Ya está bien

El tema, por repetitivo, resulta ya cansino, pero al mismo tiempo su presencia permanente en los debates políticos y medios de comunicación hace que muchos ciudadanos acaben aceptándolas al ver a sus dirigentes políticos, tanto de ámbito nacional como autonómico o local, justificarlas y, llegado el caso, adoptarlas como propias, aunque para ello tengan que buscar eufemismos para camuflar su verdadero significado y cerrar los ojos ante el daño que las mismas saben representan para el futuro de su propio partido y, lo que es más importante, para España en su conjunto.

Pero claro, las competencias que ejerce un Estado son finitas y, por ello, limitadas son las que puede ceder a otros ya que, como es lógico, no puede dar lo que no tiene. Consecuencia de lo anterior es que llegará un momento en que habiendo el Gobierno de España dado todas las competencias que al mismo corresponden nada mas podrá dar en el futuro. Y entonces, ¿que? En un artículo publicado en este mismo periódico por quien esto escribe, en enero de 2020, al referirme a Cataluña y el País Vasco, decía lo siguiente: «El problema se agudizará cuando el proceso de desmantelamiento del Estado en tales comunidades finalice y hayamos dado a las mismas la totalidad de competencias posibles, y hasta las imposibles, y ya no haya más que entregar. En ese momento, ¿que hará el partido ganador de las elecciones generales para negociar con ellos posibles gobiernos? ¿Quizás entregarles territorios limítrofes? ¿Quizás darles parte de los escasos dineros que hayan quedado para otras comunidades? ¿Quizás reducir los impuestos estatales en sus territorios para que las grandes empresas lleven allí sus sedes sociales? ¿Quizás dar ayudas extraordinarias a las industrias que se instalen en tales comunidades?».

Bueno, eso que entonces era una simple elucubración es mas o menos lo que ya estamos viendo actualmente, pues ERC solicita, ni mas ni menos, su plena independencia fiscal, en primer lugar, y un referéndum de independencia total a continuación. Claro, que si lo primero es peligroso para la economía general del país, lo segundo es preferible ni imaginarlo. Y es que a tales efectos creo recordar que fue Felipe González quien al hablar sobre la posibilidad de realizar un referéndum de independencia para Cataluña decía: el problema no es el voto en Cataluña, donde es muy probable que llegado el momento sus ciudadanos diesen un rotundo «no» a la independencia, el problema es que en el resto de España, ante el cansancio de los españoles con el tema, votasen que «si», que se marchen de una vez y nos dejen tranquilos.

Claro, que si un día Cataluña o el País Vasco obtuviesen la independencia es seguro que muchos ciudadanos de esas comunidades que habían sido convencidos –cuando no engañados– de que su permanencia en la Unión Europea estaba asegurada y de los grandes beneficios que la independencia de su región les iba a proporcionar, al comprobar que no era así, se sorprenderían, y muy posiblemente algunos de ellos, de buena fe, pensarían, ¿por que los españoles no nos ayudan, con lo que nosotros les queremos?, sin darse cuenta de que no fuimos nosotros quienes les echamos, que fueron ellos quienes decidieron marcharse de España. Espero, sin embargo, que nunca lleguemos a esa situación y que, por siempre, todos, además de cántabros, catalanes, madrileños o vascos, sigamos siendo, por encima de todo, españoles. Lo sorprendente de todo este tema es que haya partidos que se autotitulan progresistas, y hasta comunistas, que están conformes con dar nuevas e importantes prebendas a estas comunidades y apoyen esa teoría de que como aportan más al Estado deben recibir también más de este. Y es que, planteadas así las cosas, podría llegar el día que tuviesen que dar respuesta a aquellos contribuyentes que les exigiesen que ellos, por pagar más por IRPF o por patrimonio, deben recibir más y mejores servicios que los que paguen menos, y que, por ello, deben tener mejor y prioritaria atención sanitaria, preferencia a la hora de elegir colegios para sus hijos, mejores residencias, etc, lo cual, en un estado social y democrático como es España es un disparate total. ¿O no? Pues eso, más o menos, aceptan algunos para Cataluña y que su costo, faltaría más, sea asumido por las comunidades que menos tienen.