Condiciones infrahumanas

Que haya en Huelva un 25 por ciento de paro y se produzcan al mismo tiempo situaciones como la indicada significa que algo no funciona: o los sueldos son insuficientes o las condiciones de trabajo son tan exigentes que los hace muy difícil o, simplemente, que hay otras vías de obtención de ingresos ajenas a las agrarias que hace innecesario a los posibles destinatarios locales realizar tales actividades.

Dando por hecho que el personal extranjero que al efecto se contrate goza de la documentación precisa para su estancia legal en España, y por tal la posibilidad de ser contratados para la realización de cualquier trabajo, ello no significa, sin embargo, que las pertinentes contrataciones puedan hacerse en inferioridad de condiciones de cualquier trabajador español y por ello que algunos extranjeros que habitualmente son contratados para tales labores, principalmente marroquíes, argelinos y subsaharianos, cobren por hora trabajada menos que los españoles –mucho más cuando éstos no quieran realizar tales trabajos– y, por ello, no debe consentirse, al igual que no nos gustaría a los españoles que cuando vamos a trabajar al extranjero nos discriminasen con relación a los naturales del país al que vamos a prestar nuestro trabajo y a contribuir al desarrollo de su economía y bienestar. Igual exigencia debe tenerse con las mujeres extranjeras que vengan a trabajar a nuestro país y a las que no debe consentir se las pague menos, a igual trabajo y rendimiento, que a los hombres.

Por otra parte, que se permita el hacinamiento en condiciones infrahumanas de toda esa población extranjera, sin condiciones higiénicas, ni agua, ni luz, etc, –tal y como en algunas ocasiones aparecen denuncias en los medios de comunicación– carece de toda lógica, no solo laboral sino también humanitaria, razón por la que las administraciones, junto a los empresarios afectados, debieran construir las instalaciones habitacionales precisas para el alojamiento digno de los mismos durante el tiempo que permanezcan en España desarrollando tales trabajos.

Y es que no hay razón alguna que justifique la explotación de algunos colectivos de extranjeros, ni mantenerlos en condiciones infrahumanas de vida, razón por la que tales situaciones deben vigilarse y, en su caso, corregirse de inmediato, por las autoridades laborales en primer lugar y, por supuesto, por las autonómicas y municipales, las cuales, por su proximidad, pueden tener un conocimiento más directo de situaciones como las comentadas. Es, por ello, como se exponía anteriormente, que el empresario que solicite y contrate extranjeros, o en su caso nacionales, que no tengan una residencia propia en la zona, deba contar, para realizar tal contrato, con las instalaciones adecuadas para albergar a los mismos.

No vayamos, en muchas ocasiones, lejos de nuestro país a resolver situaciones extremas cuando tan cerca de nosotros tenemos problemas tan graves como los indicados, pues en muchas ocasiones nos escandalizamos, y con razón, ante situaciones que conocemos a través de los medios de comunicación y que afectan a otros países y, sin embargo, cerramos los ojos ante problemas graves que tan cerca de nosotros se producen cotidianamente.

Otra cuestión es que al igual que las administraciones, con la participación activa de los empresarios afectados, deban adoptar las medidas que permitan vivir a tales trabajadores con la dignidad que como seres humanos les corresponde, el Gobierno de la Nación, junto al resto de países de la Unión Europea, debe adoptar las medidas necesarias para impedir que entren a España, como igualmente al resto de países de la Unión, productos agrícolas de esos países obtenidos sin las mismas medidas sanitarias y de control de todo tipo exigibles en los países de la Unión Europea, pues con ello se genera una competencia desleal que impide, en muchos casos, la producción agrícola, de forma rentable, en nuestro país.

Claro, que seguramente, es más fácil decir a otros lo que tienen que hacer, sean éstos los empresarios que tienen que contratar en un momento dado al personal necesario para recoger sus cosechas ante el riesgo cierto de que las mismas se puedan perder, o a las autoridades que tienen que adoptar las medidas pertinentes para que no se produzcan abusos de ningún tipo, pues los consejos son gratuitos y la ejecución de las pertinentes acciones bastante más difíciles.