Reservado el derecho de admisión

Y, sin embargo, desde hace tres años tal cartel existe en muchos locales de nuestras administraciones públicas y si bien el mismo no está rotulado con ese contenido literal su finalidad es la misma, al poner eso ya tan popular de 'prohibido el acceso sin cita previa'. Esta limitación, impuesta por la pandemia de coronavirus declarada hace tres años, se sigue manteniendo en muchos centros administrativos, desconocemos en base a qué y por qué, cuando los riesgos de tal pandemia ya no existen y todo ha vuelto a la normalidad, más allá de las medidas de autoprotección que cada uno de nosotros queramos adoptar y de las exigidas en centros de especial riesgo como pueden ser los hospitales o residencias de mayores.

Ante el mantenimiento de tales medidas limitativas de los derechos de los ciudadanos la pregunta que surge, y que ya está en boca de muchos, es: ¿son legales estas prohibiciones?. Desde luego lógicas ya hemos visto que no, pero, ¿legales? Expertos en la materia hay que opinan que no, que no es constitucional el mantenimiento de unas medidas que impiden al ciudadano ejercer directamente su derecho a realizar los trámites administrativos que precise, o que estime conveniente consultar. Yo no soy docto en la materia, pero, como ciudadano libre y potencial usuario, creo que continuar con unas prácticas iniciadas por exigencias sanitarias derivadas de una pandemia cuando la situación generada por ésta se ha normalizado es un abuso que los ciudadanos no debiéramos consentir.

A tal efecto, lo que sí pienso es que si yo, como funcionario, fuese responsable administrativo de una de tales unidades en las que se ha implantado el cierre de las mismas y los jefes políticos de los que dependiese me obligasen a mantener el mismo en las condiciones actuales les exigiría que tal orden me la diesen por escrito y de forma clara y tajante. ¿Por qué? Pues porque es posible que alguno de esos responsables se encuentre un día con una demanda a título personal ante los tribunales –y digo a título personal, no al del cargo que desempeñe– por el que le exijan responsabilidades por los perjuicios causados a un ciudadano al que impidió acceder a un local de la administración pública, en horario en el que debe estar abierto al público, achacándole, repito, a título personal, tal decisión como responsable que era de esa Unidad, al impedir que el ciudadano en cuestión pudiera ejercer sus derechos ante tal administración.

Así, por poner un ejemplo que a muchos afecta, raro es el día que los medios de comunicación nacionales no hacen referencia a los perjuicios que el cierre de las oficinas de la Seguridad Social está causando a los ciudadanos, que somos muchos, que a ella precisamos acudir y que nos vemos impedidos de hacerlo si antes no obtenemos la correspondiente cita previa, cita que no es fácil, ni mucho menos, de obtener, lo que está dando lugar, según parece, a diversos trapicheos con las mismas. Un organismo, la Seguridad Social, al que en varias ocasiones me he referido en este mismo medio por la calidad, al menos en las oficinas de nuestra ciudad, de los servicios y atención prestada a todos los usuarios antes de la pandemia y que ahora permanece cerrado para quien no lleve tal cita previa. ¿Por qué ha llegado a esto? ¿Es lógica tal situación? ¿Quien lo ha decidido? A tal efecto quisiera hacer mención a un artículo publicado en este mismo periódico, en mayo del pasado año, en el que hacía referencia al movimiento popular liderado por un médico jubilado que bajo el lema 'somos mayores, no idiotas' hizo que tanto las altas direcciones de los bancos, a los que iba dirigida tal protesta, como el Gobierno de España, tomaran cartas en el asunto y adoptaran medidas correctoras en línea con lo solicitado por los manifestantes. ¿Será preciso hacer algo semejante ante la actitud de nuestras administraciones? No sería deseable, pero quizás llegue un día que sea imprescindible. Espero que, antes, quien corresponda adopte las medidas que lo haga innecesario y todo vuelva a la normalidad.