Marginación del español

Para ello, en algunas, no dudan en crear buzones para que alumnos o profesores puedan denunciar a quienes usen el español en sus clases, lo cual representa, ni más ni menos, la anulación de facto de los derechos que como españoles les corresponde de usar la lengua española, pues tal y como establece la Constitución, que a todos nos ampara y obliga, todos tenemos el derecho a usarla y la obligación de conocerla.

Por otra parte, aconsejar, por no decir obligar, a los profesores, por parte de la Consejería de Educación de la Generalidad de Cataluña, que incumplan lo ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y posteriormente refrendado por el Tribunal Supremo, de que al menos el 25% de la enseñanza debe llevarse a cabo en lengua castellana –por qué no el 50%, como sería más lógico– es algo inconcebible en un Estado de Derecho, como se supone es España, pero más inconcebible es aún que tales comportamientos no tengan la adecuada respuesta, la cual debería ir acompañada, como es lógico, de las consecuencias administrativas y judiciales para quienes imparten tales órdenes y, por supuesto, también, para quienes las siguen aún a sabiendas de su ilegalidad.

Si lo anterior no fuese ya suficientemente grave aún vemos cómo algunas autoridades autonómicas están dispuestas a dar un paso más en su degradación, cuál es la de nombrar observadores –más bien habría que decir chivatos– que señalen a los niños que utilizan la lengua española en el recreo de sus centros educativos. ¿Pero qué clase de mensajes están enviando a esos niños a los que se les acostumbra desde pequeños a que tengan que disimular su propia lengua materna o a que sepan que obtendrán un premio si se chivan de sus compañeros porque éstos utilicen la lengua que hablan en sus casas y que ellos mismos también conocen?

¿Que diferencia hay entre éstos métodos y los seguidos por ETA en el País Vasco?. Ah, dirán, es que en Cataluña no se mata. Ya, pero se coharta total y absolutamente la libertad, que es otra forma de matar, menos violenta pero no por ello carente de importancia, pues una vez que perdemos nuestra libertad cada vez seremos más marionetas en manos de quienes nos gobiernan.

Este comportamiento, que hemos visto de forma reiterada en Cataluña, está siendo seguido ya por otras comunidades que cuentan con una lengua propia, además del español –que no olvidemos es tan propia de ellos como la local, aunque algunos quieran tratarla como si fuera una lengua extranjera– por lo que el problema puede llegar a alcanzar tal dimensión que es posible que un día sea imposible trabajar o estudiar en tales comunidades para los españoles que no pertenezcan a las mismas y, lo que es tan grave, sus propios residentes queden confinados en una lengua minoritaria cuando tienen la oportunidad de disfrutar, junta a ella, de una lengua universal como es el español.

Ante esta situación es claro, como ya he reiterado en múltiples ocasiones, que se precisa de un pacto de Estado en el que los dos principales partidos políticos de ámbito nacional se pongan de acuerdo y tracen un itinerario a seguir a largo plazo y den a la Alta Inspección Educativa la importancia que debe tener, la doten de los instrumentos y personal necesario para el ejercicio de sus funciones que la permita cumplir la responsabilidad para la que fue creada, pues para mantenerla en el estado actual de letargo es preferible suprimirla y decir: «haced lo que os de la gana». Bueno, en realidad eso es lo que se viene haciendo actualmente en algunas de nuestras comunidades autónomas.

Desgraciadamente, en vez de avanzar por ese camino de acuerdos de Estado entre el Partido Popular y el Partido Socialista acabamos de ver cómo en Cataluña el actual presidente de la Generalidad, por más señas secretario general de los Socialistas en dicha comunidad autónoma, ha asumido plenamente el ideario independentista de exclusión total del español en todos los niveles educativos, incluidos los extraescolares, para lo que ha creado una Consejería con el exclusivo cometido de gestionar la política lingüística en todos los niveles de su administración, haciendo del catalán, como dijo Illa, «la columna vertebral de la nación catalana».