Privilegios injustificados

Así, los diputados del País Vasco deciden en el Congreso de los Diputados sobre temas que incidiendo sobre el resto de los españoles a ellos no les afectan por tener totalmente transferidas las competencias de las mismas y por ello pueden decidir de forma autónoma, en su cámara legislativa, lo que les interese. Tal sucede, por ejemplo, a la hora de aprobar algunos temas tan sensibles como son los impositivos.

Experiencia de interferencias de algunos partidos nacionalistas vascos sobre nuestra región tenemos los cántabros para dar y tomar, pues numerosas han sido las ocasiones que han intervenido, de forma más o menos soterrada, para frenar proyectos que eran importantes para Cantabria y que los gobiernos españoles –que en ese momento necesitaban de ellos en el Parlamento nacional para completar su mayoría parlamentaria– cedieron a sus exigencias en perjuicio de nuestra región. Valga como ejemplo el caso del ferrocarril Santander Mediterraneo, política ya denunciada hace muchos años por el periodista Pick, según expuso magistralmente el presidente del Ateneo, Miguel Ángel Castañeda, en la conferencia pronunciada en la institución que preside sobre dicho personaje –más conocido, sin embargo, a nivel popular, como 'el botas', por el calzado que luce en la estatua erigida en su honor en la curva de la Magdalena, que por su importante labor periodística– y reiterada sistemáticamente de forma más reciente entre otros por quien esto escribe, por no citar la autopista dos Mares, que hubiera unido directamente nuestra región y el puerto de Santander con La Rioja, Aragón y el Mediterráneo, o el súperpuerto realizado en Bilbao, el cual por sus dimensiones y las comunicaciones por carretera y ferrocarril del que está dotado en contraposición a quien como al nuestro se le ponen toda clase de trabas para su desarrollo y comunicación con su área natural de desarrollo.

Lo curioso del caso es que las competencias actuales del País Vasco le vienen dadas por el reconocimiento que de unos pretendidos derechos históricos hace nuestra Constitución, unos derechos medievales carentes de todo sentido en el siglo XXI, pues lo lógico es que los derechos y obligaciones de todas las comunidades autónomas sean las mismas y que aquellas que por las ventajas que en su día gozaron –consecuencia del proteccionismo que disfrutaron, entre otros, de la dictadura franquista y gobiernos anteriores– y por ello ahora son más ricas, contribuyan al desarrollo de las demás, tal y como a nivel individual hacemos cada uno de los ciudadanos al contribuir quien más tiene con sus impuestos a mejorar las condiciones de quienes menos tienen; pues recibir más, como algunas comunidades pretenden, porque aportan más a la riqueza nacional –aunque tal pretensión la disfracen bajo el eufemismo de la ordinalidad– es como si el ciudadano que más aporta en su declaración de la renta tuviera preferencia en el médico o derecho de elección de hospital o colegio por delante de los que paguen menos renta.

Sería por ello lógico modificar nuestra Constitución, pero claro, para igualar en derechos y obligaciones a todas las comunidades autónomas y no, como pretende ahora Cataluña, para dar más competencias y derechos a quienes más tienen. De todas formas al País Vasco no debería importarle la modificación de la Constitución (léase lo anterior en plan irónico), pues al fin y al cabo el PNV se abstuvo a la hora de aprobar la misma por considerar que esa no era su Constitución, razón por la que, en buena lógica, debería nuevamente abstenerse a la hora de su modificación (sigue la ironía) y ello con independencia de que posteriormente el nuevo texto le gustase más o menos y, consecuente con ello, lo apoyase o lo rechazase.

Y es que no es aceptable que comunidades que gozando de total autonomía para decidir en exclusiva lo que solo a ellos afecta puedan también influir y decidir lo que pueden o no pueden hacer el resto de comunidades sobre esas mismas materias, mucho más si como desgraciadamente ocurre en España los dos grandes partidos de ámbito nacional no son capaces de ponerse de acuerdo para decidir conjuntamente las grandes cuestiones de Estado, quedando por ello a merced de los pequeños partidos nacionalistas que, como el PNV o los partidos catalanistas, se aprovechan de tal circunstancia para barrer sistemáticamente para ellos.