Alquiler inasequible

El primer fenómeno es el auge del alquiler turístico, tanto para periodos vacacionales como para fines de semana. A medida que Cantabria extiende sus capacidades como imán de ocio y cultura, su calidad de vida atrae a un número de personas mayor. Y como la política de la región es intensificar esa vertiente de su economía (con nuevos museos, eventos y actividades), esta tendencia no hará sino crecer en los próximos años. Los precios por estancias turísticas son superiores a los alquileres por temporadas largas, así que el incentivo para el uso turístico es claro, además de que existe la creencia, fundada o no, de que el inquilino fugaz reduce problemas como impagos o reclamaciones.

Un segundo fenómeno es que, tras la recesión de 2008-2013, la evolución de los salarios y de las condiciones de los préstamos bancarios (la primera por el bajón de las empresas, la segunda por las exigencias de lucha contra la morosidad) hace inviable para muchas personas y familias jóvenes lo que antes era una práctica habitual: la compra de vivienda mediante hipoteca. Este endurecimiento en el acceso a la propiedad obliga a todo ese colectivo a acudir al mercado del alquiler, justo cuando este se está restringiendo.

Y el tercer fenómeno es la poca eficacia histórica de las administraciones en esta cuestión. La combinación de promoción turística, falta de ayudas a la compra y escasez de suelo por la lentitud en las ordenaciones urbanísticas y en los planes de rehabilitación supone un cóctel muy perjudicial para los hogares con ingresos bajos o medios. Aunque el Parlamento regional ha aprobado una ley del Suelo una de cuyas aspiraciones es la reducción de los plazos de tramitación, su implementación es todavía una incógnita. Numerosos planes urbanos están sin renovar, como en Santander, Torrelavega y Piélagos. En la ciudad del Besaya se acaba de paralizar el importantísimo Plan Parcial El Valle que prevé casi un millar de viviendas. Los constructores cántabros han denunciado hace unos días la lentitud en la tramitación de licencias y aseguran que agilizar el papeleo podría reducir hasta un 3% el coste de una vivienda. Es decir, las administraciones, esencialmente locales y autonómica, deben preguntarse si su respuesta en suelo, ayudas y tramitación está a la altura de la necesidad social, y si tiene justificación la actual restricción burocrática de la oferta.

Por último, tanto en rehabilitación como en obra nueva es cada vez más necesario explorar la colaboración público-privada en la oferta de viviendas de alquiler social o asequible. Las administraciones necesitan a los profesionales del sector como socios estratégicos para una financiación y gestión de largo plazo, con las instituciones en tareas de control y supervisión, como en tantos otros servicios públicos. La alternativa la estamos viendo: desatención de una necesidad tan básica como la vivienda. Si se liberasen ingresos familiares hoy destinados a alquileres altos, habría más capacidad de consumo de otros bienes y servicios, lo que redundaría en beneficio del comercio y los servicios de proximidad. Con el trabajo, la salud y la seguridad personal, la vivienda es uno de los asuntos de obligada prioridad para los gobernantes. Se necesitan soluciones pragmáticas y coordinadas en una estrategia integral, de acuerdo con el modelo de región que queremos.