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Durante los comicios que se celebrarán el 23 de julio, oiremos hablar mucho del bien común. El objetivo principal del derecho y del Estado debe ser siempre lograr el bien común de toda la sociedad. En primer lugar, hay que decir que el bien común ... hace referencia a un bien perteneciente a toda la sociedad en conjunto. En segundo lugar, consiste en un beneficio para todos que es indivisible y que no se forma por la suma de cada bien individual. Asimismo, el bien común constituye una obligación del Estado, por lo que la justicia, el orden, la seguridad o las normas jurídicas se constituyen con el objetivo de garantizar el bien común.
Pero nos encontramos con que el bien común ha ido sustituyéndose en el habla de los políticos por algo menos exigente, desde el punto de vista moral: el interés general. En oposición a los intereses particulares de individuos o grupos. Ocurre, además, que el interés general, últimamente, se está construyendo como una simple agregación de intereses de parte a los que se va dando satisfacción por la vía legislativa explorada con urgencias injustificadas y oídos sordos a cualquier consejo de mínima prudencia.
Creemos que el bien común está hecho de grandes proclamas en torno a la sanidad, la educación, la atención a los mayores o la pulcritud en el manejo de los fondos públicos. Pero también está hecho de respeto al mobiliario urbano, la no agresión a los sanitarios, no saltarse las normas de tráfico, evitar el derroche de agua o alimentos, y eso va más allá del sesgo político. «La solicitud por lo común es la medida de la perfección» (San Agustín).
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