Sin marcha atrás

Hablar de la educación y del mangoneo que de la misma han hecho una vez obtenidas las competencias en tan importante y fundamental materia, obligando a los niños a hablar, hasta en el recreo, exclusivamente en su idioma local, y olvidando las sentencias de los tribunales de la obligación que tienen de impartir, al menos, el veinticinco por ciento de las materias en el idioma común de todos los españoles –además del mandato de la propia Constitución española que determina con toda claridad la obligación de conocerlo y el derecho a usarlo– es algo tan sangrante que carece de toda lógica y razón, además, y no menos importante, de privar a esos jóvenes de una herramienta tan importante para su futuro como es el conocimiento en profundidad de un idioma que hoy hablan en el mundo seiscientos millones de personas y que, por ello, es uno de los principales vehículos de comunicación, junto con el inglés, a nivel internacional.

No se trata aquí y ahora de hacer una relación de todas y cada una de las competencias que desde la aprobación de nuestra Constitución se ha ido haciendo a las distintas Comunidades Autónomas, y muy especialmente a Cataluña y al País Vasco, sino de ver como cada vez que se ha cedido por el Estado una competencia a las mismas inmediatamente solicitan la siguiente, además de aprovechar las ya obtenidas para ejercerlas sin importarles lo más mínimo el interés del resto de los españoles, salvo, eso si, que entre todos les paguemos el ejercicio de las mismas.

Toda actividad en la vida ordinaria, bien sea en la empresa o en nuestra vida individual, generalmente va acompañada del análisis de lo hecho para la consecución de un fin determinado y lo finalmente obtenido para, en virtud de los resultados, corregir lo que proceda y adoptar las nuevas medidas que precisen para la obtención del fin perseguido. Ese proceder parece que sería el camino lógico a seguir en la concreción de las funciones a desarrollar en nuestro país por el Estado a nivel central y por las diferentes Comunidades Autónomas, corrigiendo los defectos que en su aplicación se observasen en cada momento, incluido, claro es, la propia devolución al Estado si tal medida se considera necesaria o conveniente.

En la amplia experiencia descentralizadora realizada en España desde la aprobación de nuestra Constitución, ¿se ha hecho en algún momento el intento de recuperar para el Gobierno central alguna competencia cedida a las distintas Comunidades Autónomas?. Creo que no y, desde luego, motivos no han faltado para ello. ¿Lo veremos en el futuro?. Mucho me temo que no, y ello a pesar de que veamos, y padezcamos, que a día de hoy haya ya diecisiete sistemas educativos en España, o que cada vez la sanidad esté más compartimentada, por no citar las dificultades que las propias unidades judiciales tienen para disponer de la información precisa cuando la misma deben obtenerla de otras Comunidades con sistemas informáticos diferentes, ejemplos cuya importancia y trascendencia para la vida de los ciudadanos no precisan de más comentarios.

Y es que en la descentralización y continua cesión de competencias desde los órganos centrales de la Administración del Estado a los de las Comunidades Autónomas, y muy especialmente a Cataluña y País Vasco, se da un hecho análogo al que citaba en el inicio de estos comentarios: Es un sistema sin marcha atrás, ya que todo lo cedido es irrecuperable, sea o no positivo para el ciudadano y beneficioso o no para España, pues una vez metida la marcha ya solo cabe tirar para adelante.