Administraciones eficientes, ¿para cuándo?

Sorprendente es ver cómo tales dificultades se las ponen también entre sí las propias administraciones y hasta los organismos de una misma administración, dilatando con ello cualquier proyecto emprendido por los mismos. Y así, organismos hay de la Administración Central que cuando otro de esa misma Administración –y ya no digo cuando es otra distinta, y, por supuesto, cuando se trata de una empresa o un particular– solicita un informe aquel se dilata en el tiempo, exigiendo, supongo que para justificarse, nuevos documentos o aclaraciones, todo lo cual conduce a una ralentización del proyecto y a un encarecimiento del mismo. Igual podemos decir de las administraciones y empresas dependientes de las comunidades autónomas, por lo que es innecesario repetir el rosario de dificultades que encuentra cualquier empresa o particular cuando precisa realizar una gestión ante ellas. Similar gravedad tiene lo que pasa en muchas administraciones municipales, algunas de las cuales, a pesar de ser las más cercanas a los ciudadanos, viven y gestionan todos sus asuntos a espaldas total de los mismos.

Afortunadamente, siempre hay excepciones, y así, algunas administraciones, –desgraciadamente muy pocas todavía– están empezando a tomar medidas correctoras de la gestión que desempeñan. A este respecto, el pasado día 7 de febrero el periódico 'Sur de Málaga publicaba que la Junta de Andalucía iba a modificar 53 leyes, 95 decretos y 28 órdenes para simplificar todo el andamiaje burocrático y administrativo con el fin de agilizar todos los trámites que actualmente hay que realizar ante los distintos organismos de esa comunidad autónoma. A tal fin ampliará el silencio positivo –con el que se obtiene la autorización administrativa correspondiente si ésta no ha sido denegada en un plazo concreto– y la figura de la declaración responsable –cuyos actos se controlan a posteriori–, lo que supondrá una agilización notable, además de una confianza en el ciudadano en contraposición a la permanente desconfianza que cada día más impera en la actual administración hiperburocratizada de muchos organismos públicos. Las medidas anteriores, indicaba, irán acompañadas de otras, tales como las destinadas a impulsar la actividad económica o a la mejora de la gestión, poniendo énfasis, a tal fin, en la digitalización, para lo que prevén reducir las mil aplicaciones móviles utilizadas actualmente por la Administración Autonómica a menos de cien.

Esa política debiera ser la imperante en todas las administraciones públicas, pues se trata, no en vano, de un ejercicio de «responsabilidad» por parte del ciudadano, que lógicamente se compromete a hacer lo que dice que va a hacer, y de «confianza» en sus ciudadanos por parte de la Administración, que admitiendo la buena fe del solicitante facilita a éste la ejecución rápida de lo solicitado, limitándose luego a comprobar que todo se ha hecho conforme a lo indicado. Naturalmente si esa confianza se viese defraudada, mucho más si ello fuese hecho con el ánimo de engañar y defraudar, la Administración puede, y debe, adoptar las medidas correctoras que proceda y, si fuere menester, sancionar como corresponda tal acción.

Y es que de seguir las administraciones en la actual política de desconfianza, dificultades, exigencias y gestiones ilimitadas, podría conducir a que un día los ciudadanos, hartos de una gestión ineficiente de las mismas, cuando éstas convoquen las correspondientes elecciones les digamos, siguiendo su ejemplo, que nos es imposible votar si solo nos dan un plazo de 12 horas.

Qué menos, podríamos decir, que disponer de los días necesarios para comprobar que la urna en la que vamos a introducir nuestro voto está en buen estado y que los componentes de la mesa electoral son los que tienen que ser y no otros, tarea que nos exigirá desplazarnos, una o más veces, hasta el correspondiente colegio electoral para comprobar que es realmente el que nos corresponde y asegurarnos de que todo está correcto, para una vez decidido nuestro voto comprobar que la papeleta escogida es la buena, lo que nos permitirá depositar ésta y retirarnos en la confianza de que hemos hecho todo bien.

Eso, que dicho así, cualquiera calificaría, con buen criterio, de un ejercicio de buen humor, es, más o menos, lo que, carente de ninguna gracia en este caso, hacen actualmente con nosotros muchos de nuestros políticos en las diferentes administraciones públicas. Queda por tanto en el aire la pregunta que da título a este artículo: administraciones eficientes, ¿para cuando?