El dinero público sí tiene dueño

Sin embargo, esa exigencia, que no se entendería no hiciéramos en nuestras actividades particulares, la dejamos a un lado cuando de dinero público se trata y así, un día si y otro también, podemos ver como se dilapida nuestro dinero sin que a sus gestores les pidamos ninguna responsabilidad. Es más, sin que ni tan siquiera nos preocupemos por saber quienes son los responsables de tales dispendios.

En Cantabria tenemos ejemplos significativos para dar y tomar y así podemos comprobarlo éstos días en que los afectados por los derribos de sus casas, compradas en su momento legalmente y de buena fe, y que al cabo de un tiempo les comunicaron que había que derruir, eso sí, después de haber pagado los correspondientes impuestos, y que después de muchos años, de muchas idas y venidas por las distintas administraciones, y de recibir buenas palabras pero escasos, por no decir nulos, resultados, se ven obligados a salir en manifestación a la calle para reivindicar sus derechos. Y es que, ¿quién va a pagar tales derribos?, ¿quién va a pagar las compensaciones a que hubiese lugar?, ¿cómo pueden valorarse los sufrimientos padecidos por tantas personas, algunas de ellas ya fallecidas, integrantes de las cientos de familias afectadas?, ¿cómo puede valorarse el mantener un bien tan básico como es tu propia vivienda sin poder venderla, ni hipotecarla, ni hacer nada de nada en ella, ante la amenaza de su próximo derribo? Desconozco si alguien ha hecho tales números y en tal caso si los responsables –claro, que para eso habría que determinar quiénes son esos responsables– serán conscientes del enorme daño económico que han hecho, en primer lugar a las familias afectadas, y en segundo lugar a quien tiene que pagar las indemnizaciones a que hubiere lugar, que mucho me temo seremos todos los ciudadanos de Cantabria y, por partida doble, los residentes en los ayuntamientos afectados.

Otro tema no menos recurrente en nuestra comunidad es la depuradora de Vuelta Ostrera. Según parece, el problema quedaría solucionado trasladándola unos trescientos metros desde su actual situación. Claro, que ello supondría invertir unos cuantos millones de euros en el derribo de la actual y en dejar el espacio que ocupa tal y como estaba antes de su construcción y levantar una nueva instalación en el terreno decidido al efecto –si antes logran ponerse de acuerdo las administraciones competentes, incluidos los correspondientes ayuntamientos en los que tal instalación puede construirse– todo lo cual, según parece, podría resolverse con algo más de cien millones de euros. Total, una miseria cuando se trabaja con el dinero que no es tuyo, pero que, lógicamente, tiene que dolernos, y mucho, a quienes tendremos que pagarlo, es decir, una vez más, los ciudadanos de Cantabria.

Hablar ahora de los espigones de La Magdalena es otro tema del que quien no esté muy al corriente de los cambios de opinión que sobre su interés para la ciudad representan los mismos es muy posible que, si ha permanecido un tiempo fuera de Santander, no sea capaz de seguir una conversación al respecto, ya que pudo quedase en el momento en el que se consideraban imprescindibles para el mantenimiento de la playa o, quizás, se marchó cuando se solicitaba se retirase el ya construido por innecesario y, en consecuencia, se pedía no se construyera el segundo previsto, y hasta comprobó cómo se retiraba el material ya acopiado para la construcción de éste, y, sin embargo, ahora oye nuevamente que se vuelve al punto de partida.

Lo anterior nos hace pensar que hay responsables políticos que parece que en vez de construir algo nuevo les gusta más derruir lo ya hecho, sin importarles, además, el coste económico de sus decisiones, quizás porque, como dijo la señora ministra, consideran que el dinero público no es de nadie. Pero no, el dinero público claro que tiene dueño; necesario es reiterarlo una vez más, somos nosotros, los ciudadanos, y por ello exigimos su correcta administración.