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El covid-19 ha introducido en nuestras vidas un escenario excepcional, tanto en lo público como en lo privado, y las estrictas medidas sanitarias adoptadas ... justificadas por la gravedad de los acontecimientos vividos, han sido acatadas de manera ejemplar por la ciudadanía.
Transcurrido año y medio desde su inicio, la sociedad civil ha recuperado plenamente el pulso de su actividad con la ayuda de una acusada bajada en la curva de contagios gracias a las campañas de vacunación. Ahora bien, me pregunto si la Administración Pública ha respondido adecuadamente a la evolución de la crisis y si se está dando cumplimiento a su función.
En estrictos términos académicos, la Administración Pública es la encargada de poner en contacto directo a la ciudadanía con el poder político mediante la figura de los servidores públicos, satisfaciendo los intereses colectivos de forma inmediata.
La Administración Pública debería reaccionar de inmediato y retomar la actividad a pleno rendimiento, siguiendo el pulso de la sociedad civil. Debe reabrir sus puertas al ciudadano y comenzar a prestar un servicio cercano que no disuada a los administrados de acudir a los organismos que gestionan la vida pública del ciudadano.
Las sedes de Hacienda, consultorios médicos, Seguridad Social, Catastro, Ayuntamientos, Juzgados, etc, se han convertido en edificios fantasma, vacíos de público y de personal gracias a la ineficaz gestión del llamado teletrabajo.
En el ámbito de la administración de Justicia, abochorna observar como profesionales y justiciables esperan a las puertas de las sedes judiciales por la imposición de unos controles férreos de aforos que ya no tienen sentido dadas las circunstancias actuales.
Cabe la sospecha de que el sistema de citas previas y cierre de puertas ha venido para quedarse, y que nuestra Administración Pública se ha acomodado a esta situación; el ciudadano «molesta» y «perturba» con su presencia.
Ahora más que nunca los administrados necesitan del auxilio de profesionales que, como los procuradores de los tribunales y los abogados sirven de nexo con unas administraciones cada vez más distantes del ciudadano y desconocedoras de la realidad social.
Aun así, no dejaré de mantener la esperanza en que la sensatez y la conciencia social de nuestros «servidores públicos» sirvan de guía para la toma de decisiones y actuación en un futuro inmediato.
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