Alineación improbable

Si dividimos millones entre años, nos salen 23.333 millones anuales. Teniendo en cuenta que el PIB español (valor de los bienes y servicios producidos por la economía) es de 1 billón y 244.000 millones, resulta que esta cifra de inversión sería sólo un 1,87% del PIB, muy lejos del anhelado 6%, que representa 74.640 millones. Y como esto es el triple de lo habitual en nuestro país, no sabe uno si la previsión es para tirar fuegos artificiales o para tirarla a fuegos naturales. ¿De dónde saldrán cada año los 53.307 millones que faltan, si la Hacienda está agonizante por la crisis? Esto no se nos ha explicado.

Pero regionalicemos. Como el PIB de Cantabria en 2019 fue de 14.288 millones de euros, un 6% serían algo más de 857 millones. Esto habría que invertir cada año, durante el resto de la presente legislatura. Atención: inversión puramente pública. Aparte, se computaría la inversión privada animada o inducida por este esfuerzo.

Ahora bien, en una asignación proporcional a nuestro peso económico en la nación (somos el 1,1%), de tales fondos europeos vendrían hipotéticamente 257 millones al año. «Sólo» quedaría recabar de fondos propios los 600 que restan. Y no es nada fácil. Si leemos el informe de la actividad económico-financiera de las administraciones públicas en este siglo, veremos que la autonomía suele mantenerse en realidad entre 150 y 180 millones en inversión; que la Universidad de Cantabria anda por los 22 millones; y que los entes locales rondan los 75 millones, dependiendo si es año de vacas gordas preelectorales o flacas postvotacionales.

Es decir que lo normal es que las entidades cántabras sumen, como mucho, unos 245 o 275 millones anuales, y no con regularidad suiza. Dejémoslo en medio: 260 millones. Faltarían, pues, unos 340 millones anuales del Gobierno central para, junto con los hipotéticos fondos europeos, alcanzar el propuesto listón del 6% del PIB en inversiones. Mas el Estado no suele situarse en semejantes guarismos. Sería un gran motivo de regocijo, pero resulta inverosímil.

Notará usted los cinco planetas que se tienen que alinear para que se cumpla lo que se nos ha indicado. Primer planeta: que no menos del 1,1% de los fondos europeos para España vengan a proyectos públicos cántabros. Segundo: que el Gobierno central, además, ponga de lo propio cerca de 200 millones anuales en inversión. Tercero y cuarto: que entre la comunidad autónoma y los ayuntamientos no bajen de 400 millones conjuntamente en cada ejercicio, o si lo hacen sea porque el Gobierno central sube la cantidad correspondiente (entre los tres han de sumar los 600 millones anuales para cumplir el objetivo). Y quinto, que la inversión universitaria no decaiga.

Quitando este último planeta, sobre las posiciones y velocidades orbitales de los otros cuatro siente uno en este momento tal escepticismo, que cabría en las simas de Cueto-Coventosa. Pues para invertir se precisan algunas condiciones. En primer lugar, desde luego, el dinero, que en estas cuantías no está hoy, ni mucho menos, asegurado. En segundo lugar, la capacidad técnica y administrativa para mover los proyectos y realizarlos. Es de temer que las discretas cifras de ejecución de inversión pública de los últimos años se deban no solo a falta de gestión política, sino también a frenos estructurales de la propia burocracia. La capacidad de papeleo es limitada y limitante.

Y si ya no podemos con las cifras normales, ¿cómo vamos a poder con las triplicadas? Tendría que haber una especie de Comisariado de la Recuperación, que además articulase todas las acciones posibles a través de los mecanismos más ágiles: las empresas públicas y los modelos mixtos de asociación entre lo público y lo privado. Todo lo que sea ir al procedimiento común es meterse imprudentemente en un atasco presupuestario, si llegara el dinero, o en un fraude a una sociedad sufriente, si no lo hiciera. Es cierto que proyectos de mayor cuantía en infraestructuras consumen muchos fondos, pero no menos cierto es que tales proyectos son lentos y tropezadores. El periódico de hace unos días era un poema: los retrasos son tan grandes, que los proyectos (por los que se pagaron cantidades respetables) quedan desfasados y hay que empezar a redactarlos de nuevo, como en el saneamiento del Asón o en la autovía Aguilar-Burgos. Es lacerante para el contribuyente. El 'Estado fallido' empieza como 'Estado fallón'.

Así pues, no vamos a «alinear el país a las ratios de los países más avanzados de la OCDE». La mencionada alineación es tan probable como que el Racing salga al campo con cinco porteros. Pero hay aproximaciones planetarias más perseguibles: recibir 1.600 millones de Europa, de los cuales 800 en esta legislatura; 600 en inversiones del Estado en el mismo periodo, y que la autonomía, sobre todo, y los municipios, hasta donde puedan (los ahorros de sus superávits pasados se estiman en 450 millones), al menos lo igualen. Esto podría ser suficiente si hay por otra parte habilidad para atraer inversión empresarial a Cantabria. No podemos seguir aburriendo a las ovejas del emprendimiento con nuestros pastores administrativos.

Y es fundamental que se cumpla lo que se escribe en el presupuesto. Las inversiones anunciadas pero inejecutadas en la anterior legislatura autonómica sumaron 152 millones. Es como si se hubiera tirado a la papelera la inversión regional de un año entero. De ahí la importancia de los instrumentos de ejecución, única esperanza de que se haga lo que se dice que se hará.