal a la media europea y graduando su aplicación según se recupera la economía. Esa reforma fiscal diseñará el plan de estabilidad financiera para corregir el déficit presupuestario y aliviar la carga de la deuda, teniendo en cuenta que el gasto social obligado por la pandemia deberá mantenerse durante un tiempo y simultáneamente aplicar un plan inversor en nuestra industria, en el sector turístico, en sanidad, educación y cultura, en la medidas de transición energética y en capital tecnológico.

Las ayudas europeas serán más útiles si se suma la iniciativa privada y si se aplican a un plan estratégico de transformación de la economía y del modelo productivo. España no puede perder oportunidades salvo que se opte por el aumento del desempleo, la destrucción del tejido industrial y la reducción de las rentas disponibles. Un plan de reconstrucción exige, por necesarios, todos los acuerdos posibles. La primera prueba: los Presupuestos de 2021.