Albaneses en Santander

La Fiscalía de Cantabria en su memoria de 2021 les deja (sin aportar datos) por delincuentes y por personas problemáticas. El Ayuntamiento de Santander intentó tapiar el edificio en que viven. Podríamos añadir a casi todos los grupos parlamentarios o al presidente del comité de empresa del Puerto, Antonio Toca (UGT), que señalaba: «Son jóvenes de 18 a 30 años, exmilitares profesionales, que saltan la valla y lo saltan todo».

A quien ostenta una responsabilidad se le debería pedir más rigor y también evitar el discurso estigmatizador hacia personas que migran a Inglaterra porque allí tienen una red de amigos y familiares que puede hacerles más fácil encontrar trabajo. Igual que hacían los migrantes españoles que iban a América y Europa no hace tanto. Si pensáramos un poco más allá de Santander, veríamos a los migrantes (sirios, afganos...) que intentan pasar desde Patras (Grecia) a Italia colándose en un ferri, o a los migrantes que desde Velika Kladusa (Bosnia) quieren llegar a Croacia para entrar en la Unión Europea y optar a una vida digna, como en tantas partes del mundo.

Nadie pretende que el puerto incumpla la ley o deje de controlar sus accesos, pero es inadmisible la estigmatización injusta a la que se somete a personas que sólo quieren ir a otro país. Es inadmisible el abandono absoluto en el que están, y la pérdida de derechos derivada de esa estigmatización. No es sensato que, además, la única intervención que se tiene con ellos sea la policial. ¿Qué sociedad democrática aborda un problema social, el que sea, sólo desde lo policial?

Hablamos de pérdida de derechos porque se ha multado a quienes les han llevado agua y comida durante la pandemia, porque la Policía Nacional ha entrado sin mandato judicial en el lugar en el que viven, y lo ha hecho con el amparo de la Delegación de Gobierno, para quien «no se sabe si viven allí o si sólo se reúnen allí», y con la incomprensible bendición de la Fiscalía, que mantiene la tesis de que allí no viven, sino que sólo hacen «ocasionales pernoctas».

Particularmente dolorosa e inaceptable es la postura de la Audiencia Provincial de Cantabria (Auto 295/2021, de 13 de julio 2021) donde señala que las condiciones en que viven los migrantes albaneses «no son compatibles con la dignidad humana» y que «la consecuencia de ello es la innecesariedad de la autorización judicial para amparar la actuación policial». Es decir, si usted es tan pobre que vive en condiciones miserables, a usted le negamos los derechos que tienen los demás. Les da igual que el Tribunal Supremo (STS 436/2001, 19 de marzo) haga extensible la protección «a cualquier local por humilde y precaria que sea la construcción en donde viva la persona, las personas o la familia, incluso en concepto de residencia temporal».

Frente a este torrente institucional, mi experiencia personal es diferente. Algunos de esos chicos sí han estado en mi casa conmigo y con mi pareja. Venían para ducharse, lavar la ropa, cenábamos juntos, nos reíamos un rato y por un momento nadie les trataba como polizones o delincuentes. Aprovechaban para cargar los móviles y llamar a su casa. Ni las dificultades del idioma impedían que nos entendiéramos o que se viera lo que había detrás de aquellos ojos.

Ese proceso de estigmatización tan intenso, además de lo antidemocrático que es, para nosotros es doloroso, porque se dirige contra chicos a los que hemos conocido y hemos cogido cariño y contra otros que son como ellos: migrantes. No hemos sido los únicos. Más personas les han acogido en su casa. Otros son criticados por darles servicio en su negocio de cafetería, por ejemplo, y curiosamente todos los que de uno u otro modo les hemos acogido alguna vez, tenemos el mismo deseo íntimo para estos migrantes: «ojalá les vaya bien». Y es que no hay como abrir la puerta... para que salgan todos los prejuicios.