Sedes institucionales

El legislativo, gracias a la decisión adoptada a la entrada en vigor de nuestra Autonomía de destinar el antiguo Hospital de San Rafael como sede del mismo –para lo que obtuvimos del Gobierno de España la no despreciable cantidad de quinientos millones de pesetas, en cuatro anualidades de 125 millones cada una de ellas– permitió que nuestro Parlamento pueda contar con un edificio independiente y representativo en el que los diputados que representan a toda nuestra región pueden desempeñar su labor con comodidad. Un edificio, además, fácilmente identificable que goza, por ello, de la visibilidad que su importante función exige. Una operación, por último, que permitió rehabilitar y, con ello, conservar un edificio que con anterioridad había cumplido una importante función en nuestra ciudad y que merecía ser preservado como una parte de nuestra reciente historia.

Para la presidencia de Cantabria se pensó en un edificio situado en la calle Castelar de nuestra ciudad, con cuyos propietarios se llegó a alcanzar un principio de acuerdo, y para cuya adquisición y obras de adecuación se negociaron 750 millones de pesetas con el Gobierno de España. Ello permitía llevar a ese edificio no solo la Presidencia del Gobierno sino también la Consejería de Presidencia, además de un área privada para el presidente en el ático del mismo. Para ello, los servicios de arquitectura de la entonces Diputación Provincial elaboraron diversos planos de cómo podían quedar tales dependencias administrativas. La operación anterior permitía dejar el antiguo edificio de la Diputación para sede de la Consejería de Economía y Hacienda, mientras que el resto de consejerías se pensaron ubicar en el edificio de la calle Vargas, el hoy llamado de los ministerios, a la sazón totalmente vacío y que había sido construido para albergar los sindicatos verticales existentes en la dictadura franquista y para entonces ya desmantelados. Todo lo anterior no fue posible por los problemas habidos en la puesta en marcha de nuestra Autonomía, ya que quienes se encargaron de la gobernación de las nacientes instituciones regionales adoptaron otras decisiones, lo que supuso abandonar la idea de adquirir el edificio anteriormente indicado y que el de la calle Vargas fuese destinado por el Gobierno de España a albergar en exclusiva dependencias de la Administración del Estado.

En relación al poder judicial las decisiones sobre la posible ubicación de sus diversos órganos no se adoptaron hasta años después del inicio de nuestra Autonomía, concretamente en el primer gobierno de Aznar en el que la entonces Ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, prestó una ayuda esencial a nuestra Comunidad al facilitar la construcción de nuevas sedes judiciales en Partidos Judiciales que hasta ese momento estaban ubicados en locales totalmente inapropiados para su función, como Reinosa, San Vicente de la Barquera, Solares y Castro Urdiales, además de rehabilitar otros edificios como los de Torrelavega, Santoña, Laredo y Santander, ciudad ésta en la que además de rehabilitar el antiguo edificio de la Audiencia Provincial, a la sazón vacío por amenazar ruina, se amplió el edificio judicial situado junto a las Salesas. Todo ello respondía a un plan por el que éste último edificio quedaría destinado a ubicar todos los juzgados unipersonales mientras que el de la antigua Audiencia Provincial volvería a ser sede de esta dependencia judicial. ¿Y el Tribunal Superior de Justicia? Pues para este importante órgano, como culminación que es del sistema judicial a nivel autonómico, se pensó en el antiguo convento de las Clarisas, en el que hasta ese momento había estado instalada la fábrica de Tabacalera, para lo que se hizo su transferencia desde Patrimonio del Estado al Gobierno de Cantabria, luego de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Santander. Ello permitiría situar a este importante tribunal en un edificio representativo e independiente del resto de órganos judiciales, frente por frente del Parlamento, al que podrían también trasladarse las dependencias de carácter administrativo, tales como el Registro Civil, así como la Fiscalía General.

A día de hoy, salvo nuestro Parlamento, que dispone de un edificio propio y representativo de su importante función, la Presidencia del Gobierno y el Tribunal Superior de Justicia aún no han encontrado una sede propia e independiente. Confiemos que tanto para uno como para el otro pronto haya sendos edificios que permitan su digna ubicación y fácil visibilidad e identificación.