Una administración diligente

Al igual que los ciudadanos particulares también las empresas, sean grandes o pequeñas, tienen que mantener permanentemente relaciones con las distintas administraciones, de las que precisan desde autorizaciones para las actividades que quieren realizar hasta justificar ante las mismas su ejecución o su estado, para lo que deben presentar multitud de documentos -muchos de los cuales, por cierto, podría obtener directamente la propia unidad operante con dirigirse directamente al organismo competente-, actos para los que disponen de tiempo limitado, ya que de no hacerlo así su solicitud decae, o queda expuesto a sanciones por incumplimiento de alguna de tales obligaciones.

Igualmente, muchas son las ocasiones en las que las propias administraciones tienen que dirigirse unas a otras, y dentro de cada una de ellas de unas unidades administrativas a otras, para solicitar informes que la correspondiente normativa exige de forma preceptiva a la hora de resolver el correspondiente expediente o que el organismo actuante considera de interés para tener una opinión técnica o jurídica que les ayude a la mejor resolución del trámite en curso.

Ante lo expuesto, parece lógico pensar que las distintas administraciones actuarán con gran agilidad y coordinación, marcándose tiempos concretos y reducidos, admitiendo la veracidad de lo que se le aporta -en tanto en cuanto no se demuestre lo contrario- y pensando que todo aquello que pueda ser corregido o aportado posteriormente no tiene por qué entorpecer, ni tampoco dilatar, el procedimiento administrativo seguido en cada caso en los que intervienen.

¿Es eso así? Evidentemente, no. Tristemente en nada se parece lo dibujado a la realidad. Desgraciadamente si por algo se caracterizan nuestras administraciones -con las lógicas excepciones, debidas más al buen hacer de algún funcionario que al procedimiento administrativo diseñado para la ocasión- es por todo lo contrario a lo que consideramos que debiera ser lógico y exigible. Y es que aunque lo normal, ante cualquier problema, sea echar la culpa a los funcionarios, a los cuales, decimos, no les importan los problemas de los ciudadanos, la realidad, en general, es diferente, pues el mal tiene raíces mucho mas profundas.

¿Donde está entonces el problema? Lógicamente es necesario buscarlo en la organización administrativa, en los procedimientos burocráticos establecidos, en el sistema basado en la desconfianza y en el papeleo. Y es que cuando un solicitante presenta su petición, por ejemplo para la apertura de un negocio, inmediatamente se pone en marcha el procedimiento administrativo diseñado al efecto y comienzan a pedirle papeles y a solicitar informes a otros departamentos, los cuales dilatan en el tiempo la resolución final del expediente y con ello la autorización solicitada. ¿No sería más lógico, en casos sencillos, como este planteado, dar la inmediata autorización de apertura acompañando ésta de los requisitos que debe cumplir para luego, a posteriori, comprobar que los mismos se han cumplido y en caso contrario hacer las correcciones, y digo correcciones no sanciones, a que hubiere lugar?

Si cuestiones de escasa entidad se pueden dilatar meses y meses en el tiempo la situación se vuelve casi imposible cuando en el correspondiente expediente tienen que intervenir más de una administración, llegando al paroxismo de lo desesperante si lo hacen las tres, la central, la autonómica y la local. Y así fácil es ver en los medios de comunicación cómo pasan los años sin que tales administraciones se pongan de acuerdo y den solución a proyectos, tanto públicos como privados, cuyo inicio en el tiempo ya ni recordamos. ¿No sería más lógico, en estos casos, establecer una comisión de trabajo formada por representantes de tales administraciones para que en un plazo determinado de tiempo presenten una solución en vez de estar mandándose informes que las otras rechazan o solicitan se amplíen con nuevas peticiones y que alargan hasta el infinito la correspondiente resolución?

A la vista de lo anterior parece razonable pensar que la solución debería pasar por establecer, por los correspondientes dirigentes políticos, procedimientos claros y sencillos que luego deban seguir los funcionarios actuantes. En definitiva, en organizar una administración diligente y al servicio del ciudadano en vez de continuar manteniendo un sistema basado en la burocracia y la desconfianza.