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Los implicados en la trama independentista de Cataluña, dirigidos por el entonces presidente, Carles Puigdemont, negociaron con el Gobierno de España una ley de amnistía que día a día iban modificando en función de los delitos que se iban acreditando por parte de los jueces ... encargados de realizar las diligencias correspondientes, lo que hacía que llegasen a exigir que la ley en tramitación contemplase aspectos tan importantes como son los delitos de terrorismo o los de alta traición al Estado.
Desde luego a cualquiera de nosotros nos resulta indiferente que una ley de amnistía contemple o deje de contemplar delitos de tales características pues ni hemos practicado nunca tales hechos ni tan siquiera se nos ha pasado por la imaginación hacerlo, por lo que para nada necesitaríamos una ley que condonase los mismos y mucho menos que suponga su olvido como si nunca hubiesen ocurrido.
Es por ello que cuando al Sr Puigdemont y a sus secuaces les preocupa tanto el tema como para exigir su incorporación en una ley, hasta el punto de votar hace ahora un mes en contra de la misma por no haber incluido en su redacción final aspectos tan extremos como los de traición al Estado o el terrorismo en todas sus vertientes, a pesar de que ya para entonces el PSOE había dulcificado la ley considerando amnistiables los actos terroristas que no atentasen gravemente contra los derechos humanos, (como si cualquier acto terrorista no afectase a los derechos humanos), o la alta traición al Estado, (al estar acreditándose en ese momento las relaciones mantenidas por algunos de los máximos dirigentes de la Generalidad con la Rusia de Putin, con el objetivo por parte de éste, se supone, de incidir en la desestabilización de España y de la propia Union Europea), significa que admiten que tales delitos los cometieron, porque si no fuese así les hubiera sido indiferente que la ley contemplase o no los mismos.
Expuesto lo anterior hay una pregunta que surge de inmediato: ¿es lógico que un Gobierno, que debe ser de todos los españoles, negocie tales extremos con un huido de la justicia solo por el interés de su presidente de contar con los siete votos de Juns? Parece razonable que no, y por ello, tal actitud conlleva una grave responsabilidad que el Gobierno y el partido que lo dirige deberán responder ante todos los ciudadanos y, muy especialmente, ante aquellos que en su día les dieron su voto. Sin embargo no es esa la cuestión que hoy pretendo plantear al lector que hasta aquí haya llegado, sino las razones que mueven al señor Puigdemont, y al partido político que le sustenta, para mantener las exigencias expuestas, además de otras muchas que demuestran su interés en que los actos que cometieron queden no ya impunes judicialmente sino que desaparezcan totalmente como si nunca hubiesen sucedido.
¿Y cuales son esas razones?. Lógicamente, solo puede haber una, cuál es, que son culpables. Que ellos mismos, con tal proceder, están admitiendo su culpabilidad, pues en caso contrario ni querrían indultos, como los obtenidos por algunos de sus compañeros de asonada, y mucho menos exigirían un borrado de hechos tan total como el de la amnistía que plantean, ya que se limitarían a defender su inocencia y a tal fin se someterían voluntariamente ante la justicia para, en uso de sus derechos, demostrar que lo que hicieron era correcto y nada tienen, por ello, que temer. Claro, que tal proceder es mucho pedir para un sujeto que no dudó en ponerse a salvo huyendo en el maletero de un coche luego de quedar con sus correligionarios en verse en su despacho al día siguiente. Este proceder, seguido, salvo en lo del maletero, por algunos otros valientes independentistas, como el militante de ERC recientemente huido a Suiza, por citar el último de tales valerosos defensores de su pretendida Republica, publicita sin ninguna duda la admisión de culpabilidad por parte de los mismos.
Ha transcurrido un mes desde que Junts rechazó por primera vez en el Congreso de los Diputados la Proposición de Ley de Amnistía presentada por el PSOE por parecerle insuficiente, la cual, «adecuadamente adaptada a las exigencias de Puigdemont y con el visto bueno de éste», será definitivamente aprobada una vez termine su tramitación en el Senado, por lo que alguien podría preguntar, ¿y a que viene entonces volver sobre ese tema si una vez resuelto pronto nos olvidaremos de él? Éste es el problema, que los ciudadanos nos olvidamos de temas tan importantes como el comentado tan pronto deja de hablarse de ellos y otros problemas ocupan el lugar informativo que antes ocuparon aquellos. De esta falta de memoria se sirven determinados políticos para hacer lo que hacen a sabiendas de que los suyos se lo perdonarán y a los demás se nos olvidará.
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