Una vez más, el Gobierno de Pedro Sánchez y Unidas Podemos repite una secuencia que siempre le ha salido mal. Nos referimos a anuncios con ... visos espectaculares que, al descender a la letra pequeña del boletín oficial y de normas de inferior rango, se convierten en un maremágnum en el que la sociedad no sabe bien a qué atenerse. No es un buen método de gobernar, refleja escasa planificación de la gestión ejecutiva y provoca en la ciudadanía malestar, fricciones y enojo.
Nadie pone en solfa que, por solidaridad con los socios europeos que se pueden ver damnificados por el corte del gas ruso, hemos de hacer economías extraordinarias, ya que indirectamente estamos sosteniendo a Ucrania en la guerra contra la superpotencia que la ha invadido. No necesitamos las restricciones al consumo en un tiempo de guerra, pero tampoco vivimos tiempos de paz normales, ya que Moscú ha elegido presionar a Europa con el suministro energético para doblegar su voluntad. No hemos de ceder ante esa barbarie geopolítica.
Además, los socios europeos han reducido a la mitad la magnitud del sacrificio energético que hemos de realizar en la Península Ibérica, y este es otro motivo añadido para ser solidarios. Pero lo que no se puede hacer es jugar a la propaganda de cara a Bruselas, con medidas que no han sido pactadas con nadie y cuya implementación precisa parece confusa y engorrosa, cuando no directamente inviable. Por ejemplo, en toda situación de humedad por debajo del 30% o por encima de 70%, las limitaciones de temperatura dejan de estar vigentes. ¿Quién va a ejercer una vigilancia universal de la humedad relativa del aire? Es un planteamiento absurdo; si fuera una recomendación, parecería más razonable que si viene asociado a una escala de sanciones. Entre la improvisación política y la rigidez de los burócratas, no se producen normas jurídicas, sino meras imposiciones que no incentivan el compromiso de las personas.
Es evidente que Pedro Sánchez y Yolanda Díaz no se sienten capaces de convocar un gran esfuerzo y consenso nacional por el ahorro y la eficiencia energética. Objetivos por los que han realizado bien poco, antes y después de los fondos Next Generation EU. Los transportes públicos siguen siendo problemáticos, sobre todo los ferroviarios. El impulso a las energías renovables es lentísimo. El de rehabilitación para eficiencia energética de los edificios, lo mismo. No hay un mensaje claro sobre las centrales nucleares, ni sobre el problema que puede sobrevenir a la producción hidráulica si entramos en un ciclo de sequías persistentes.
Es posible que el oscurecimiento de las zonas urbanas logre algunos ahorros, pero todos sabemos que el problema fundamental pasa por incrementar la generación renovable, la estanqueidad térmica de las edificaciones y las buenas prácticas en el transporte público, así como en las empresas intensivas en energía. Esto no se hace por decreto.
En Cantabria, no se ha producido un verdadero análisis, sino un simple seguidismo de la normativa nacional, a pesar de que las condiciones cantábricas y sus sistemas productivos presentan perfiles propios ante el reto energético. No hay nadie al frente de esta importante cuestión en nuestra comunidad. ¿Cómo se piensan solucionar las mil y una incidencias de aplicación que esta normativa puede suscitar? Parece que la primera medida para ahorrar energía debería ser ahorrar confusión. Más diálogo resulta imprescindible para no causar estropicios económicos arbitrarios ni perturbar más la vida cotidiana de los cántabros.
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