Jueces libres e independientes

En esa misma dirección, también indicaba que, aunque tales actos fuesen propios de regímenes populistas, cuando no directamente dictatoriales, nos encontrábamos en situaciones en las que gobiernos, autocalificados de liberales, coqueteaban con análoga tentación. Ante dichos flirteos abusivos, uno confiaba en que los tribunales, llegado el caso, pudiesen poner firme al ejecutivo de turno y no le permitiesen socavar la estabilidad de las leyes cuando éstas habían sido la base por la que los particulares habían tomado determinadas decisiones. Desgraciadamente, nuestro máximo órgano judicial, so pretexto del interés económico general, no dudó en bendecir cambios retroactivos del Gobierno del presidente Rajoy sobre el entonces incipiente sector fotovoltaico español, abocando a una crítica posición económica, cuando no a la ruina total, a miles de familias españolas.

Años más tarde, en septiembre de 2019, volví a denunciar el hecho de que se intentara justificar aquel atropello asegurando que las leyes no estaban escritas en piedra y que lo que por una ley se aprobaba por otra ley se modificaba. Pues faltaría más, decía entonces, claro que se pueden cambiar las normas con el paso del tiempo, pero, como sí reconocen con frecuencia en procesos menos enjundiosos los tribunales nacionales, todo ello sin olvidar que si dichos cambios provocaban perjuicios severos a los ciudadanos que se ampararon para la toma de sus decisiones en la legalidad sustituida, habrían de definirse mecanismos de compensación para mitigar su impacto en los ciudadanos afectados. Por supuesto, en el caso expuesto anteriormente, esto no sucedió y a las familias españolas perjudicadas no se las reconoció compensación alguna, como sí hicieron los países de nuestro entorno con sus propios ciudadanos.

De nuevo, en mayo de 2021, volví sobre el tema recordando el hecho singular de que mientras algunos magistrados, nada menos que del Tribunal Supremo, miraron para otro lado cuando el legislador atacó inmisericordemente a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que amparaba el Boletin Oficial del Estado a las familias que invirtieron en energía fotovoltaica en España, allende los mares tribunales arbitrales, auspiciados por el Banco Mundial, empezaron a reconocer, cuál martillo pilón, indemnizaciones millonarias a los inversores no españoles que participaron en los mismos proyectos que nuestros compatriotas, dejando así en triste evidencia no solo a nuestro Gobierno, sino, lo que es peor, a nuestros propios tribunales de justicia (ya que los españoles no podemos acudir a tales tribunales internacionales), con lo que el escarnio para los nacionales es total.

Pues bien, desde la misma libertad desde la que denunciaba aquel atropello, considero ahora fundamental e imprescindible denunciar la nueva realidad con la que convive la Justicia española en la actualidad. Un momento, grave e impensable no ha mucho, en el que estamos viendo cómo diversos jueces están siendo sistemáticamente atacados, insultados y descalificados por destacados miembros del poder político, actitud ante la que los ciudadanos no podemos, ni debemos, permanecer ajenos ni indiferentes. Y es que los ciudadanos podemos estar en desacuerdo con sus decisiones, ¡como no!, pero si queremos que los tribunales sean independientes, no podemos mirar para otro lado, como hicieron muchos otrora, y permitir que el insulto, el acoso y el derribo de los jueces esté a la orden día, pues el siguiente paso será, sin duda, que los españoles perdamos nuestra libertad. Es, por ello, imprescindible que el Poder Judicial se constituya de verdad como uno de los tres pilares básicos de nuestro sistema democrático, tal y como, por otra parte, viene exigiendo reiteradamente la Comisión Europea a todos sus Estados miembros, pues de no hacerlo así es algo que todos pagaremos muy caro a no muy largo plazo.

Es por ello que he querido mencionar en este artículo de opinión el dolor causado a un colectivo de españoles por la actitud de algunos jueces que no dudaron en 'echar una mano' al legislador de turno precisamente porque aquellos, al conocer lo injusto que pueden ser determinadas decisiones judiciales, consideran que solo desde una independencia judicial sólida y total esa delgada línea roja será posible evitarla. Es, a tal efecto, necesario e imprescindible seguir apoyando la independencia de los jueces, de todos los jueces, tarea que a todos nos incumbe, por un lado no mirando si beneficia o perjudica a los que parezcan más afines y, por otro, exigiendo a todos los poderes del Estado, y a todos los niveles a nuestro alcance, que sean ellos los primeros en hacerlo, pues, como la historia nos enseña, el día que no haya jueces libres e independientes tampoco habrá ciudadanos libres.