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Es curioso observar cómo, en plena ola de calor veraniega, somos capaces de acalorarnos todavía más a costa del aire acondicionado. Y es más bochornoso aún comprobar una vez más cómo algo que sólo puede solucionarse con el empeño de todos vuelve a convertirse en ... arma arrojadiza e instrumento de división. El nuevo Real Decreto del 1 de agosto incluye medidas de ahorro energético con la intención de reducir nuestra demanda de gas natural en un 7%. Partimos de la base de que a nadie le gusta gastar por gastar, y menos si sale de su bolsillo. También partimos de una regulación técnica exigente y actualizada como por ejemplo el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) o el Código Técnico de la Edificación (CTE). Ambas han sido modificadas en los últimos tres años para incorporar nuevas medidas de ahorro y eficiencia energética sin grandes revuelos ni connotaciones políticas. ¿Cómo es posible que unas nuevas medidas que siguen en la línea de ahorro previstas sean ahora motivo de confrontación? Seguro que a cada uno de nosotros se nos ocurren varias respuestas, aquí van las mías:
-Ideología y oportunismo: Como nos repetimos cada vez que contemplamos asombrados el espectáculo político, hay temas que exigen amplios consensos para llegar a soluciones. El energético es claramente uno de ellos, pero, unos por ideológicos, otros por oportunistas, la casa sin barrer y el ahorro sin llegar. Las mayores y mejores medidas de ahorro vendrán cuando los políticos se pongan de acuerdo. Y como lo saben, pero no lo hacen queda más en evidencia su falta de voluntad para resolver el problema de fondo.
-Falta de imparcialidad y transparencia: Nuestras opciones para la transición energética chocan con los intereses políticos de unos y la intransigencia de otros. Nuestra ambivalencia en las relaciones con Argelia -histórico proveedor de gas natural-, la falta de diálogo sobre la energía nuclear o un latente negacionismo climático son algunos ejemplos.
-Ambigüedad en el resultado de las políticas energéticas: Desde que hemos puesto tope al precio del gas para reducir el precio de la electricidad, nuestro consumo del gas para producción eléctrica ha aumentado más de un 100%. El empeño por potenciar el vehículo eléctrico mientras se dispara el precio de la electricidad tampoco transmite seguridad. La guerra entre las empresas eléctricas, la banca y el gobierno no augura un escenario de soluciones consensuadas y razonables.
Quizá la solución pase por rebajar el nivel de connotación política de las propuestas energéticas, prestigiar a los organismos técnicos y dar un mayor protagonismo a la imparcialidad y la transparencia.
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