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En un reciente artículo publicado el pasado 17 de febrero exponía las dificultades que los ciudadanos encontramos a la hora de acceder a muchas de ... las oficinas de la Administración al exigirnos para ello una cita previa. El problema se agrava cuando al intentar obtener tal cita el vigilante de seguridad situado en la entrada del correspondiente centro administrativo te dice que debes hacerlo llamando por teléfono al número que figura en el cartelito que a tal efecto te muestra o solicitándolo por internet en la página que en el mismo viene especificada.
Bueno, hasta ahí mal, muy mal, porque el afectado no encuentra la razón de que no pueda acceder al interior de dichas oficinas donde un funcionario, en base a su problema concreto, le proporcione la correspondiente cita previa. Pero bueno, seguro que en cuanto llegue a casa –piensa el ingenuo ciudadano– llamo por teléfono y obtengo la imprescindible cita. Pero claro, la cosa no va a ser tan fácil como piensa, tal y como le aclara un amigo con el que se encuentra, el cual, al comentarle la cuestión, le dice que seguramente tal cita la puede obtener mejor por internet ya que muchas veces no resulta fácil contactar por teléfono con el correspondiente centro administrativo. Dado que él no se maneja bien con éstas nuevas tecnologías, aclara a su amigo, prefiere el uso del teléfono, cosa que hará, le dice, ya al día siguiente. Bien, ahí se quedó el asunto, y el disgusto inicial se fue mitigando una vez que en el bar donde entraron ambos amigos les sacaron la segunda ronda.
El problema, claro, se recrudeció cuando bien de mañana del día siguiente inició lo que él pensaba sería una simple llamada telefónica y aquello se convirtió en una sucesión interminable de intentos en los que unas veces el teléfono comunicaba y otras no respondía nadie. Por fin, cuando más desesperado estaba, oyó una amable voz con la que alguien, al otro lado del teléfono, se interesaba por la razón de su llamada.
Pero ese no era su día de suerte y una vez más se cumplió la ley de Murphy: «todo lo que puede salir mal, saldrá mal». Y así, después de explicar a su interlocutor cuál era la gestión que pretendía realizar en el centro administrativo al que había ido el día anterior, y al que, aclaró, no le habían dejado acceder, aquel, muy amablemente y con una gran paciencia –lo cual demuestra que estaba ya acostumbrado a oír quejas de los afectados– le explicó que para esa gestión no se daba cita previa y que la misma debía realizarla por internet. Al final, como de nada le sirvieron ni sus ruegos ni sus protestas para obtener la tan ansiada cita, no le quedó más remedio que colgar el teléfono y, ante su incapacidad para utilizar internet, recurrir a la Asesoría que en otras ocasiones había utilizado para resolver otras gestiones, más complejas, ante la Administración.
Ante situaciones como la planteada, sufridas cada vez por mas ciudadanos, cabe preguntarse: ¿es lógico que la Administración pública, que se debe a los ciudadanos, obligue a éstos a gestionar por sí mismos, vía internet, asuntos que antes de la pandemia del covid-19 hacían presencialmente en las propias dependencias de la Administración con la activa y eficaz participación del correspondiente funcionario, el cual, dada su formación y experiencia, resolvía las dudas y problemas que se pudieran plantear con rapidez y seguridad? No, no parece lógico ni admisible que se obligue a utilizar las nuevas herramientas tecnológicas a ciudadanos que por edad y formación no están capacitados para ello, pues muchos, mas allá del whatsApp y alguna cosa más, no tienen posibilidad de realizar por sí mismos tales gestiones, por simples y sencillas que sean, y si no tienen alguien que pueda hacerlas por él no les queda más remedio que recurrir a empresas especializadas que resuelvan sus problemas, con el consiguiente costo económico.
Confiemos que ahora que los partidos políticos están preparando sus programas electorales para las próximas elecciones incluyan en ellos eliminar las trabas que como la cita previa se impusieron con motivo de la pandemia, posibilitando con ello que quien así lo deseé, o no tenga capacidad para hacerlo por sí mismo vía internet, pueda gestionar de forma presencial, con el correspondiente funcionario, los asuntos que le afecten, tal y como hacía con anterioridad a la citada pandemia. Y nosotros, potenciales votantes, en vez de quejarnos analicemos lo que cada uno de ellos nos proponen y actuemos en consecuencia.
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